GRUPO PLAZA

el fiscal pide penas de prisión para los cabecillas de la red de clinicas

El Estado cifra en 23 millones el 'fraude' de iDental a la Seguridad Social: "No se conoce otro de tal magnitud" 

14/07/2022 - 

MADRID.  (EFE).- La abogada del Estado ha dicho en el juicio a cinco exdueños de iDental y dos presuntos testaferros que "no se conoce un fraude a la Seguridad Social de tal magnitud y en tan breve espacio de tiempo como el de este grupo", más 22 millones de euros entre 2015 y 2018, y ha añadido: "En esta causa hemos sido defraudados todos".

La Audiencia Nacional ha reanudado este jueves el juicio a los fundadores en 2015 del grupo de clínicas y laboratorios de iDental, Antonio Javier García Pellicer y Vicente Castañer Blasco, para los que el fiscal pide cuatro años de prisión, y a los acusados que lo compraron en 2017, Luis Sans Huecas y los hermanos José María y Juan Garrido López, para quienes solicita seis años. También se sientan en el banquillo dos presuntos testaferros de los dueños del grupo en la segunda época, que se enfrentan a una petición de tres años de cárcel.

Esta vista, seguida por supuesto fraude a la Seguridad Social por parte de las excúpulas de iDental, corresponde a una pieza separada de la causa principal, aún pendiente de juicio, por supuesta estafa y otros delitos por los que se vieron perjudicadas decenas de miles de personas tras el cierre de los más de veinte centros del grupo que tenía más de 3.000 trabajadores.

La letrada del Estado que ha representado a la acusación ejercida por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha destacado durante su informe que no hay precedentes de un fraude de este tipo. A su juicio la conducta de los acusados fue "especialmente grave" pues afectó a "la vertiente recaudatoria de la Seguridad Social que permite las prestaciones a todos los ciudadanos".

"En esta causa hemos sido defraudados todos los que contribuimos mensualmente con nuestro trabajo y esfuerzo a las prestaciones de la Seguridad Social, lo que el Tribunal Constitucional ha denominado auténtica insolidaridad punible que pone en riesgo la viabilidad del sistema", ha recalcado.

Por ello la representante de la TGSS ha pedido que los acusados sean condenados a la mayor pena posible para que no quede impune "una defraudación sin precedentes".

Además ha solicitado que Antonio Javier García Pellicer y Vicente Castañer Blasco indemnicen de forma conjunta a la Seguridad Social en la cantidad que estima que defraudaron en su época, 11.528.534 euros.

Y ha cifrado en 10.601.321 millones de euros el fraude en la segunda época, desde la compraventa de iDental en octubre de 2017 hasta el mismo mes de 2018, pero entiende que los otros cinco acusados deben pagar una indemnización de 22.129.756 euros ya que con la compra del grupo asumieron la deuda del mismo.

Ha relatado que los acusados idearon un plan destinado a eludir el pago a la Seguridad Social con un entramado empresarial opaco para imposibilitar la identidad de quiénes estaban obligados al mismo y con el uso de testaferros en la segunda etapa para que no figuraran los auténticos dueños de las clínicas y de los laboratorios.

Los abogados defensores de los acusados han pedido su absolución al estimar que no se ha probado que tuvieran la intención de llevar a cabo actividades de engaño u ocultación con un ánimo de defraudar a la Seguridad Social.

El letrado de Antonio Javier García Pellicer y Vicente Castañer Blasco ha dicho que en un primer momento abrieron una clínica en Alicante y ante su éxito otras en Valencia y Albacete hasta que dieron el salto a Madrid, desde donde se expandió el grupo por toda España, en unos años en los que daba beneficios, sin que estime lógico pensar que idearan un fraude a la Seguridad Social. Ha añadido que a raíz de los ataques mediáticos al sector por los problemas legales de otras cadenas dentales el grupo comenzó a tener problemas económicos en el tercer trimestre de 2016 pero ha asegurado que sus defendidos buscaron inversores para saldar todas las deudas, entre ellas la de la Seguridad Social, a la que se realizaron pagos.

Igualmente los defensores de Luis Sans y de José María Garrido han insistido en que se intentaron buscar fórmulas para saldar la deuda con la Seguridad Social que se encontraron tras la compra del grupo pero que cuando entraron en el mismo dieron prioridad al pago de nóminas que estaban pendientes a los trabajadores. "Erraron en sus decisiones empresariales, fueron idiotas, pero son inocentes", ha comentado el abogado de Luis Sans. 

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