VALÈNCIA. La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto una investigación este martes sobre la atención a los pacientes de coronavirus ingresados en la escuela de enfermería del antiguo hospital La Fe de València. La incoación de diligencias, tal como informan desde el propio Ministerio Público, se ha producido tras la denuncia presentada por la presidenta de la asociación Defensor del Paciente, Carmen Flores.
Dado que existe otra denuncia interpuesta por el PP el pasado fin de semana que ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 21 de València, la Fiscalía ha remitido a él las diligencias para cesar en la investigación tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos. Será previsiblemente ese juzgado, por tanto, el que indague en lo que se describe en ambas denuncias.
La Generalitat informó en su momento de que habilitaba el antiguo hospital La Fe para pacientes leves de covid-19 –los cuales empezaron a llegar el 2 de diciembre– con el objetivo de rebajar la presión asistencial en otros departamentos. Sin embargo, testimonios recientes desvelados por El Español han hecho públicas las graves deficiencias que existen en la atención a las personas que allí se encuentran ingresadas.
La propia Conselleria de Sanidad, en un comunicado del sábado en el que trataba de desmentir lo ocurrido –calificándolo incluso de "relato engañoso"–, admitió que el hospital acoge actualmente a dos tercios de pacientes graves, el grueso de los cuales son "personas con más de 80 años que, además, padecen muchas enfermedades asociadas".
Las denuncias que han acabado en investigación judicial comenzaron tras conocerse una carta anónima de una enfermera que describía preocupantes situaciones de abandono de los pacientes e importantes carencias en las instalaciones, como la incomunicación de las habitaciones con el telefonillo del personal sanitario o la ausencia de agua caliente.
Este relato ha sido posteriormente avalado tanto por profesionales del hospital como por familiares de ingresados, según han publicado medios como El Español o El País.
Al margen de lo relativo a la antigua Fe, se encuentran las investigaciones sobre las personas vacunadas de forma irregular. Por el momento, la Fiscalía Anticorrupción de Alicante indagará en las circunstancias por las que varios cargos públicos de la provincia –sobre todo alcaldes y concejales– han recibido la primera dosis tras la denuncia presentada por dos activistas vecinales.
En Valencia, fuentes del Ministerio Público afirman que por el momento no tienen constancia de denuncias –lo que puede cambiar en los próximos días– y se inclinan por esperar a que lleguen antes de iniciar una investigación de oficio. La causa principal a la que aluden es la misma que lo que ocurre con la antigua Fe: si hay un juzgado que ha ha iniciado un procedimiento, la Fiscalía tendría que finalizar las diligencias.
El encaje legal no resulta sencillo de determinar. Uno de los delitos cometidos podría ser el de cohecho impropio –recibir una dádiva o regalo por cargo o función– en el caso de que la vacuna se considerara un regalo a los políticos por el hecho de serlos. Otro podría ser el de prevaricación por incluirse entre los inmunizados a cargos públicos no contemplados en el orden oficial establecido.