La Fiscalía solicita el archivo de la causa contra María Oliver

VALÈNCIA. La exconcejal de Podemos en el Ayuntamiento de València María Oliver, actual asesora de en materia de Vivienda del vicepresidente de la Generalitat Rubén Martínez Dalmau, ha recibido la mejor noticia que podía recibir después del jarro de agua fría que supuso que el magistrado instructor la procesara hace dos semanas. La Fiscalía, a diferencia del juez y de la acusación popular ejercida por el PP, no ve delito y solicita el archivo de la causa judicial abierta contra ella.

Oliver está procesada por, presuntamente, dar a dedo una subvención a José Manuel Rodríguez, compañero de partido, miembro del máximo órgano de Podemos en la Comunitat y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de València. De hecho, este caso le ha costado a la exedil presentar la dimisión de su cargo como asesora, dimisión que no se ha hecho efectiva de momento y que, tras este giro de los acontecimientos, podría dilatarse más en el tiempo.

Informes

La fiscal del caso, Victoria Barrachina, ha tomado esta decisión tras estudiar el informe de un perito presentado por la defensa de Oliver. Dicho informe aseguraba que "el convenio no es un negocio jurídico convencional", y que "el procedimiento seguido para la tramitación, aprobación, formalización y justificación del convenio por parte del ayuntamiento y la universidad, en lo analizado, resulta ajustado a derecho". Es más, decía el informe que "fue la jefa de servicio la que propuso el nombre del profesor".

En opinión de este perito, "de la documentación examinada, no consta oposición de los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento administrativo a lo actuado por el Ayuntamiento de València. Antes, al contrario, constan todos los pronunciamientos favorables. Y lo mismo ocurre con respecto a lo actuado por la Universidad de València". Añadía que, además, "existen observaciones complementarias efectuadas por la intervención en el seno de la fiscalización favorable -y, por ende, sin reparo- observaciones que, aun cuando discutibles respecto a su orientación, por su carácter irrelevante, en modo alguno, tienen carácter obstativo de la aprobación del acto para el que se formulan".

La fiscal tenía dos informes en los que basar su decisión, el presentado por la exconcejal y otro de la Intervención Municipal, que fue remitido al Juzgado de Instrucción número 19, que aseguraba que las compras que realizó Rodríguez con dinero público no eran subvencionables en el convenio firmado por la Concejalía de Educación. Dichas compras incluyen dos Ipads de 481 euros cada uno, dos cámaras de fotos de 274 euros y una tercera de más de 1.000 euros o dos portátiles de 392 euros.

Finalmente, el Ministerio Público ha considerado más creíble el presentado por la defensa de Oliver y por ello, tras el auto de incoación de procedimiento abreviado del juez, ha decidido pedir el archivo del caso. Hay que recordar que en el auto no designaba los delitos que Oliver podría haber cometido.

Ante esta situación, la acusación popular ejercida por el PP ha solicitado al juzgado la práctica de nuevas diligencias. Entre ellas, según ha podido saber este periódico, se encuentra la ratificación del perito que hizo el informe favorable a la asesora de Dalmau. Esta solicitud se enmarca en la intención de desacreditar lo expuesto por éste en su informe para tratar de cambiar la postura de la Fiscalía.

Si finalmente se produjera el archivo de la causa sería un nuevo revés judicial para el PP municipal ya que, del aluvión de denuncias presentadas por el asesor popular e imputado por blanqueo Luis Salom, son muy pocas las que quedan vivas en los jugados.