El IVF agotará la vía contencioso-administrativa antes de pagar los fondos del Valencian Global

VALENCIA (X. M./VP). La Fiscalía de Valencia ha decidido archivar la denuncia presentada por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por presuntas irregularidades en la concesión de los créditos a empresas participantes en el programa Valencian Global.

Según un informe encargado por el IVF a la Abogacía de la Generalitat, los acuerdos entre este ente dependiente de la Conselleria de Hacienda y las empresas promotoras del programa -Business Innovation y Enterpreneurship Ventures- debían ajustarse a las normas de contratación pública.

El fiscal da cuenta en su resolución de la aportación a las diligencias de un informe jurídico "en sentido contrario" al de la Abogacía de la Generalitat.

Por ello, concluye que, a la vista de ambos informes, "se evidencia que la sujeción o no de los convenios a dicha legislación no es una cuestión clara, sino interpretable".

Además, sostiene que no basta con que el procedimiento sea contrario a derecho -algo que correspondería dilucidar en la vía contencioso-administrativa- sino que para que fuera delito habría de ser injusta y la ilegalidad debería mostrarse de forma "evidente, flagrante, patente y rigurosa".

El archivo de las diligencias de investigación penal no impide al denunciante reiterar la denuncia ante el juzgado competente, según la resolución de la Fiscalía.

Por ese motivo, según especifican fuentes del IVF, la intención es agotar ahora la vía contencioso administrativa antes de proceder a librar los pagos pendientes a las empresas beneficiarias, los cuales fueron paralizados ante los indicios de irregularidad y a la espera de que la Abogacía de la Generalitat elaborase un informe al respecto.

Un esquema "triangular"

El IVF presentó las conclusiones de la Abogacía de la Generalitat sobre una serie de irregularidades en las que adjuntó un estadillo de la morosidad de las compañías; un informe sobre su evolución desde la realización de los cursos; copias de las actas de las comisiones donde ser firmaron las correspondientes operaciones de crédito; los convenios firmados por el exconseller de Economía, Máximo Buch; el secretario autonómico de Economía y Empleo, Fernando Díaz Requena y el director general de Business Innovation, José Vicente Pons; y una relación de las personas que estaban en las comisiones que aprobaron estas operaciones.

En el informe elaborado a instancias del IVF, la Abogacía de la Generalitat subrayaba que en el caso de que los prestatarios no pudieran retornar las cantidades prestadas, teniendo en cuenta el carácter de deuda subordinada de los créditos participativos, "podría llegar a ocurrir que el IVF nunca pudiese recuperar la financiación concedida".

Si eso sucediera, según el régimen de responsabilidades de los altos cargos, personal directivo o personal al servicio del sector público, quienes aprobaron las operaciones podrían verse obligados a "indemnizar" a la Generalitat por los "daños y perjuicios" ocasionados "con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria".

Fuentes de la Generalitat destacaron que con este programa se articuló un "esquema triangular" en el que la Generalitat otorgaba préstamos a un tercero seleccionado por Business Innovation para pagar los cursos organizados por esta firma. Además, el IVF aseguró tener "constancia documental" de que los préstamos no llegaban íntegramente a los beneficiarios porque la empresa de José Vicente Pons se descontaría una parte.

Mientras, un informe presentado por Pons aseguraba que ni Valencian Global ni ninguna de las empresas organizadoras habían recibido dinero de subvenciones. E insistieron en que los anticipos recibidos para abordar los gastos del programa fueron devueltos en tiempo y forma. También destacaban que todos los préstamos del IVF eran aprobados por las correspondientes comisiones del instituto con las condiciones y garantías marcadas expresamente en el acuerdo, y que sería bueno recordar.