La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. Foto: EVA MÁÑEZ VALÈNCIA. El Institut Valencià d'Acció Social (IVASS), perteneciente a la Conselleria de Igualdad, ha decidido afianzar el proceso de reversión de las residencias concertadas y así lo hace constar en el anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales de 2019, más conocida como Ley de Acompañamiento.
El pasado año, la ley ya justificaba la necesidad de revertir el servicio a lo público "por no resultar conveniente para el interés público en este sector de población especialmente vulnerable, sobre el que la administración tiene una especial responsabilidad".
Ahora, Igualdad ha incluido un punto en el que señala que "finalizado el plazo de duración del contrato de gestión integral del centro de titularidad pública, el servicio revertirá a la Administración, debiendo el contratista entregar los bienes muebles, inmueble e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados".
"Creemos que las empresas han demostrado un alto nivel de calidad en los centros que gestionan incluso en los peores momentos de la crisis económica y que, por lo tanto, han dejado claro su función y compromiso social con las personas atendidas", señala José María Toro, presidente de Aerte.
"La visión de que la gestión pública garantiza siempre un mejor resultado que la privada nos parece alejada de la realidad. Hay centros públicos que funcionan muy bien y centros privados que también lo hacen. Creemos que esa es la única distinción que le interesa a los ciudadanos, si el servicio que reciben es de calidad o no, y no quien gestiona el centro", insiste.
"Se está poniendo en duda la capacidad de organizaciones privadas, que llevan mucho tiempo trabajando en el sector con un nivel de atención muy bueno, al decir que no resulta conveniente para el interés público la gestión indirecta de este tipo de servicios por la vulnerabilidad de las personas atendidas. Nos parece muy grave, injusta y poco realista esa afirmación hecha de manera general", destaca.
Por este motivo, piden al Consell que retire esa propuesta y Igualdad valore la idoneidad de la gestión en "criterios objetivos de calidad del servicio y no el planteamientos ideológicos que no estén basados en datos concretos". "Este año se ha producido la reversión de un centro en Albocàsser a pesar de que se ha reconocido que el trabajo que se estaba desarrollando en el centro no había generado ningún inconveniente y que el equipo humano que trabaja allí tenía un alto nivel de competencia", recordaba Toro.
En el mes de julio Igualdad decidió asumir la gestión de la residencia de Albocàsser para personas con diversidad funcional. Gestionada por La Saleta desde el 30 de mayo de 2014 pero la administración decidió devolverla a lo público asumir a los 27 trabajadores dependientes de la empresa.
Si bien es cierto, la secretaria autonómica de Servicios Sociales, Helena Ferrando, aseguraba que se trataba de un caso puntual e insistía en que no se había producido por una mala gestión por parte de la empresa. "La Saleta lo estaba haciendo muy bien a nivel profesional, pero hay cuestiones a las que no podía llegar", reconocía e insistía en que no había intención de recuperar la gestión de centros residenciales de forma acelerada.
