Los 'lobbies', al descubierto: el nuevo registro obliga a los altos cargos a publicar sus encuentros

VALÈNCIA. La fiscalización de la actividad de los grupos de presión -conocidos como lobbies- en la Comunitat Valenciana da un paso importante. La Conselleria de Transparencia, que dirige Rosa Pérez Garijo, publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el anuncio de activación del registro de lobbies, con lo que se pone en marcha esta herramienta de control, que obliga entre otras cosas a publicar las reuniones entre los altos cargos de la administración autonómica y los grupos de presión, así como los contenidos que en ellas se traten y los documentos que intercambiados o que sean fruto de dichos encuentros.

El registro, regulado por un decreto que aprobó el Consell el pasado mes de octubre, tiene como finalidad que la ciudadanía pueda conocer quién ha influido en las decisiones políticas y de dónde proceden las mismas. En él deberán estar inscritos desde empresas o asociaciones empresariales hasta consultores e intermediarios como despachos de abogados, pero también otras como sindicatos o colegios profesionales.

Quizá lo más interesante es precisamente la información relativa a las acciones efectivas de los grupos presión sobre la administración como reuniones entre altos cargos y representantes de la parte privada. La obligación de publicidad recaerá sólo en los responsables públicos -tanto cargos políticos como funcionarios- cuando se produzcan "influencias directas", que van dirigidas a la persona que tiene que adoptar la decisión política sobre la que se pretende influir.

Así pues, la norma obliga a los altos cargos a dejar constancia de las reuniones que mantengan con los lobbies, pero también de los asuntos tratados en las mismas, los miembros de la administración que tomen parte e incluso los documentos aportados o elaborados a consecuencia de estas citas. Información toda ella que deberá hacerse pública en el plazo de un mes desde que haya tenido lugar el encuentro.

Pero la Conselleria diferencia esas acciones directas de comunicaciones "indirectas, cuando van dirigidas a la ciudadanía o a una parte de la sociedad "con la finalidad de influir en la opinión pública y con ello condicionar la toma de decisiones" de la administración. Se trata, por ejemplo, de convocatorias de manifestaciones, lecturas públicas o difusión de manifiestos, campañas de comunicación, etcétera. Aquí, como se considera obvio, el registro de la información será obligación del grupo en cuestión.

Datos de los grupos de presión

La norma esclarece quién debe inscribirse en el registro de la Generalitat como grupo de interés: las personas (físicas o jurídicas), entidades, redes o plataformas sin personalidad jurídica que realizan actividad de influencia, directas o indirectas. No entrarían aquí las entidades públicas, las organizaciones intergubernamentales, o las corporaciones de derecho público cuando hagan acciones públicas y no privadas, y los partidos políticos en el ejercicio de sus funciones constitucionales.

En el registro, los grupos de interés tendrán la obligación de suministrar toda la información requerida sobre la propia organización y sus representantes: datos básicos y de contacto. Pero también información financiera: presupuesto, ingresos derivados del área sobre la que se quiere influir, y de contratos o ayudas de la administración.

Asimismo, la entidad o grupo deberá comunicar el tipo de actividades de influencia que desea ejercer. Desde "contactos" con la administración hasta "contribuciones en consultas, trámites de audiencia o información pública" pasando por actividades de presión sobre futuras normativas o en "procesos especiales de participación previa". De la selección que se realice dependerán las posibilidades de participar en uno u otro tipo de actividad.

Abierto a ayuntamientos

Hay que recordar que a este registro podrán adherirse otras administraciones públicas valencianas, como los ayuntamientos que lo deseen. Por ello, el decreto que creaba este registro explicita que con el fin de facilitar sus funciones o la incorporación o el acceso al registro, se "impulsará la suscripción de convenios y otros mecanismos de colaboración con otras administraciones públicas, instituciones o cualesquiera otro tipo de entidades".

Por ejemplo, el Ayuntamiento de València se encuentra a la espera de que la Generalitat Valenciana finalice las labores de diseño de la plataforma, dado que la norma del consistorio ya vislumbraba desde 2020 una regulación de los grupos de presión y su relación con el consistorio del 'Cap i Casal'. Así, el área de Transparencia que dirige Elisa Valía en la capital del Túria señaló que el consistorio valenciano es "el primero que quiere adherirse" al registro autonómico, si bien se prefiere esperar a que se lance la plataforma para analizar la medida en que "responde a la realidad de la administración local".