Edificio Tabacalera, que alberga oficinas municipalesVALÈNCIA. El Ayuntamiento de València puso en marcha el reloj hace semana y media. La Junta de Gobierno Local rechazó el último intento de Igsa (Inmobiliaria Guadalmedina S.A.) de reclamar en vía administrativa una indemnización de 52,6 millones de euros tras la sentencia del TSJ que anulaba el cambio de planeamiento de Tabacalera aprobado por el anterior ejecutivo del Partido Popular. El último movimiento consistorial abre la puerta para que la constructora pueda seguir defendiendo sus derechos patrimoniales en los tribunales -vía contencioso-administrativa-.
En 2005 ambas partes habían suscrito un convenio que más tarde dio lugar al cambio de planeamiento de Tabacalera aprobado por el Ayuntamiento. Así, tras anular el TSJ valenciano dicha modificación -decisión ratificada más tarde por el Tribunal Supremo-, la firma consideró que el consistorio había incumplido el convenio y por ello, tras el fallo, presentó en 2018 la reclamación millonaria en concepto de responsabilidad patrimonial.
Fue entonces cuando el equipo de gobierno y en concreto la concejalía de Urbanismo, entonces dirigida por el edil socialista Vicent Sarrià, anunciaron la propuesta para resolver el entuerto: el Ayuntamiento compensaría a la firma con dos pastillas de suelo ubicadas en el barrio de Penya-Roja. Parcelas que inicialmente estaban calificadas como suelo educativo y zona verde. Para ello se precisaba una recalificación que las convirtiese en suelo residencial, y el consistorio se puso manos a la obra e inició este procedimiento.
Y aunque al tramitar dicha compensación la concejalía sí reconocía que la constructora había adquirido derechos en Tabacalera, por otra parte, en otoño de 2019 el gobierno local dio su primera negativa a la petición de responsabilidad patrimonial al considerar que el convenio de 2005 le eximía de cualquier responsabilidad contractual. Asimismo, cuestionaba la relación de causalidad entre la actuación del Ayuntamiento y el perjuicio final de la propia empresa, además de subrayar que la sentencia no sólo anulaba el planeamiento sino también el citado convenio. En consecuencia, el consistorio fiaba la solución a los solares de Penya-Roja.
No obstante, para no perder el derecho a reclamar la indemnización, la empresa propiedad de la familia de Enrique Ballester no se dio por vencida e insistió en la vía administrativa presentando un recurso de reposición ante la negativa consistorial. Ahora, más de ocho meses después de aquello, el Ayuntamiento ha respondido con un nuevo rechazo. Para el concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Narciso Estellés, el equipo de gobierno ha tardado demasiado tiempo en desestimar el recurso de Guadalmedina: "Si lo tenían tan claro debían haberlo hecho antes y no demorarlo".
Rechazado el recurso de reposición, el consistorio deja abierta la vía contencioso-administrativa en los tribunales para que la firma pueda defender sus intereses, un paso para lo que la empresa tiene dos meses, según la normativa. No tendría sentido esta vía, en cambio, si ambas partes suscribieran un nuevo convenio. En este sentido, Estellés ha vuelto a emplazar públicamente a la actual edil de Urbanismo, Sandra Gómez, "a que reconozca públicamente qué están negociando en el nuevo convenio con la empresa".
La propia Gómez admitía en el pleno de mayo que "hay un convenio urbanístico gestándose -no suscrito todavía- para dar solución a la sentencia" del TSJ, y que por ese motivo "no ha lugar a responsabilidad patrimonial". "Si no, claro que dará lugar a la responsabilidad patrimonial", sentenciaba. En otras palabras, si el Ayuntamiento y los promotores no alcanzan un pacto plasmado en un nuevo convenio, la firma tiene la opción de continuar reclamando la compensación en los tribunales ahora que el consistorio ha rechazado su último recurso de reposición.
Con todo, y pese a que el convenio está "gestándose", el Ayuntamiento ya está dando los últimos pasos para concluir el cambio de planeamiento en Penya-Roja. Tras la última aprobación provisional en el pleno de mayo, la cuestión está ahora en la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat Valenciana, que debe dar el visto bueno definitivo, para más tarde dar cuenta al consistorio de la resolución.
Este es el último paso antes de la publicación oficial, pero todavía no se ha consumado. La previsión era dar luz verde al nuevo planeamiento este mismo mes, aunque fuentes consultadas del organismo ponen en duda que se vaya a producir en los plazos previstos ante la posibilidad de requerir algún informe preceptivo adicional. De retrasarse el cambio de planeamiento en Penya-Roja, la publicación oficial podría llegar pasado el plazo que tendrá Igsa para acudir a los tribunales a reclamar la responsabilidad patrimonial. Preguntadas fuentes de la mercantil, han declinado hacer declaraciones al respecto.
Proyección de los edificios previstos en Penya-RojaEsta pretensión del consistorio para dar solución a la sentencia, esto es, trasladar la edificabilidad del suelo de Tabacalera a las dos parcelas del barrio de Penya-Roja, no ha gustado nada a los vecinos, que llevan batallando contra la permuta y el cambio de planeamiento desde que se anunció. La principal crítica que lanzan desde la asociación de vecinos creada por esta causa es que la recalificación reduce las zonas verdes y las dotaciones, y porque los nuevos edificios se situarían cerca de las llamadas Naves de la Cross, por lo que los vecinos han pedido amparo recientemente al Consell Valencià de Cultura, la Universitat Politécnica de València y a la Real Academia de San Carlos.
Además, como publicó este diario, los vecinos ya se están preparando para el litigio con el consistorio por esta recalificación. Una amenaza que pende como espada de Damocles sobre los solares objeto de la modificación, lo que podría suponer un obstáculo a la hora de sellar un nuevo convenio entre la empresa y el Ayuntamiento. En el consistorio defienden, en este sentido, que si se quiere pagar a la empresa, habrá que compensarle o con dinero o con edificabilidad, por lo que, aseguran, la segunda vía sería la menos gravosa para las arcas municipales.
Con todo, la polémica al fin y al cabo se cierne sobre qué espacio es el más adecuado para ofrecer a Igsa. A juicio de Estellés, trasladar a Penya-Roja la edificabilidad "ha sido una decisión unilateral del equipo de gobierno, que ha puesto en pie de guerra a un barrio con cuyos dirigentes vecinales se está siendo extremadamente injusto".
Así pues, Estellés cree que el gobierno local "oculta los términos" de la negociación para el nuevo convenio "porque son contrarios a la calidad de vida de los vecinos de Penya-Roja". Y en la misma línea, recuerda que la sentencia "no dice en ninguna línea ni en ningún renglón que las parcelas objeto de polémica deban ser las del barrio de Penya-Roja".
