Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. El pasado 31 de octubre el Gobierno valenciano aprobó los Presupuestos de la Generalitat de 2023. Las octavas cuentas del Botànic que, por primera vez, situaban el presupuesto de À Punt dentro del límite legal que marca la ley de creación de la radiotelevisión pública. En total, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació contará con 83 millones de euros, de los cuales 71 se transferirían a la Societat, donde se integra el grueso de la plantilla.
Unos fondos que, sin embargo, podrían verse mermados a lo largo del próximo ejercicio. ¿El motivo? El Gobierno valenciano no ha reservado en los Presupuestos del año que viene ninguna partida específica destinada a asumir la deuda del IVA que la Agencia Tributaria reclama a la televisión pública desde 2016.
Un compromiso que la Generalitat asumió el año pasado a través de una enmienda a la Ley de Acompañamiento firmada por PSPV, Compromís y Unides Podem para que la Corporació no tuviera que asumir el pago de los casi 25 millones de euros que se le reclamaba, pero que por el momento no se ha plasmado en el proyecto de ley de presupuestos del próximo año.
Fuentes del Consell explican que, dado que el caso está judicializado, no tenía sentido "comprometer" el presupuesto del año que viene reservando una partida específica para esto. Añaden que si finalmente los tribunales dieran la razón a À Punt, no tendrían que pagar nada, por lo que aseguran que, llegado el momento de la sentencia, Hacienda estudiará qué es lo que debe hacer. A esto se suma, además, que si la sentencia no se produce a lo largo de 2023, habrían comprometido 25 millones de euros del presupuesto -que va aumentando por los intereses- que finalmente no se gastarían.
Sin embargo, en el ente que preside Mar Iglesias y dirige Alfred Costa existe cierta preocupación, pues si el ente fuese condenado temen tener que hacer frente al pago del IVA con los fondos de À Punt. Un escenario que supondría que la CVMC perdiera cerca de un tercio de su presupuesto.
Conviene recordar que el tripartito suscribió una enmienda que modificó la ley de presupuestos para introducir que la Generalitat asumiría "la carga de la deuda tributaria y los intereses de ejercicios anteriores así como las obligaciones derivadas el ejercicio en curso del Impuesto sobre el Valor Añadido que correspondan a la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación y de la S.A. de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, derivadas de modificaciones normativas o de cambios de interpretación de las correspondientes administraciones tributarias".
Una modificación legal que a los partidos del Gobierno les costó pactar, dadas las reticencias manifestadas por Presidencia de la Generalitat y el grupo socialista. La Corporació había reclamado al Consell que asumiera la deuda en sus presupuestos para evitar lastrar las producciones audiovisuales y PSPV, Compromís y Unides Podem zanjaron la polémica con esta enmienda. Un texto al que ahora no se le ha dado forma en el proyecto de ley de presupuestos.
El "conflicto" entre la Agencia Tributaria y los gobiernos autonómicos por el IVA deducible de sus televisiones públicas se remonta al 2014, antes incluso de la creación de la CVMC. En esa fecha, la AEAT empezó a considerar que las cadenas sólo podían deducirse el impuesto por su actividad comercial y no por los ingresos que reciben vía presupuestos de los respectivos gobiernos autonómicos.
Hasta ese momento, los medios públicos se lo deducían por completo. Pero en 2015 entró en vigor una nueva ley del IVA y cambió el criterio. Ahora se establece que las televisiones públicas pueden deducirse el impuesto de la práctica totalidad de sus gastos, pero por el contrario aplican el criterio mediante el cual hay que repercutir el IVA a las subvenciones recibidas. En 2017 a raíz de una directiva europea, Hacienda vuelve al criterio de 2014 y defiende la limitación de la deducción del IVA.
En el último informe de auditoría financiera de À Punt correspondiente a 2021, la Sindicatura de Comptes cifró en 25'4 millones de euros la provisión para el pago del IVA de los ejercicios de 2016 a 2021. Cantidad que, según los acuerdos alcanzados con la Agencia Tributaria y con el citado pacto entre los partidos del Botànic a través de los presupuestos de la Generalitat, tiene que asumir la Administración autonómica.
