La Generalitat financiará la ruta aérea de Castellón a Madrid si Fomento la declara de servicio público

VALÈNCIA. La Generalitat está dispuesta a que la financiación no sea un problema para la puesta en marcha de una conexión aérea entre el Aeropuerto de Castellón y el de Madrid-Barajas Adolfo Suárez. Por ello, el Gobierno valenciano se plantea asumir el coste de la línea si el Ministerio de Fomento impone para la misma la Obligación de Servicio Público (OSP) una declaración que a menudo va aparejada a la concesión de subvenciones a las aerolíneas que se adjudican estas conexiones mediante concurso público.

El Consell ha pedido al Ministerio de Fomento en un par de ocasiones la declaración de OSP para esta ruta, pero aún no ha obtenido respuesta. La última vez fue en febrero de este año, todavía con el PP en el Gobierno central, por considerar que sería "vital" para la economía de la provincia contar con vuelo directo a Madrid. Además de tramitar esta declaración, el Consell pidió a Fomento que asumiera la financiación de la ruta.

Sin embargo, tal y como publicó este martes Valencia Plaza, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) consideró que la declaración de esta ruta como servicio público sería contraria a la legislación europea al no cumplir los requisitos de proporcionalidad entre la obligación impuesta a las aerolíneas –en frecuencias o precios máximos, por ejemplo– y las necesidades de desarrollo económico del territorio en cuestión. A ello se suma, además, la existencia de medios de transporte alternativos, como el AVE a Madrid que entró en servicio a principios de este año, o la cercanía con el Aeropuerto de València, a una hora de distancia por carretera.

En este sentido, cabe recordar que, cuando el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció hace casi un año que iba a pedir a Fomento que tramitase esta declaración, aseguró que ello contribuiría también a la sostenibilidad del Aeropuerto de Castellón y a rentabilizar la inversión pública realizada.

La legislación comunitaria sobre OSP es muy estricta en la justificación exigida para este tipo de declaraciones. Dado que la normativa prevé que los Estados puedan indemnizar a las aerolíneas para compensarles por las obligaciones exigidas en estas rutas, como sería este caso, el riesgo que existe es que puedan ser consideradas ayudas estatales si no cumplen escrupulosamente el Tratado de la UE y las normas de la Comisión Europea sobre la prestación de servicios de interés económico general. Según esta normativa, la OSP no podría ser utilizada como mecanismo para garantizar la sostenibilidad de un aeropuerto.

Además de por la necesidad de "situar a la provincia de Castellón en el mapa aéreo", la solicitud que formuló la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad de la Generalitat también destaca que las OSP son "una excelente herramienta para mantener aeropuerto secundarios activos".

A ello se suma, además, el hecho de que el criterio seguido hasta ahora por el Ministerio de Fomento ha sido el de asumir solo las subvenciones de las líneas de servicio público entre la península y las islas, pero no las que transcurren dentro de la península. Es el caso de las conexiones entre Almería y Sevilla o las de Badajoz con Madrid o Barcelona, cuyo coste es asumido por la Junta de Andalucía y la Junta de Extremadura, respectivamente.

Con o sin el Gobierno central

Pese a todo, el nuevo equipo del Ministerio de Fomento, al frente del cual se sitúa el valenciano José Luis Ábalos, está dispuesto a estudiar con la Generalitat la viabilidad de la ruta. La Secretaría General de Transporte explicó a este periódico que tras el verano se producirá una reunión técnica entre ambas administraciones "con objeto de avanzar en el estudio de la viabilidad del establecimiento de la ruta mencionada, y las cuestiones vinculadas a su financiación".

Respecto a este punto, el de la financiación, la Generalitat está dispuesta a asumir el coste de las subvenciones por los beneficios que reportaría a largo plazo. En este sentido, la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, aseguró a este periódico que la Generalitat asumirá el coste de este "servicio público" al entender que es "fundamental para el desarrollo económico y la integración territorial de la provincia de Castellón". "Pero el Ministerio debe declararlo cuanto antes de OSP para que nosotros podamos avanzar", agregó.

A su juicio, el impactó económico, social y en términos de empleo que reportaría esta declaración "es mucho mayor que el coste de arranque que pueda necesitarse". Además, opinó que este proyecto vinculado inicialmente a un "despilfarro" puede convertirse en un nodo logístico estratégico a nivel nacional e internacional si es bien gestionado.

"Con la ayuda del Gobierno central sería más rápido. Sin su ayuda, seguramente será más lento pero será", agregó Mira.

Lo cierto es que la apertura de una ruta directa con Madrid cambiaría radicalmente la perspectiva de una instalación cuya gestión será próximamente asumida por la Generalitat tras la decisión del Consell de finalizar anticipadamente el contrato de gestión existente con el operador Edeis. Además de contar con una vía directa de conexión con la capital, esta ruta daría acceso a realizar múltiples conexiones con otras ciudades de Europa, Norteamérica y Sudamérica por la condición de hub del Aeropuerto de Madrid-Barajas.

Rutas poco atractivas para las compañías

Según el Ministerio de Fomento, las OSP solo pueden imponerse "cuando sea necesario garantizar unos servicios que cumplan determinados requisitos en materia de continuidad, regularidad, capacidad y precios que las compañías no asumirían si únicamente tuvieran en cuenta su interés comercial". El mejor ejemplo de este tipo de rutas son las que unen las islas con la península, subvencionadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En la actualidad existen en la UE 179 rutas con OSP establecidas en trece estados miembro, entre ellos España, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal o Reino Unido. Francia es el que cuenta con mayor número: 40 rutas con aproximadamente 5,7 millones de pasajeros al año. En Irlanda, la proporción de las OSP en el tráfico nacional es de aproximadamente un 70%.

En general, las OSP se establecen sobre rutas nacionales –solo siete de las 179 existentes en la UE enlazan aeropuertos situados en Estados miembro diferentes–, mientras que 136 de esas rutas están subvencionadas por las administraciones públicas. Según cálculos de la CE, estas rutas cuestan anualmente más de 300 millones de euros en ayudas.