La Generalitat advierte de que el archivo en el 'caso Valmor' supone la prescripción del delito

VALÈNCIA. El expresidente de la Generalitat Francisco Camps recibió este jueves el mejor regalo de Navidad posible, el archivo de la investigación que lo situaba como cerebro del pufo de la Fórmula 1 y que lo mantenía al borde del procesamiento. Un carpetazo que, según el escrito de oposición que presentó la Abogacía de la Generalitat, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, "supone una interrupción del curso del proceso, hasta el límite que representa la prescripción del delito". Es decir, que el "sobreseimiento provisional" dictado por la magistrada Beatriz Sobremonte implica que, aunque aparecieran nuevas pruebas incriminatorias, la investigación no se podría reabrir porque debido al tiempo transcurrido los delitos habrían prescrito. 

La Abogacía de la Generalitat sigue estudiando si recurrir o no el archivo, según informaron este viernes fuentes del Gobierno de Ximo Puig. En el caso que finalmente lo recurriera y la Audiencia Provincial estimara el recurso, los plazos quedarían como estaban antes del sobreseimiento. La Fiscalía General del Estado anunció el jueves que Anticorrupción no presentaría recurso.

Los letrados de la Generalitat explican en su escrito que no solo no hay que archivar el caso, sino que debería unirse esta pieza -la de la organización de la prueba tras negociarlo con Bernie Ecclestone- a la pieza II, que investiga la compra de la empresa Valmor Sports por un euro por parte de la Generalitat. 

Dicen que no procede decretar el sobreseimiento y archivo respecto de Camps, pues la investigación de más de tres años "exige mantener su condición de investigado, junto con las personas que cooperaron y fueron instrumento esencial en las actuaciones investigadas". En particular, señalan a Belén Reyero, quien a su juicio "se erigió en el instrumento esencial de Camps en los hechos objeto de investigación, desde una posición de absoluta relevancia en la estructura de la administración". Reyero estuvo imputada hasta el pasado mes de octubre, cuando a petición de la fiscalía quedó fuera de las actuaciones junto a la exconsellera Lola Johnson, el empresario y expiloto Jorge Martínez Aspar -socio de Valmor- y el exdirector de Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) Nicolás Figueras.

Pide unir las piezas I y II

Sobre la  petición de unir ambas piezas, rechazada por la jueza, el abogado lo sustenta en el hecho de que dicha compraventa, "en condiciones particulares poco habituales, con renuncias insólitas (cláusulas no habituales, se dijo) y la posterior fusión, fue la forma natural de concluir los compromisos asumidos por Camps en el periodo objeto de investigación en la pieza principal". 

Explica que las operaciones de compra y fusión constituyeron la culminación del compromiso del expresidente de asumir las pérdidas que ocasionase la organización del gran premio. Y agrega que "así lo evidencia la evolución de la organización de la F1, de la que constituye el primer hito la entrega de la organización del evento a una mercantil privada, Valmor Sports, SL, sin capacidad alguna para organizar deportiva o económicamente un proyecto de esta naturaleza". 

Es más, esgrime como argumento que Camps era "plenamente conocedor" del delicado estado financiero de Valmor desde el principio, tal y como validaron el exvicepresidente Vicente Rambla y un informe de la Unidad Económica y Financiera de la Policía Nacional (UDEF). La magistrada consideró en el auto de archivo que "los informes emitidos por la UDEF, aunque amplios, no llegan a establecer, al menos con garantías" la conclusión de que exista delito.

En cuanto a la asunción del pago del canon de 26 millones de dólares por parte la empresa pública SPTCV, dice la Abogacía que "se hizo a través del contrato firmado con el único soporte de un acuerdo del Consell, canon cuya asunción no hubiera sido posible sin el beneplácito de Francisco Camps". El escrito añade que al no ser posible "pagar el canon a cambio de nada", como hizo ver el propio Ecclestone, surgió la idea de convertir a SPTCV en copromotor del evento, pero con la particularidad de que la asunción de obligaciones no tenía derecho alguno correlativo. Y sostiene que "el compromiso de que la administración asumiera las pérdidas fue exigido por el presidente de Bancaja, José Luis Olivas", en una reunión celebrada en el despacho de Camps.

El aval de Bancaja

Uno de los puntos clave del escrito de oposición de la Abogacía es el relativo a la petición de archivo formulada por el letrado de Camps, Pablo Delgado, que la magistrada asumió. El abogado expone que Francisco Camps fundamenta la petición de sobreseimiento en que el contrato firmado por orden suya en fecha de 19 de julio de 2011 no surtió efecto alguno, al no relevar a Bankia de las garantías y avales prestados a Valmor Sports.

A este respecto, la Abogacía asegura que "el hecho de que el contrato surtiera o no efectos es irrelevante" porque "lo cierto es que la actuación de Camps estuvo al margen de todo procedimiento, como destaca igualmente el acta de liquidación provisional del Tribunal de Cuentas al examinar el contrato firmado en fecha de 19 de julio de 2011".

La Abogacía de la Generalitat es la única que tiene en cuenta todas las periciales practicadas hasta la fecha, así como las declaraciones que hicieron que el fiscal Anticorrupción, Vicente Torres, pidiera el procesamiento de Francisco Camps. Una solicitud que este jueves quedaba en papel mojado cuando la Fiscalía General del Estado anunció que Torres no tenía intención de recurrir el auto de archivo. Este periódico preguntó los motivos de dicho cambio de criterio pero no obtuvo ninguna respuesta por parte del Ministerio Público.