El Ayuntamiento de València prepara un reglamento de 'lobbies' con un registro

VALÈNCIA. En el horizonte del Ayuntamiento de València ya se vislumbra una regulación propia de los grupos de presión y su relación con el consistorio del 'Cap i Casal', así como un registro de los mismos. La concejalía de Transparencia y Gobierno Abierto ya lo ha recogido en el nuevo reglamento de Buen Gobierno. Y no se trata de un mero brindis al sol, explican en la delegación, sino de una profunda convicción: se hará esta regulación y se intentará hacer este mandato, sentencian.

El nuevo reglamento que pretende aprobar el equipo de gobierno municipal, impulsado desde la delegación que dirige Elisa Valía, al que ha tenido acceso este diario, lo contempla en la disposición adicional primera, según la cual el consistorio adoptará "una normativa que regule la transparencia de la actividad de los lobbies en el ámbito del Ayuntamiento de València" y se creará, "en su caso", un registro de estos grupos.

Seguirá así los pasos en esta materia que ya ha dado la Generalitat Valenciana, desde donde se impulsó la llamada Ley de lobbies, aprobada a finales de 2018, en la que se proyectaba un registro electrónico y obligatorio de estos grupos para hacer efectiva su identificación pública, así como sus actividades como reuniones, audiencias y comunicaciones.

Una norma que, sin embargo, está en suspenso: el decreto de la Conselleria de Transparencia que desarrollaba la columna vertebral de la ley y, entre otras cosas, este registro, no ha superado el visto bueno del Consell Jurídic Consultiu al no haberse presupuestado la partida correspondiente en las cuentas anuales de la Generalitat Valenciana para la creación de esta herramienta a nivel autonómico.

La ley aprobada ya proyecta que la Generalitat colaborará "con el resto de instituciones y administraciones públicas, particularmente de los entes de la administración local" en la transparencia en cuanto a los grupos de interés. En este sentido, se explicita en la ley que se podrán poner en marcha mecanismos de colaboración y de "interoperabilidad" y que incluso los ayuntamientos podrían adherirse al registro de lobbies de la administración autonómica. 

También podrían, sin embargo, poner en marcha el suyo propio. Por el momento, en el Ayuntamiento de València todavía no han explicitado cuál es la intención: si unirse al registro que implemente la Generalitat o si crear uno por su cuenta. Eso sí, se hará de alguna forma u otra.

Plan de Integridad anticorrupción

El reglamento obliga al Ayuntamiento, más allá de lo ya comentado, a aprobar un Plan de Integridad, en colaboración con la Agencia Valenciana de Antifraude, que dirige Joan Llinares. Se trataría de un convenio o protocolo de colaboración para prevenir y detectar incumplimientos y posibles corruptelas. 

En él se abordarán cuestiones tales como el conflicto de intereses y la actuación con terceras partes que se relacionen con la administración, así como de prevención de riesgos penales, entre otros asuntos. Aquí se incluiría un buzón anónimo: un canal de denuncias tanto interno como externo "donde se garantice la confidencialidad y la protección de denunciantes" como ya lo hace la mencionada Agencia.

El consistorio deberá elaborar este Plan en un plazo máximo de dos años desde la aprobación del reglamento. El mismo plazo con el que trabajarán los servicios municipales para concretar un registro de recursos de datos públicos, un registro de estudios e informes municipal, un plan estratégico de datos abiertos y, además de todo ello, el consistorio deberá adecuar la información del portal de transparencia a los nuevos criterios y obligaciones.

Contratos, alquileres, publicidad y concesiones

El nuevo reglamento de Transparencia, que debe pasar aún por la Comisión de Participación y por el Pleno consistorial, recoge muchas otras consideraciones. Entre ellas, por ejemplo, destacan medidas concretas para mejorar la publicidad de la gestión municipal en cuanto a contratación y subvenciones. En este ámbito, explicó la edil Valía a los medios de comunicación, se ha querido ir "más allá" de las reglas de transparencia aprobadas a nivel estatal y autonómico.

Se obligará a publicar el contenido de todos los contratos y, concretamente en cuanto a los contratos menores, "se intentará" que la periodicidad de publicación sea mensual, mientras que ahora es sólo trimestral. Se deberá publicar, no sólo el número de expediente, el objeto, el importe o el adjudicatario, sino también las otras empresas o personas que hayan sido invitadas a presentar ofertas -a partir de este año es inexcusable invitar a tres empresas-.

Asimismo, también queda recogido que se deberá dar publicidad a la identidad de los subcontratistas, el importe de cada operación de este estilo y el porcentaje de cada servicio que ha sido subcontratado. En este sentido, se pretende ofrecer datos estadísticos sobre cuánta parte del presupuesto está adjudicada por cada uno de los procedimientos previstos en la legislación: licitaciones públicas, procedimientos negociados, contratos menores, etcétera.

Todo ello, sumado a la obligatoriedad de exponer públicamente los servicios municipales gestionados en régimen de concesión y una relación de todos los inmuebles que el Ayuntamiento de València tiene alquilados, especificando su situación, las condiciones y cláusulas, la renta y la vigencia.

Igualmente se tratarán las contrataciones de publicidad institucional. Todas las campañas de promoción institucional deberán ser públicas al mínimo detalle: promotor, coste, desglose de medios, e incluso los criterios empleados para realizar la distribución de la partida económica entre los medios. Una información que se actualizará una vez al año, según el documento.

Urbanismo y medioambiente

El reglamento prevé apartados específicos para la información medioambiental y urbanística. Así, el consistorio deberá publicar los procesos de ejecución del planeamiento mediante actuaciones urbanísticas y edificatorias, indicando el estado de desarrollo de las mismas, e incluir la documentación preceptiva para cada clase de instrumento. También, por ejemplo, propuestas de convenio urbanístico, planos de los proyectos de reparcelación, etcétera.

Publicidad se le deberá dar también a las licencias urbanísticas otorgadas y a las declaraciones responsables, explicitando su ubicación y un extracto de su contenido -sin mostrar datos personales-, se darán a conocer las sanciones impuestas, los proyectos de expropiación, las resoluciones de consultas urbanísticas, las licencias de obra en vía pública, y las autorizaciones y estructuras singulares en vías públicas. Y en materia medioambiental, deberán colgarse los estudios de impacto ambiental de actividades, así como las políticas, programas y planes de la ciudad de València en esta materia.

Siete días para acceder a información

En términos de acceso a la información, el Ayuntamiento deberá adoptar los criterios de derecho a la información del Consell de Transparència ya que, según Valía, "algunos datos plantean dudas de mucho calado jurídico sobre si la persona que pide esa información tiene derecho o no a acceder a ella". Asimismo, los servicios municipales estarán obligados a otorgar la información solicitada -siempre que el peticionario tenga derecho a ello- en un plazo no mayor a siete días.

Y en otro orden de cosas, la concejala de Transparencia y Gobierno Abierto remarcó la elaboración de un protocolo que regulará el traspaso de poder entre un gobierno y el siguiente para "garantizar que el traspaso se haga de la manera más rigurosa posible y que la ciudadanía no se vea afectada por el cambio de gobierno".

Para Valía, el documento permite "reconocer las obligaciones" de los ediles "como equipo de gobierno y que se concretan en derechos para la ciudadanía como de acceso a la información o la obligación de rendición de cuentas por parte de las administraciones y que profundiza y mejora nuestra democracia de forma significativa".