La España Libre

El Llevant UE celebró este viernes en su estadio un pequeño festejo y reconocimiento a cuenta de su título de campeón de Copa de 1937, que la Federación Española de Fútbol ha tenido a bien reconocer casi 86 años después de su celebración. El acto, más bien soso y gris, acompañado de un partido en esa misma línea acabado con un insulso empate al uso de lo que está siendo una temporada de un equipo al que le falta agresividad y ambición, como bien explica desde los primeros compases de la temporada en estas páginas Felip Bens, permitió al menos al capitán Vicent Iborra, acompañado de familiares de los campeones de entonces, levantar un trofeo recuperado de entre cajas y baúles por aficionados entregados y que ha acabado entrando en el palmarés del club, también, más por la lucha de parte de la afición del equipo , con Emilio Nadal a la cabeza, que por el trabajo de sus directivas o de las instituciones valencianas.

De hecho, el reconocimiento de la validez oficial del trofeo, que ha permitido el primer festejo en décadas de un título originado en la España republicana, explica y simboliza muy bien la compleja, por no decir lamentable, relación de nuestras elites e instituciones con los legados franquista y republicano. Dado que la legitimidad de casi todos los poderes, por no hablar ya de la de las fortunas, tienen su origen en el primero, nos hemos garantizado con “la democracia que nos dimos entre todos” un tránsito ordenado desde aquél a nuestro presente que conserve todos los títulos, haberes, bienes y órdenes de cosas generados desde la legalidad instaurada definitivamente en 1939, mientras que lo que trae causa de tiempos republicanos, como mucho, se podía tolerar a cambio de que no molestara mucho. ¡Y a veces ni eso, porque ya se nos dirá lo que molestaba reconocer el título de Copa, llamada “de la España Libre”, ganado por el Llevant UE en plena Guerra Civil.

Es significativo hasta qué punto ha tenido que ser iniciativa de aficionados de a pie la que ha mantenido el recuerdo del título y protagonizado la lucha por su reconocimiento. Incluso hace tan poco como dos años atrás, el presidente de la entidad, Quico Catalán, con motivo del hecho de que el equipo disputaba unas semifinales de Copa, se pasó varias semanas repitiendo a todos los medios de comunicación lo histórico del logro, por cuanto nunca se había llegado tan lejos en la competición, afirmaba. En lugar de aprovechar el protagonismo deportivo del club para reforzar la reivindicación del campeonato de 1937, se incidía en que en realidad era ahora la primera vez que se llegaba tan lejos en la competición. Muy curioso… y muy significativo.

Pero otro tanto puede decirse de las instituciones valencianas, que han estado sorprendentemente de perfil en todo este proceso. Ni la Generalitat valenciana ni el Ajuntament de València han reivindicado este título más que al final del proceso, cuando ya la afición había hecho gran parte de la presión pública, y sólo tras haber pasado cuarenta años desde la muerte de Franco. Amén de que tampoco es que hayan sido agresivos en exceso con el tema ni siquiera al final del proceso. Mención especial merece el actual Gobierno de España, autodenominado como el más progresista de la historia e impulsor de una reciente ley de memoria histórica que se pretende ambiciosa, que hace unas semanas daba orden a los diputados de los grupos que lo sostenían de votar contra el reconocimiento oficial de los títulos deportivos republicanos, no se fuera a molestar alguien. Sólo la labor, a principios de siglo, de personas de Izquierda Unida y, en los últimos años, de miembros de Compromís ha sido consistente y coherente en la reclamación del reconocimiento oficial por parte de la España democrática de los campeonatos conseguidos en la España republicana.

De modo quizás un tanto sorprendente, pero también hermoso, ha ayudado más a convencer a la Federación Española de Fútbol de la conveniencia y justicia de reconocer la oficialidad de la Copa de la España Libre el Sevilla FC, ganador del primer título en época franquista (la Copa de 1939), que cualquier partido político progresista español. Porque los mayores recelos de la Federación y de equipos rivales para dar el paso venían del hecho de que no participaran, por motivo de la guerra, equipos de la mitad de España en la competición que finalmente ganó el Llevant UE en 1937. Como el título ganado por el Sevilla en 1939 adolecía de ese mismo problema (aunque, dado que la legitimidad franquista nunca se puso en duda, por supuesto la oficialidad de esa competición nadie la cuestionó), por cuanto tampoco en ese caso equipos de partes de España, la todavía republicana en los inicios del último año de guerra, la habían podido jugar, ha sido muy valioso el hecho de que el Sevilla haya apoyado la reivindicación del Llevant e incluso aportado actas y documentos del momento que permitían comprobar cómo en esos años se sintieron y consideraron como oficiales ambos campeonatos tanto entre aficionados y medios de comunicación como en las asociaciones y federaciones deportivas del momento. 

