El problema para Teresa Gálvez es que su compañero Manuel Moix parte como favorito por su afinidad ideológica de corte muy conservadora
VALÈNCIA. La fiscal del caso Púnica Teresa Gálvez, que quiere investigar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por su vinculación con la trama corrupta, es una de las aspirantes a la jefatura de la Fiscalía Especial contra la Corrupción. Un puesto que deberá ser votado el miércoles de la semana que viene en el Consejo Fiscal.
Teresa Gálvez es una mujer que, junto con su compañera en el caso Púnica Carmen García Cerdá, ha desafiado a la Fiscalía General del Estado enviando un escrito al magistrado instructor de Púnica en el que ambas fiscales aseveran que el presidente de Murcia elaboró, junto con otros presuntos integrantes de la trama de la trama corrupta, un plan criminal con el objetivo de desviar a las empresas del supuesto conseguidor de la Púnica Alejandro de Pedro de fondos públicos de la Consejería de Educación murciana de la que Sánchez fue consejero hasta que llegó a presidente.
Sin embargo Gálvez parte, según fuentes cercanas al Ministerio Fiscal, con una desventaja clara con respecto a su compañero Manuel Moix, el claro favorito a la plaza de jefe de Anticorrupción, ya que Moix es de corte "muy conservador" y, según las mismas fuentes, "muy cercano al presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, que tiene una relación ‘personal y de amistad’ con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, que ha sido la persona clave en la elección del fiscal general de Estado Manuel Maza. Maza es quien tiene la última palabra en la elección del próximo miércoles".
El tercer nombre en discordia, que junto con Gálvez cuenta con apoyos muy serios entre los fiscales Anticorrupción, es Alejandro Luzón, quien actualmente es el número tres de la Fiscalía General del Estado. Luzón, según quienes le conocen, es una persona muy técnica y poco influenciable, al igual que Gálvez.
Gálvez y su compañera Carmen García Cerdá han saltado a la palestra esta semana después de que no se les permitiera investigar al expresidente murciano. Según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de toda solvencia, la decisión fue tomada por el fiscal General del Estado directamente, pero para salvar sus espaldas pidió un dictamen a dos fiscales de Sala y a la Secretaría Técnica de la FGE que fueron quienes finalmente informaron en contra de acusar a Sánchez.
La actuación tan independiente mostrada por ambas ha abierto una brecha dentro de la carrera, algo que no pasa desapercibido en los partidos políticos que piden esa "independencia" aunque, por el momento, los primeros espadas de los partidos se han dedicado a atacar a fiscal General del Estado pero no han mencionado la actitud de quien podría ser la próxima jefa de una sección tan compleja y mediática como Anticorrupción.
La actitud de independencia frente al aparato del Estado mostrada por Teresa Gálvez estos días están cambiando las opiniones de algunas personas de la conservadora Asociación de Fiscales, con mayoría dentro del Consejo Fiscal. Es más, la propia candidata está afiliada a esta asociación y forma parte de la Fiscalía Anticorrupción, mientras que Moix es fiscal en el Tribunal Supremo, por lo que está mucho más desvinculado de la problemática diaria de la sección que sus oponentes.
Manuel Moix fue fiscal Superior de Madrid y su carrera no ha pasado nada desapercibida ya que fue bajo su mandato en Madrid cuando se detuvo al exministro de Economía saltándose a la Fiscalía Anticorrupción, pese a que tres días después de su arresto la entonces fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, cambiara la competencia del asunto para otorgársela a Anticorrupción.
Moix también fue el fiscal que acusó y consiguió la condena y posterior expulsión de la carrera del magistrado Elpidio Silva, que metió entre rejas al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa. Pero entre los casos más sonoros que la Fiscalía ha llevado bajo su mando también se encuentran el Madrid Arena en el que, en contra del criterio del juez instructor, no quiso acusar al jefe de la Policía Local o se solicitó el sobreseimiento del consejero de Medio Ambiente y de la concejala de Seguridad.
Una de las últimas causas bajo su mandato como jefe del Ministerio Público en Madrid fue la abierta contra Esperanza Aguirre, donde la Fiscalía pidió que fuera una falta en lugar de un delito.