Mónica Oltra. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El caso de abuso de una menor tutelada por la Generalitat por parte de un educador de un centro de menores, exmarido de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que ha sido condenado a cinco años de cárcel, no deja de aportar novedades. Al informe del Centro Espill que calificaba el testimonio de la menor de "poco creíble", que nunca se aportó al sumario, ahora se suma otro informe, añadido al expediente de protección de la menor, que llegó a la Fiscalía el 22 de noviembre de 2017. En dicha documentación se hacía referencia al contenido del dossier enviado por el Centro Espill.
El problema fue que ese segundo informe se incluyó en el expediente de protección abierto a la menor, pero no se envió con el número de diligencias del juzgado, por lo que no se podía saber que había una causa abierta. Al llegar, un fiscal solicitó una copia del informe del Centro Espill el 22 de diciembre de 2017 y nunca obtuvo respuesta, aunque tampoco se insistió más pese a que lo aportado hacía referencia a un informe pero no era el original.
Por qué no se volvió a solicitar es algo que aún no se sabe, como el hecho de que un funcionario o funcionaria de la Dirección Territorial dejará el susodicho informe en un cajón y no lo enviara al juzgado. También se desconoce por qué cuando se envió el documento que mencionaba el informe del Centro Espill no se incluyó que era un hecho judicializado ni el fiscal trató de averiguar si lo estaba.
Es por ello que tanto el Ministerio Público como la Conselleria de Igualdad investigarán qué ha fallado, pues la única verdad demostrada hasta la fecha es que una prueba de descargo muy importante para el acusado jamás llegó a la defensa, ni ha llegado todavía, pues la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que tiene el famoso informe tras elevarlo la Fiscalía, no ha contestado a la petición de la defensa. La falta de un protocolo que marque, negro sobre blanco, qué hacer en estas situaciones es un hecho que deberá estudiarse por ambas administraciones para evitar que se repita una situación como esta.
Con respecto a la Fiscalía, Valencia Plaza ha podido saber que la delegada de Menores no supo de la existencia de la resolución de la Dirección Territorial que hacía referencia al informe del Centro Espill hasta el 9 de diciembre de este año, cuando la Conselleria de Igualdad envió por primera vez el informe de este centro de valoración de víctimas de abuso. Fue en ese momento, al recibir el documento, que la fiscal preguntó por el expediente y, asombrada, comprobó que había un segundo informe que hacía referencia al de Espill y a su contenido exculpatorio.
Al leer el expediente de protección, fue sabedora que tras la llegada el 22 de noviembre del que hacía referencia al de Espill, un fiscal había solicitado, con fecha 22 de diciembre de 2017, una copia del mismo. Copia que nunca llegó a la Fiscalía. Pero tan importante es que no se cumpliera una petición de Fiscalía, como que no se insistiera a la Dirección Territorial para conseguir dicho informe.
Uno de las causas que se barajan es el hecho de que se enviara como parte de un expediente de protección en el que se hablaba de una menor, de 14 años, que refería abusos pero que "no era creíble", y que desde la Dirección Territorial no lo enviaran a la delegada, con lo que el fiscal que lo recibió no podía saber que había un caso judicial por presuntos abusos abierto en un juzgado de instrucción. Un hecho que no justifica que no se pidiera el informe.
Al final de la partida, y visto lo visto, este caso se resume en un cúmulo de despropósitos que han terminado con una persona condenada a cinco años de cárcel. El resultado de la sentencia con el informe del Centro Espill no se puede saber cuál habría sido, pero la realidad es que hubo una indefensión palmaria.
El informe, cuyas conclusiones publicó este martes Valencia Plaza en exclusiva -del que solo se incluirán las conclusiones pues la supuesta víctima era y es menor de edad-, asevera que tras la exploración y tres entrevistas con la denunciante, la menor "es poco creíble" y que los motivos expuestos por ella "son un dato de sumo interés" en la valoración de los presuntos abusos, considerándose en este caso que "podría tener una motivación espuria" porque "la adolescente tiene motivos para realizar una acusación falsa".
El documento, realizado por una psicóloga del Instituto Espill, especializado en psicología y sexología, también dice que "no se aprecia realismo" o que "no existe coherencia en la narración", además de que la resistencia a dar la información sobre lo sucedido no se deriva de las dificultades propias que tienen las víctimas de los abusos sexuales. Es más, apostilla el informe que no describe las secuencias y sentimientos de forma "coherente".
