MADRID (EP). La Fundación Edad&Vida y VidaCaixa creen que los poderes públicos tienen el reto de facilitar el desarrollo de un mercado eficiente para las rentas vitalicias a través, por ejemplo, de incentivos fiscales, según se desprende del estudio 'Gestión eficiente del ahorro tras la jubilación'. Además de los incentivos fiscales también consideran que los poderes públicos pueden facilitar el desarrollo de un mercado de rentas vitalicias eficiente a través de la emisión e incentivación de activos financieros a muy largo plazo y de la puesta en marcha de mercados de cobertura de riesgos de longevidad.
En concreto, el estudio constata la función de las rentas vitalicias para mitigar el riesgo de longevidad que se produce al entrar en la etapa de jubilación, puesto que garantizan una renta mientras el cliente viva sin que implique renunciar a la disponibilidad de su dinero. Según el estudio, las rentas vitalicias pueden aportar rentabilidades garantizadas superiores a las que se ofrecen en otros productos que invierten a más corto plazo, "además de proporcionar tranquilidad y estabilidad financiera a sus titulares".
Los expertos del informe aseguran que en el momento de preparar un plan de jubilación hay que tener en cuenta tanto los factores de riesgos que se producen cuando se ahorra como los que aparecen mientras se dispone del dinero. Así, advierten de que la dependencia, longevidad y la falta de liquidez están poniendo en riesgo la situación económica de los mayores en España.
Durante la presentación, el vicepresidente de Edad&Vida y subdirector general de negocio de VidaCaixa, José Antonio Iglesias, ha puesto de relieve que España es uno de los países más longevos del mundo, aunque esto también implica que las personas mayores "van a necesitar cada vez una mayor cantidad de recursos económicos de la que hoy en día no somos conscientes".
Para los expertos, ante esta situación, hay que elaborar un mapa de riesgos personalizados que permita tener una visión global y con la que se entienda la importancia de gestionar adecuadamente el ahorro a largo plazo. En esta línea, el estudio pone de relieve la importancia de disponer de información "clara y precisa" sobre la cuantía de la pensión. Asimismo, apuesta porque antes de la jubilación se planteen las necesidades económicas desde una perspectiva global, teniendo en cuenta los ingresos que permitan garantizar una renta mínima para vivir o asegurar posibles contingencias de salud y dependencia.
Para los realizadores del estudio, el papel del Gobierno en este punto es esencial, sobre todo a la hora de facilitar una información "fiable y accesible" que permita a las personas optimizar la toma de decisiones. Así, los expertos apuestan por poner a disposición de los ciudadanos información sobre el funcionamiento del sistema público, los riesgos a los que se enfrenta y los ajustes a los que puede estar sometido. En este punto, el informe hace hincapié en la colaboración entre la Administración y el sector financiero y asegurador para diseñar productos que garanticen el cobro de pensiones "suficientes y sostenibles" en el tiempo.
No obstante, también pone de relieve que las empresas del sector financiero y asegurador, a parte de enfrentarse al reto de diseñar productos que se adapten a las características y necesidades de las personas, deben ser capaces de orientarlas para que puedan elegir entre las opciones que más se ajusten a sus necesidades.