Hoy es 15 de agosto
VALÈNCIA. (EP) El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha garantizado este martes que el gobierno valenciano estudiará "todas las posibilidades" si finalmente se determina en España la administración de la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19.
Así lo ha trasladado después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) haya concluido que puede administrarse una dosis adicional de las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna a las personas con sistemas inmunitarios debilitados, al menos 28 días después de la segunda.
Puig, a preguntas de los periodistas en Feria Valencia, ha recordado que actualmente en la Comunitat se vacuna con una tercera dosis a las personas con algún tipo de vulnerabilidad mayor. A partir de ahí, "se evaluarán todas las posibilidades" si el Ministerio de Sanidad establece su administración a la población general.
En este caso, ha avanzado que se reabrirá alguno de los 133 vacunódromos cerrados la semana pasada, aunque "a lo mejor no hace falta abrir todos". También se continuará vacunando en espacios determinados como las universidades.
"Queremos volver a situar la vacunación como un elemento clave porque lo es", ha defendido, y ha vuelto a apelar a la responsabilidad del 10% de los valencianos que no están inmunizados porque "la pandemia no ha terminado" y así se protegen ellos, a su familia y a toda la sociedad.
Por otro lado, Puig ha reconocido que hay dudas legales respecto a la implantación del pasaporte COVID para permitir la entrada al ocio nocturno o a los festivales, recordando que lo intentó alguna comunidad autónoma y lo tumbaron los tribunales.
Ha vuelto a pedir que su aplicación sea homogénea en España, mientras la Generalitat mantiene reuniones con estos sectores para estudiar esta posibilidad. "Si no tenemos un paraguas legal, que al menos haya un compromiso claro por parte de todos los operadores", ha explicado, con el objetivo de garantizar la máxima seguridad a los usuarios.
También ha rechazado que la aplicación del pasaporte en estos espacios vaya en función de la situación pandémica, como estableció el Tribunal Supremo, insistiendo en la necesidad de velar por la "máxima seguridad jurídica" y la mayor normalidad en discotecas y festivales.