Gabriela Bravo, en Les Corts Valencianes. Foto: GVAVALÈNCIA. La Generalitat se ha puesto en contacto con el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, encargado del conocido como caso Azud, para solventar los problemas informáticos a la hora de gestionar la voluminosa documentación con la que cuenta la macrocausa y que dificulta la agilidad de la instrucción.
Como ha publicado Valencia Plaza este miércoles, una de los escollos a los que se enfrenta el juzgado en este momento es que no tiene ningún recurso tecnológico con el que pueda trasladar a las partes la gran cantidad de documental asociada al sumario que levantó hace un mes. Es decir, la obtenida en los registros llevados a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante las operaciones realizadas estos años. Una de las principales son los volcados de dispositivos, especialmente ordenadores.
La tardanza para realizar el citado volcado –el cálculo es que pesa 8 terabytes– a los discos duro pertenecientes a las defensas se debe a que no existe en este momento otra manera de hacerlo que no sea la tradicional. En definitiva, esperar a que se traspase todo entre los dispositivos. Para lo cual el juzgado ha habilitado una sala multiusos en la que jornada tras jornada se está realizando este trabajo, con el largo tiempo que ello requiere y sin plazo de finalización determinado (podría durar varios meses si no existe alternativa).
El juzgado se dirigió a la Conselleria de Justicia, al frente de la cual se encuentra Gabriela Bravo, fiscal de profesión, para solicitar ayuda. Pidió que le facilitara una plataforma –una nube– para agilizar el asunto similar a la que se usa en las macrocausas en la Audiencia Nacional. Pero la respuesta fue negativa porque no contaban con nada de este tipo. Ahora, y después de que haya trascendido lo ocurrido, parece ser que sí se pondrá a su disposición.
El departamento asegura a este periódico que el juzgado realizó ayer miércoles una nueva petición de plataforma porque la anterior se retiró después de que la Conselleria le proporcionara otros recursos. Pero fuentes judiciales no confirman que lo retiraran, sino que únicamente se les dijo que no.
En todo caso, esos recursos han acabado siendo realmente insuficientes. A raíz de ello, Justicia señala que desde Modernización y la dirección general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) "se está buscando una solución para que éste y cualquier otro juzgado que esté instruyendo o tramitando una macrocausa pueda trasladar con facilidad la documentación a las partes".
Así, indica que desde Instrucción 13 cursaron dos solicitudes de medios informáticos. La primera, el 25 de marzo, fueron 8 discos externos de 4 terabytes que se entregaron. La segunda, el 26 de abril, HUB USB de 8 puertos con alimentación luz, además de conocer la posibilidad de disponer de una nube. Aquí es cuando se le comunica al juzgado que no existe esa posibilidad.
La Conselleria remarca igualmente que Instrucción 13 cuenta con tres refuerzos externos desde el segundo semestre de 2021, en concreto dos funcionarios del cuerpo de tramitación procesal y uno del cuerpo de auxilio judicial. Y desde el 1 de mayo una prolongación de jornada de un tramitador y un gestor. "No hay constancia de más peticiones posteriores. Cabe recordar que los planes de refuerzo se aprueban en periodos semestrales y que, previa solicitud del órgano, se aprueban durante el segundo semestre. Por lo tanto los refuerzos actuales se mantendrán en el segundo semestre del año", comentan.
Pese a todo ello, la sensación que cunde es de cabreo por la falta de ayuda hasta la fecha desde la Generalitat. En una causa, además, como Azud, que afecta a un partido (PSPV) que se encuentra en el Gobierno. Muestra de ello es una respuesta de la Fiscalía Anticorrupción a un recurso presentado por Manolo Mata (el exsíndic socialista y abogado que ejerce la defensa del empresario investigado Jaime Febrer). En el escrito le comenta que quien tiene competencias para agilizar el traslado de la documentación es la Conselleria de Justicia, lugar al que debería dirigirse.
Otras voces del entorno judicial también protestan –al margen de lo sucedido en el caso Azud– por el hecho de que el actual Gobierno valenciano no haya sido capaz, en 7 años, de implantar sistemas que ya estaban desarrollados como han hecho en otras autonomías y que sólo tendría que gestionar con el Ministerio de Justicia.
