La Fiscalía busca dónde están los 8 millones que el IVF concedió para la Fórmula 1

VALENCIA. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (Udef) de la Policía Nacional ha llevado a la magistrada instructora del caso que investiga la venta de Valmor, empresa organizadora del gran premio de Fórmula 1, por un euro a la Generalitat a decretar el secreto de sumario. Según ha podido saber Valencia Plaza, el contenido del informe hace sospechar a los investigadores que alguien se lucró con dinero público proveniente de un crédito de ocho millones de euros que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) concedió a Valmor en 2009.

Uno de los motivos es que cuando se concedió ese crédito millonario, el canon por el gran premio lo pagaba íntegramente la Generalitat y, por tanto, para los policías no cuadran los números ya que, suponen, que con los ocho millones debía haber dinero suficiente. Sin embargo, al poco tiempo de recibir ese suculento crédito fue cuando se vendió la empresa por insolvencia al Gobierno valenciano por un euro.

Este miércoles, y tratando de encontrar pruebas que acrediten el destino final del dinero, agentes de la Udef registraron las dependencias del Circuit del Motor en Cheste además de algunos departamentos de la Generalitat en el Complejo 9 d'Octubre. Durante más de cuatro horas, los policías se han incautado de numerosa documentación entre la que destaca un gran número de facturas, toda la documentación digital almacenada en los ordenadores, el libro mayor de cuentas de la empresa y todas las actas del consejo de administración tras la compra de Valmor por parte del Consell.

Los agentes quieren identificar qué empresas trabajaron y cobraron de Valmor y por cuánto dinero. La Fiscalía Anticorrupción y la magistrada han ordenado a los policías ‘abrir en canal’ las cuentas de Valmor. Las mismas fuentes no descartan que se busque algún tipo de pago relacionado con el Partido Popular e incluso que la cantidad de dinero cuyo destino están tratando de averiguar sea, finalmente, superior a los ocho millones de euros del crédito del IVF.

El caso F1

La investigación de la F1 se inició por una denuncia de Fiscalía Anticorrupción y está abierta por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, aunque con el registro de este miércoles el número de delitos y de investigados podría verse incrementado.

Se investigan las supuestas irregularidades cometidas por el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps; la exconsellera de Turismo, Cultura y Deporte Lola Johnson y el expiloto Jorge Martínez 'Aspar' en la organización del Gran Premio de Fórmula 1 que se celebró en Valencia.

La querella de Fiscalía Anticorrupción que dio origen a esta causa se centró en cuatro aspectos fundamentales, entre ellos, el contrato firmado entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que la mercantil no pagó "ni un euro", en perjuicio de los fondos públicos y la orden para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en la Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011.

Los otros dos son, según la querella, la orden que Camps dio a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa; y la asunción por parte del Consell del canon anual de 26 millones de dólares "sin asumir ningún derecho".