Francisco Camps. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, ha firmado y trasladado la consulta dirigida al Consell Jurídic Consultiu (CJC) y que anunció su antecesor, Rubén Martínez Dalmau, acerca de la legalidad de diversos aspectos del expediente en el que se tramitó la ejecución de obras de infraestructura que tenían como finalidad la realización del circuito urbano para la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en la ciudad de València.
Entre otras cuestiones, la Generalitat Valenciana va a preguntar al órgano consultivo para que se pronuncie sobre la vía con la que la administración autonómica ha de reclamar al Ayuntamiento de València el reembolso de los más de 38,5 millones de euros que adelantó para las obras de la Fórmula 1. Según el convenio suscrito en 2007 entre la el consistorio y la Generalitat, con Rita Barberá y Francisco Camps al frente respectivamente, el Ayuntamiento devolvería ese dinero tras imponerlo en cargas urbanísticas a los propietarios del suelo, que emplearían como calles del barrio portuario el trazado urbano por donde habían discurrido los monoplazas.
Pero las cosas no salieron como se esperaba. "Este adelanto presupuestario nunca fue devuelto por parte del Ayuntamiento de València, quien no ha impuesto hasta el día hoy el canon mencionado", reza el comunicado hecho público este martes por la Conselleria de Illueca. Los propietarios privados nunca llegaron a ser notificados de esta obligación ni pudieron hacer alegaciones en su defensa y por eso "a día de hoy se desconoce si los tribunales de justicia hubieran aprobado esta fórmula que afecta a terceros que no fueron oídos".
Así pues, la Conselleria de Vivienda cree que la respuesta del Consell Jurídic Consultiu sobre este asunto será "determinante" para la declaración de la nulidad del convenio por parte del órgano competente así como para recuperar el dinero anticipado por la Generalitat sin que se puedan plantear dudas jurídicas sobre el modo en que pueda ser exigido ese derecho.
Ahora, el Ayuntamiento de València y los propietarios de las parcelas mantienen una discrepancia de criterio sobre cuánto de los 42 millones de euros puede serles repercutido. Esto es, las partes privadas rechazan a todas todas hacer frente al total de la inversión porque la obra en su totalidad no será aprovechable. Es Aumsa, la empresa municipal urbanística del Ayuntamiento, dependiente de la concejalía de Urbanismo que dirige ahora Sandra Gómez, la que lleva estas conversaciones, que todavía no han llegado a ningún puerto y que pretenden evitar un litigio que retrase el desarrollo del PAI del Grao sine die.
El escrito dirigido al CJC recoge la consulta sobre “la posible nulidad del convenio de colaboración suscrito el 28 de septiembre de 2007 entre el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, a través del ente Gestor de la Red de Trasportes y Puertos de la Generalitat Valenciana (GTP), en virtud del cual se anticipó por este ente gestor el pago de las obras e infraestructuras por un total inicialmente previsto de 38.501.827,82 euros”.
Asimismo, se pide opinión sobre la posible nulidad del Decreto 3/2007, que asignaba al ente GTP el desarrollo de todas las actuaciones necesarias para ejecutar las obras que después se recogieron en el convenio de 28-9-2007. Como también, sobre qué órganos son los competentes para declarar la nulidad del Convenio y del Decreto 3/2007, en su caso.
Para el vicepresidente Illueca, “catorce años después la Generalitat continua pagando 7,5 millones de euros anuales por la nefasta gestión de los gobiernos del Partido Popular. Lo estamos pagando desde una Conselleria que ha de atender en el día a día emergencias habitacionales. En total más de 38 millones de euros que podríamos estar destinando a políticas de viviendas para las personas más vulnerables”.
Por parte de la Generalitat, informa la Conselleria, las personas que firmaron el convenio no tenían competencias para hacerlo. El convenio fue impulsado y firmado por el Presidente de la GTP, pero no fue impulsado ni aprobado por el Consejo Administrativo del mismo organismo que era quien tenía competencias en la cuestión. Solo aparece la firma del presidente del GTP y del Consejero a cargo.
