VALÈNCIA. La Fiscalía de Delitos Económicos ha solicitado el archivo de la pieza de la trama del fuego en la que está imputado el exalcalde de Casinos y exjefe de Gabinete de Serafín Castellano, José Miguel Espinosa García, por unos presuntos sobrecostes en una obra del municipio donde era alcalde, y por la supuesta adjudicación a dedo de dicha obra.
El Ministerio Fiscal pide el sobreseimiento provisional al comprobar que la adjudicación fue correcta, y que la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional (UDEF), confundió el incremento del precio total al aplicarle el IVA con un sobrecoste. Sobrecoste que creyeron que se quedó en los bolsillos de Espinosa.
Esta pieza se abrió, según el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso Valencia Plaza, tras encontrarse indicios de que la empresa Vaseco, cuyo gerente es José Vicente Sánchez Cordech, hermano del Secretario Interventor del Ayuntamiento de Casinos, había resultado adjudicataria de un concurso público convocado por dicho consistorio y dirigido a la construcción de la Casa de la Juventud.
Explica la fiscal que “habiéndose detectado un posible sobrecoste en la ejecución de la obra que pudiera haber servido para beneficiar ilícitamente al alcalde de la localidad, José Miguel Espinosa”. Esa presunta comisión ilícita se podría haberse canalizado “mediante la simulación de relaciones mercantiles entre la empresa contratista, Vaseco, constituida en UTE con la sociedad Construcciones Villegas SL, y la sociedad dirigida por el Alcalde de Casinos, M. Espinosa SA., atendida la coincidencia temporal entre la adjudicación del concurso a Vaseco y dichas relaciones comerciales”.
El expediente de contratación fue aprobado el 12 de marzo de 2009 y se tramitó por un procedimiento abierto. El presupuesto de licitación fue de 390.694,82 euros (IVA excluido). El inicio de la obra tuvo lugar el día 25 de junio de 2009, ascendiendo el coste total de la misma a 453.819,88 euros (IVA incluido).
En el atestado inicial de la UDEF se indicó, como indicio de criminalidad de los hechos investigados, que la obra había concluido con un sobrecoste de 63.615,65 euros, lo que suponía un 14% más del presupuesto proyectado. Sin embargo, tras realizarse las diligencias de investigación, “se observa que esta cuantía no se corresponde con un sobrecoste, sino con el tipo de IVA aplicable al presupuesto adjudicación”.
Por otro lado, y como segundo indicio de criminalidad, se consideró que había pruebas de una adjudicación predeterminada, es decir, a dedo, por el hecho de que el gerente de Vaseco es hermano del secretario interventor del Ayuntamiento de Casinos, Rafael Sánchez. A este respecto, explica la fiscal del caso que, en el acta de la mesa de contratación consta la presencia del secretario, “pero no su intervención en el estudio y valoración de las ofertas presentadas. Su asistencia a la Mesa se limitó a recoger el acta y dar fe de lo acontecido en dicho acto”.
Además, el arquitecto municipal declaró que fue el técnico quien asistió a las mesas de contratación de los concursos convocados por el ayuntamiento y que cumplió, además, la función de redactar los pliegos de condiciones particulares. En el expediente de La Casa de la Juventud el arquitecto elaboró los pliegos correspondientes y para la redacción de estos “no recibió ninguna indicación para su confección, ni del alcalde ni de ninguna otra persona del ayuntamiento”, según su propia declaración.
Asimismo, prosigue el escrito, declaró que fue el técnico quien hizo la valoración de las ofertas presentadas para el concurso de La Casa de la Juventud, concluyendo que Vaseco era la que mejor puntuación presentaba, “sin que recibiese ninguna instrucción para atribuir la mejor puntuación a esta sociedad”. Explica el escrito que el testigo también dijo “que la contratación se basó en el informe técnico que hizo el declarante, añadiendo que, con carácter general, el Pleno del Ayuntamiento para la aprobación de una adjudicación nunca se aparta del informe emitido por el técnico correspondiente”.
A lo que hay que añadir que a la mesa de contratación acudió una concejal por delegación del alcalde, por lo que la fiscal asegura que, “no hay indicios de que la adjudicación fuese predeterminada y dirigida por el alcalde en perjuicio de otros ofertantes”.
Por último, la fiscal explica que se han relacionado los distintos movimientos bancarios reflejados en los extractos de las cuentas particulares de Espinosa García y de su empresa, “sin que se hayan obtenido indicios de ilicitud en las cuantías ingresadas y retiradas”. Y apostilla que se ha constatado la existencia de préstamos contratados por el García para saldar deudas que tenía la sociedad, la cual fue vendida a un tercero en el año 2010, y “los ingresos detectados en su cuenta particular no son especialmente relevantes como para alcanzar la conclusión de que no tienen un origen legal, atendida la actividad mercantil que desarrollaba su sociedad en la fecha a la que se contraen estos hechos”. Por todo lo anterior, la fiscal ha solicitado el archivo de la causa.
