VALENCIA, (EP). La Generalitat Valenciana destinará 3,7 millones de euros a impedir el corte del suministro de electricidad, gas y agua y garantizar este servicio a unas 50.000 familias en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de que todas ellas "tengan un invierno digno".
Así lo ha señalado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras suscribir los convenios con Endesa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola para evitar la supresión del suministro eléctrico a las familias más vulnerables, una firma a la que han asistido también la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra y la titular de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Maria José Salvador.
Puig ha señalado que uno de sus objetivos principales es que "la pobreza energética no sea una preocupación" y ha indicado que desde el Consell se hará "todo lo posible" para que las familias puedan desarrollar su vida cotidiana también durante el invierno y que "el hecho de que la pobreza energética no exista sea una realidad".
Según ha explicado Salvador, los ayuntamientos podrán adherirse a través de un correo electrónico y cuando un particular acuda a los servicios sociales municipales o éstos detecten casos de familias que no pueden pagar estos recibos se comunicará a las compañías y a la Conselleria, procediendo a paralizar el corte del suministro mientras la Generalitat gestiona el pago de las facturas adeudadas, tras estudiar el caso.
Por su parte, la empresa suministradora solicitará de modo inmediato el restablecimiento del suministro y no volverán a solicitar la suspensión del mismo mientras se gestiona la concesión de las ayudas. Tampoco exigirán el pago de ningún tipo de intereses.
El Ayuntamiento pagará directamente a la empresa el importe total de la deuda y si se ha restablecido el suministro, los derechos de reconexión. Además, se comunicará el pago de la deuda a la Generalitat, que tramitará el pago al consistorio de las cantidades que éste haya abonado.
Las ayudas van destinadas a familias o unidades de convivencia cuyos ingresos no superen los 11.000 euros al año o familias con personas en situación de discapacidad o gran dependencia con un máximo de 14.000 euros anuales. Las ayudas para evitar la pobreza energética serán en los casos de corte de suministro eléctrico o de gas de 75 euros por recibo mensual y hasta un máximo de 300 euros por consumidor y año, y en caso de corte de agua potable, hasta 15 euros por recibo mensual y un máximo de 60 euros por consumidor y año.
La publicación de la orden que permitirá a los ayuntamientos solicitar estas ayudas se producirá a finales del mes de diciembre, aunque los ayuntamientos podrán adherirse a la convocatoria desde mañana mismo, y el pago de las subvenciones tendrá carácter retroactivo hasta el mes de octubre.
Por otra parte, Mònica Oltra ha explicado que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas destinará el próximo ejercicio 1,4 millones en ayudas para aquellas personas o familias que están en situación de exclusión social, por tener unos ingresos anuales inferiores a 5.009 euros y que tengan notificada por parte de la empresa suministradora la orden de corte de agua, luz o gas.
Estas ayudas se tramitarán a través de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes con el objetivo de que las personas afectadas no tenga que hacer más burocracia de la precisa, y serán efectivas a partir del 1 de enero.
La vicepresidenta ha explicado que estas ayudas pretenden garantizar un "derecho constitucional" como debe ser el suministro básico de agua, luz y gas, y ha destacado que también irán destinadas a las familias sin hijos y las personas mayores, que hasta ahora "estaban excluidas cuando, según todos los estudios son el colectivo más afectado por esta situación".
Oltra ha destacado que también se está trabajando de la mano de las grandes ciudades y de las diputaciones "para ampliar la inversión social destinada a combatir el empobrecimiento energético", y en este sentido ha señalado que la Diputación de Valencia "ya ha anunciado una partida de 400.000 euros para los pueblos de menos de 20.000 habitantes".