La falta de un canon al Bus Turístic cuesta al Ayuntamiento de València hasta 400.000 euros al año

VALÈNCIA. Medio millón de euros al año es lo que calculó el edil de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, que podría cobrar el Ayuntamiento de València en concepto de canon a las empresas que gestionan el Bus Turístic de la ciudad. Tres años después de que caducara la autorización a las dos compañías otorgada "a dedo" por el anterior gobierno municipal del PP, la concejalía de Movilidad no ha sacado al concurso el servicio y la falta de un canon obliga a cobrarles apenas 100.000 euros cada ejercicio.

Así consta en los datos expuestos por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento, según los cuales las arcas municipales percibieron cada año entre 2015 y 2019 casi 55.000 y más de 52.000 euros de las dos empresas autorizadas para este servicio, Viajes Transvía y Viajes Privilege respectivamente. El motivo: se les aplica la tasa por entrada de vehículos en las aceras y reservas de vía pública, una posibilidad que ofrece la autorización pero que el ejecutivo del PP rechazó aplicar. 

Al entrar a gobernar la izquierda y asumir la concejalía el edil de Compromís, criticó duramente la adjudicación de la autorización sin concurso a las empresas y su prórroga hasta 2019. Así, empezó a aplicar dicha tasa, que reportó anualmente unos 106.000 euros al consistorio, al mismo tiempo que anunció que sacaría a concurso el servicio para que hubiera concurrencia en la gestión del Bus Turístic y, además, poder recibir a cambio una suerte de canon.

Grezzi calculó, comparando la situación de València con otras ciudades como Madrid, Barcelona o Toledo, que el consistorio del Cap i Casal podría recaudar en torno a 500.000 euros cada año. Sin embargo, al no haberse podido aplicar todavía el canon por el retraso de la concejalía en sacar a concurso el Bus Turístic, la administración municipal percibe cuatro veces menos que las proyecciones. Y aún así, en 2020 y 2021 la recaudación por este servicio cayó considerablemente a 35.000 y 42.000 euros respectivamente. 

La Agencia Valenciana Antifraude, al analizar estos datos, explicita que se ha constatado "una disminución de los ingresos abonados por la tasa". Según el Ayuntamiento, se debe a la reducción del horario de las paradas y a una "reorganización más eficiente" de las rutas y la eliminación de paradas. Todo ello además de la rebaja del 25% de las cuotas tributarias debido a la suspensión de la actividad durante el estado de alarma.

Más allá de esto, Antifraude ahonda en el sistema de gestión en València, que desde 1999 funciona mediante una autorización sin concurso. "Es un hecho cierto que no todos los municipios españoles utilizan la misma forma jurídica para la prestación de servicios de transporte turístico", dice la Agencia, según la cual la fórmula de València "es una de las que menos ingresos reporta a las arcas municipales, y sin que se realice ningún procedimiento de concurrencia competitiva".

Viajes Transvia explota el servicio bajo la marca Valencia Bus Turístic desde 1999 en virtud de esta autorización. "Un regalo", en palabras del propio Grezzi, en cuya gestión entró también la firma sevillana Viajes Privilege desde la última prórroga aprobada por el PP en 2015, que ascendía a cuatro años. Aunque desde 2016, el edil de Movilidad Sostenible ha asegurado que los pliegos para el concurso público estaba ultimándose, al caducar el contrato en 2019 esto todavía no se había producido. Ni se ha hecho por el momento.

Así, y hasta que no haya concurso público, el consistorio no percibe canon alguno por la autorización del Bus Turístic a las dos empresas. Sí una tasa menguante, y que apenas alcanzó los 42.000 euros el año pasado. La última prórroga de la autorización, aprobada por el propio Grezzi, data de enero de este año y se extiende hasta agosto.

La concejalía de Movilidad Sostenible alega falta de personal para lanzar el concurso público. "La elevada carga de trabajo del servicio de movilidad ha impedido su tramitación. Cuando los servicios no cuentan con el personal técnico necesario, como consecuencia de padecer durante años los efectos de la ley Montoro y su tasa de reposición cero, bajas médicas de duración prolongada o a jubilaciones cuyas plazas todavía no cubiertas, no es posible determinarlos plazos en los que pueden realizarse determinados trabajos", respondieron desde la concejalía a preguntas de Ciudadanos el pasado mes de enero.