Dos funcionarias dicen que la adjudicación de la campaña se hizo acorde la legislación vigente
La exdirectora de Consumo Etelvina Andreu niega haber intermediado con Crespo Gomar
26/06/2018 -
VALÈNCIA. (EP). La ex directora general de Consumo Etelvina Andreu ha negado este martes ante la juez haber intermediado a favor de la empresa de comunicación Crespo Gomar --que se encuentra en el eje de la investigación por la presunta financiación irregular del PSOE valenciano (PSPV)-- para que fuese la adjudicataria de una campaña de publicidad en 2008 por el importe de 184.138 euros.
La titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, Carmen Huerta, ha citado a declarar a esta responsable de Sanidad cuando Bernat Soria era ministro como investigada por los presuntos delitos de prevaricación y/o malversación de fondos públicos. Según han informado fuentes jurídicas, Andreu sólo ha contestado a las preguntas de su defensa, de la Fiscalía y de la juez.
Durante el interrogatorio Etelvina Andreu ha reconocido que conocía a Alberto Gomar, hijo del ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandia (Valencia) y gerente de la agencia de comunicación, aunque ha destacado que no sabía que era el responsable de dicha empresa. En esta línea, ha defendido que ella no podía haber intervenido durante la contratación para que Crespo Gomar resultase la adjudicataria de la campaña de publicidad que promovía el consumo responsable.
Se da la circunstancia de que Crespo Gomar fue la empresa de comunicación que organizó la campaña electoral de 2007 para el PSPV, comicios en los que Etelvina Andreu era candidata a la Alcaldía de Alicante. Por otro lado, en un auto de la juez de Valencia que comenzó a investigar a los socialistas valencianos y a Bloc --partido mayoritario en Compromís-- por una presunta financiación ilegal señalaba que presuntamente este contrato se hizo a través de la que fuera directora general de Consumo durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.
Otros investigados
La juez de los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid también ha citado a declarar como investigados este martes a la subsecretaria de Sanidad y Consumo en la fecha de la adjudicación, Consuelo Sánchez Naranjo, y a otras dos funcionarias que formaron parte de la Mesa de Contratación. Con respecto a estas dos últimas, las fuentes consultadas han indicado que se han desvinculado de cualquier irregularidad en la adjudicación asegurando que todo se hizo respetando la ley vigente en 2008.
Las actividades de la empresa Crespo Gomar están siendo investigada por otros juzgados de Madrid y de Valencia. Por un lado, el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid está investigado la adjudicación realizada por el Ministerio de Vivienda para el Plan 2009-2012 de este departamento por el importe de 126.208 euros, causa en la que tendrá que declarar Alberto Gomar como investigado.
Los juzgados madrileños han comenzado estas investigaciones después Juzgado número 21 de Valencia --que inició la investigación contra el PSPV-- se inhibiese a su favor al considerar que estas adjudicaciones ministeriales con Crespo Gomar podían ser constitutivo de delito. También remitió la causa a los juzgados de Benidorm y Gandia.
La investigación comenzó en Valencia en 2016
El juzgado valenciano comenzó en diciembre de 2016 a investigar por prevaricación, malversación y un delito electoral a los socialistas valencianos y a Bloc tras recibir un informe de la Policía Nacional que apuntaba que la empresa facturó servicios al PSPV de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas, fundamentalmente constructoras, mediante una presunta falsificación de facturas.
Tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, este órgano judicial se declaró "no competente" para proseguir con la instrucción por lo que envió el caso a los juzgados antes mencionados, descartando el delito electoral por posible prescripción.
Las declaraciones sobre la adjudicación pública del Ministerio de Sanidad continúan este jueves y el próximo lunes, día 2 de julio. Es el turno de otros seis integrantes de la Mesa de Contratación, también investigados por los delitos de prevaricación y/o malversación.
