La Generalitat niega al juzgado del 'caso Azud' ayuda para agilizar la instrucción

VALÈNCIA. La falta de medios es una de las realidades habituales en el día a día de la Justicia. Pero cuando se trata de una macrocausa en investigación los problemas se incrementan. Es lo que ocurre en el conocido como caso Azud, coordinado por el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. Una causa sin apenas precedentes en la Comunitat Valenciana en lo que a volumen de documentación se refiere y en la que las dificultades a causa de ello no están siendo por el momento solventadas por la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo en el ámbito de sus competencias.

Hace alrededor de un mes, la jueza levantó parcialmente el secreto de sumario (un total de 55 tomos) tras casi cinco años de indagaciones. Un contenido que revolucionó la vida política valenciana al tratarse de una causa transversal que afecta tanto al PP como al PSPV. Ésta se centra en una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de diversos proyectos, mayoritariamente urbanísticos, en varias administraciones valencianas durante 15 años. Empresarios y políticos 'populares' y socialistas –el constructor Jaime Febrer, el exvicealcalde de València Alfonso Grau o el que fuera portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Rafa Rubio– habrían participado en ella. 

Tras ese levantamiento parcial del sumario, las defensas de los casi 60 imputados fueron citadas para que les fueran entregados los 55 tomos, pero todavía no han tenido acceso a toda la documental asociada a ellos. Es decir, la obtenida en los registros llevados a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante las operaciones realizadas estos años –la última en 2021–. Una de las principales son los volcados de dispositivos, especialmente ordenadores, en los que por ejemplo figuraban correos electrónicos de importancia. 

El problema reside en la tardanza para realizar el citado volcado –el cálculo es que pesa 8 terabytes– a los discos duro pertenecientes a las defensas. Fuentes judiciales señalan que el juzgado no tiene otra manera de hacerlo que no sea la tradicional –es decir, esperar a que se traspase todo entre los dispositivos–. Para lo cual ha habilitado una sala multiusos en la que jornada tras jornada se está realizando este trabajo, con el largo tiempo que ello requiere y sin plazo de finalización determinado (podría durar varios meses). 

Sin embargo, lo habitual en macrocausas de este tipo a otros niveles –por ejemplo en la Audiencia Nacional– es que la administración competente –el Ministerio de Justicia– ponga a disposición de los jueces una plataforma en la que éstos puedan subir a una especie de nube toda la documentación para que posteriormente las defensas accedan a ella. Algo que ahorra tiempo y medios y evita en ciertas ocasiones las quejas y la desesperación de los abogados. 

No sucede así en Azud. El juzgado se dirigió a la Conselleria de Justicia, al frente de la cual se encuentra Bravo, fiscal de profesión, para solicitar ayuda. Pidió que le habilitaran una plataforma con la intención de agilizar el asunto. Y la respuesta fue negativa. Lejos de extremar el celo a la hora de ejercer sus competencias en lo relacionado con una macrocausa de presunta corrupción que afecta a un partido (PSPV) que se encuentra en el Gobierno, el Consell sólo ha dicho que no puede hacer nada. La argumentación es que no tienen ningún tipo de recurso tecnológico para ofrecer, por lo que no es posible. Aun así, fuentes de Justicia, preguntadas por esta cuestión, remarcan que se está trabajando en una solución. 

Anticorrupción remite las quejas a la Conselleria

La sensación que cunde, a raíz de ello, es de cabreo. Y muestra de ello es uno de los escritos recientes de Anticorrupción. En respuesta a un recurso presentado por Manolo Mata (el exsíndic socialista y abogado que ejerce la defensa de Jaime Febrer), la Fiscalía le comenta que quien tiene competencias para agilizar el traslado de la documentación es la Conselleria de Justicia, lugar al que debería dirigirse: "Bajo la supuesta vulneración de la existencia de actuaciones secretas, quiere achacar a la instructora la carencia de medios tecnológicos en los juzgados de instrucción de Valencia, los cuales carecen efectivamente de servidor y de nube para poder realizar el traslado de una voluminosa documentación que ha sido digitalizada con el exiguo personal que cuenta. Los problemas y la carencia de medios en la justicia valenciana deberían ser de sobra conocidos por el recurrente, dada su condición de político, y dirigir los reproches a las entidades encargadas de suministrar los medios, puesto que como bien sabe no existe ninguna partida presupuestaria asignada a Juzgados o a Fiscalía. Indicarle igualmente que la Fiscalía no ha dispuesto de esa ingente documentación al carecer de almacenamiento para ello con las debidas garantías de impedir acceso al mismo".

A todo ello se une que fuentes judiciales también consideran que resulta necesario un nuevo equipo de funcionarios. 

El juzgado solicitó, del mismo modo, un refuerzo ante la carga de trabajo que llevaba con el caso Azud en dos ocasiones. El órgano que se encarga de los tribunales, la Sala de Gobierno, rechazó ambas al entender que no estaba lo suficientemente argumentado. Finalmente, hace dos semanas, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), Pilar de la Oliva, dictó un acuerdo por el que destinó un miembro de la nueva promoción de la Escuela Judicial al juzgado. Será algo temporal, puesto que se trata de un periodo de formación entre julio y noviembre.