Al Sevilla nada le iba ni le venía en esta cuestión, por cuanto su título de Copa de 1939 incluso puede considerarse que tiene “más valor” si hay menos equipos que hayan ganado nunca la competición, pero ha colaborado desinteresadamente para reparar esta injusticia histórica y poner en valor que la España republicana de esos años ha de ser también parte de nuestra historia, no sólo de la vivida y recordada por todos, sino también de la institucional y oficial. Es algo que pone a ese club de fútbol muy por encima de otros muchos actores en esta historia. Y son esos pequeños papeles en la recuperación de la dignidad de los vencidos en la Guerra Civil los que no se olvidan y hacen de verdad grande a una entidad. Enhorabuena, pues, también, al Sevilla FC.

Este episodio, indudablemente feliz, permite comprobar cómo, aunque sea poco a poco, y más con el impulso desde fuera que desde dentro de las instituciones, estamos logrando superar una de las mayores anomalías de la transición a la democracia vivida en España tras la muerte de Francisco Franco: el hecho de que la legalidad republicana haya sido sistemáticamente obviada y siempre preterida frente a la franquista. Ello ha tenido y tiene todavía repercusiones en múltiples manifestaciones, muchas de ellas de tipo privado (la de filiaciones o herencias que fueron de manera muy cuestionable en beneficio de quienes podían aprovecharse de esta situación sólo lo saben quienes lo padecieron), pero también respecto de algunas que van más allá del ámbito estrictamente patrimonial o familiar.

Por ejemplo, cuando nuestro Tribunal Constitucional se niega a reconocer algo tan básico como que la condena a muerte del poeta oriolano Miguel Hernández fue una aberración jurídica y debería anularse a la vista de cómo es ahora nuestro ordenamiento constitucional, alegando que la Constitución española, deudora de la legalidad franquista, no permite por ello revisar situaciones juzgadas correctamente en su día por los tribunales franquistas, “sin que hubiera ninguna violación de derechos fundamentales”, está declinando exactamente ese mismo catecismo. Y se trata de una barbaridad de enorme calibre, también jurídica, aunque haya reparaciones por otras vías, económicas o simbólicas, que se hayan previsto en democracia. Porque lo cortés no quita lo valiente. Y es vergonzoso que se afirme por nuestro más alto tribunal que esa condena es plenamente legal y no supuso violación de derechos fundamentales. De hecho, la decisión, por mucho que se pretendiera inobjetable técnicamente, probablemente hoy ya avergüenza a quienes la dictaron, y es de esperar que en la actualidad sería bien diferente. O eso quiere uno pensar.

Estos rastros de franquismo jurídico institucional al que se reconoce vigencia todavía hoy como si tal cosa se detectan también, incluso, respecto de situaciones que afectan a la generalidad de los ciudadanos o, por ejemplo, a todos los valencianos de forma directa: el Tribunal Constitucional ha reiterado en varias ocasiones que la recuperación del Derecho civil valenciano, que entiende fue derogado “por justo derecho de conquista” en 1707, no es posible dentro del marco constitucional actual porque esa derogación ha de primar frente a la voluntad democrática reiteradamente expresada por los valencianos y así plasmada en nuestro Estatut d’Autonomia, y sobre la que han insistido en no pocas ocasiones les Corts, de recuperación de esas instituciones, alegando que el franquismo no quiso recuperar el derecho civil valenciano y codificarlo, a diferencia de otros, y que justamente ahí radica la clave jurídica a partir de la cual reconocer o no en la actualidad, en democracia, su constitucionalidad. Es decir, que se reconoce como si tal cosa que el derecho a tener derecho civil en la actualidad y en democracia no depende de la voluntad democráticamente expresada por los ciudadanos de esas regiones, sino de si el franquismo consideró que esas provincias, según fueran más o menos “traidoras”, lo merecían o no.  Y que, se nos explica por lo supuestos técnicos y expertos “neutrales”, eso exactamente es lo que quiere y expresa la Constitución, porque de ahí viene su legitimidad y eso no se puede cuestionar. En esas estamos, por increíble que parezca, todavía a estas alturas.

De manera que pasos como el reconocimiento de un título como el de la Copa de 1937 son no sólo motivo de felicidad para el levantinismo y, sobre todo, un acto debido de justicia sino, también, un ejemplo de que luchando desde abajo y con paciencia se pueden ir eliminando algunos de estos lastres institucionales y jurídicos aberrantes con los que la España de hoy sigue conviviendo y que hacen pasar por legítimas, con derecho a condicionar todavía nuestras vidas en la actualidad, decisiones adoptadas por el franquismo sin más legitimidad que el “justo derecho de haber ganado la guerra”. Al menos ahora, aunque sea sólo en materia de fútbol, la España Libre de la República también cuenta ya un poquito más en lo que es el orden social de nuestros días. Esperemos que veamos en breve otros muchos ejemplos. ¡Salud y España Libre!