VALÈNCIA. (EP). La Fiscalía Provincial de Valencia a través de la sección derechos de los consumidores ha iniciado diligencias encaminadas a analizar las consecuencias del cierre de las Clínicas iDental por la posible existencia de conductas contrarias y en perjuicio de los derechos de los consumidores, según ha informado la Unión de Consumidores de Valencia (UCE).
Esta decisión es la respuesta a la solicitud de paralización de los créditos que el pasado 14 de junio presentó la UCE a la Fiscalía en la comunicaba los perjuicios económicos y situación de indefensión en la que se encuentran miles de afectados, que tienen que seguir abonando las cuotas de los préstamos que suscribieron para financiar los tratamientos odontológicos y que no van a recibir debido al cierre de las Clínicas iDental.
Otra de las vías judiciales que la organización está intentando que se reconsidere es la vía penal. Aunque el pasado 20 de junio Fiscalía Provincial procedió al archivo de la denuncia contra las Clínicas iDental por un posible delito de estafa, la UCV está llevando a cabo las actuaciones necesarias ante este órgano judicial encaminadas a la reapertura de las diligencias penales, según las mismas fuentes.
En este sentido, la UCE ha remitido a la Fiscalía Provincial de Valencia sección penal un escrito ampliando y actualizando los hechos denunciados en un primer momento, ya que la situación de las Clínicas iDental desde el pasado 30 de mayo, fecha de la primera denuncia, a día de hoy ha cambiado y se han producido nuevas circunstancias que deben tenerse en cuenta.
La organización de consumidores considera que los responsables de las Clínicas iDental han podido incurrir en delitos contra la salud por abandono de pacientes, así como delitos de estafa por el cierre unilateral de las clínicas, interrupción de los tratamientos, no establecer mecanismos efectivos para la resolución de los préstamos vinculados y devolución de los importes cobrados directamente a los afectados por la totalidad de unos tratamientos que no se van a realizar.
Por lo tanto, ha solicitado a la Fiscalía Provincial de Valencia sección penal que proceda a reabrir e iniciar las investigaciones penales necesarias encaminadas a determinar la posible responsabilidad y autores de los mismos.
El Secretario de la UCE en la Comunitat Valenciana, Vicente Inglada, ha considerado positiva esta decisión judicial ya que supone un paso adelante en defensa de los derechos de las personas consumidoras.