VALÈNCIA. Deberá esperar la aprobación definitiva del cambio de planeamiento en el barrio de Penya-Roja para intentar poner solución al embrollo de Tabacalera. La Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat Valenciana preveía aprobar este miércoles la modificación puntual del Plan General elevada desde el Ayuntamiento de València. Pero se retrasará. El motivo: todavía falta que el Consell Jurídic Consultiu se pronuncie al respecto.
Así, aunque el resto de informes son favorables, según señalan fuentes próximas a la Comisión, se solicitará un informe al CJC. Se trata de un documento preceptivo antes de la aprobación definitiva porque el cambio de planeamiento afecta a un área calificada como zona verde. Tanto esta como otra próxima inicialmente pensada para uso educativo se convertirán a suelo residencial. Con este cambio, el Ayuntamiento de València y en concreto la concejalía de Urbanismo, dirigida por Sandra Gómez, pretende obtener una edificabilidad con la que compensar a la promotora IGSA (Inmobiliaria Guadalmedina S.A.) tra la sentencia del TSJCV de Tabacalera.
El fallo venía a anular una operación urbanística aprobada por el anterior ejecutivo local dirigido por Rita Barberà, que ganaba para el Ayuntamiento parte del antiguo edificio de la Fábrica de Tabacos a cambio de otras parcelas en favor de la constructora. Todo ello, recogido en un convenio de 2005. Finalmente, el TSJ anuló la nueva ordenación, pero la firma no había hecho efectivos todos sus derechos de edificabilidad, reconocidos por el propio fallo. Ahora, IGSA reclama al consistorio una compensación por responsabilidad patrimonial de 52,6 millones de euros.
La administración municipal espera alcanzar un acuerdo con la promotora y firmar un nuevo convenio -que ya está "gestándose", según dijo la edil Gómez en mayo-, si bien esto todavía no se ha producido. Por ello, la empresa propiedad de la familia de Enrique Ballester insiste en la reclamación. Con todo, el último rechazo del Ayuntamiento a su recurso de reposición sólo deja abierta la puerta de los tribunales, adonde la mercantil podrá acudir para exigir la indemnización en un plazo de dos meses vía contencioso-administrativa, según la normativa.
Unos plazos que se entretejen, por azar o no, con los que lleva la tramitación de la solución, el cambio de planeamiento en Penya-Roja, en la Comisión Territorial. La falta del último informe del Consell Jurídic Consultiu podría retrasar la publicación definitiva de esta modificación hasta finalizado el plazo para que IGSA vaya a los tribunales a reclamar la responsabilidad patrimonial.
El hecho de trasladar la edificabilidad del suelo de Tabacalera a las dos parcelas del barrio de Penya-Roja no ha gustado nada a los vecinos, que llevan batallando contra la permuta y el cambio de planeamiento desde que se anunció. La principal crítica que lanzan desde la asociación de vecinos es que la recalificación reduce las zonas verdes y las dotaciones, y que los nuevos edificios se situarían cerca de las llamadas Naves de la Cross, por lo que han pedido amparo recientemente al Consell Valencià de Cultura, la Universitat Politécnica de València y a la Real Academia de San Carlos.