VALÈNCIA. El acuerdo marco de la Generalitat para la dotarse de una reserva estratégica de material sanitario ante rebrotes de la Covid-19 prevé gastar hasta 240 millones en compras de emergencia durante los próximos dos años. Esa cantidad se suma a los más de 200 millones que la Comunitat lleva ya gastados desde que se declaró la pandemia, lo que le ha permitido hacer acopio y tener cubiertas las necesidades de los próximos seis meses.
Con esta licitación, de la cual el Consell toma razón este viernes, el Gobierno valenciano se desmarca del Ministerio de Sanidad e irá por libre en la compra de suministros para hacer frente a la crisis sanitaria. De hecho, la Comunitat es la única autonomía que ha decidido quedarse al margen de la compra conjunta de 2.500 millones en material sanitario impulsada por el Gobierno central al entender que las exigencias que se imponen a las empresas excluyen a muchas pymes locales, particularmente valencianas.
El contrato impulsado por la comisionada de la Generalitat para las compras de emergencia vinculadas a la pandemia, María José Mira, tiene una duración de un año prorrogable por meses hasta otro año más y se divide en dieciséis lotes para la compra de material fungible como batas, delantales, buzos, gorros, calzas y mascarillas.
Al tratarse de un acuerdo marco con varios empresarios, no es necesaria una nueva licitación para la adjudicación de los contratos, todos ellos tramitados por emergencia.
Los contratos se formalizarán por petición directa de la Conselleria a las empresas que presenten la oferta económica más baja para cada lote, pero el Consell se reserva la potestad de adjudicar los contratos en función de otros criterios como la proximidad y la agilidad para servir el material, siempre de forma razonada en el expediente.
Por el contrario, el contrato promovido por el Gobierno central, que calcula un ahorro de más de 300 millones, se adjudicará en función de precios unitarios máximos calculados teniendo en cuenta los que hay en el mercado, previa consulta a los servicios de salud de las comunidades autónomas.
Al desmarcarse del Ministerio de Sanidad, el Consell pretende compensar la marginación que a su juicio se impone en el acuerdo marco estatal a las empresas locales, sobre todo a las del textil. Por ejemplo, para acreditar la solvencia económica en el acuerdo marco promovido por el departamento que dirige Salvador Illa, se exige a las empresas una facturación igual o superior al valor estimado de los lotes a los que se presenten.
En el caso de las batas, uno de los productos que ya fabrican empresas textiles de la Comunitat Valenciana, ninguno de los lotes baja de los 150 millones de euros y algunos llegan a los 360 millones. Según el Consejo Intertextil Español, son condiciones inalcanzables para la mayoría de la industria autóctona, lo que hará que el grueso de las compras se las lleven grandes multinacionales y empresas extranjeras.
Por ello, la organización empresarial reclama al ministro de Sanidad Salvador Illa una "revisión inmediata" de los criterios de las compras públicas previstas en la licitación con el fin de incluir a empresas de proximidad y productos más sostenibles.
Al margen de su intención de facilitar la participación del cluster sanitario valenciano surgido con la pandemia, "estratégico" para el Gobierno valenciano, la Generalitat no tiene urgencia por proveerse de material.
En la actualidad dispone de al menos 6.500.000 batas, 625.000 buzos, 3.500.000 calzas, 530.000 delantales, 640.000 gafas, 1.200.000 gorros, 105.000.000 guantes o 55.000.000 mascarillas almacenados en Feria Valencia, un material que cubre las necesidades de los próximos seis meses.
Por ese motivo, los plazos previstos en el acuerdo marco valenciano son más amplios que los del acuerdo estatal, que apenas da una semana los licitadores para preparar sus ofertas.
