VALÈNCIA. La parcela sobre la que se asienta la Fe, el megahospital inaugurado por el Consell de Camps en 2010 tras invertir más de 341 millones de euros, no está inscrita a nombre de la Generalitat en el Registro de la Propiedad. La titularidad del suelo se encuentra en fase de inscripción por parte de la Conselleria de Sanidad, según reconoce la Fundación para la Investigación de este centro en la memoria que acompaña a sus cuentas de 2016, recientemente publicadas en el portal de transparencia de la Generalitat.
Al margen no poseer los derechos jurídicos sobre el inmueble, esta circunstancia le puede salir cara a la citada fundación pública, ya que el Ministerio de Economía mantiene abierto un expediente en el que le reclama la devolución de 2,8 millones de euros de una ayuda concedida a la entidad cuyo destino no ha podido justificar al no disponer de la titularidad del edificio en el que se están acometiendo las inversiones objeto de la ayuda.
Según se explica en la memoria de la fundación, el hospital La Fe ha cedido de manera temporal a la Fundación de Investigación los espacios que ocupa en la la Torre A–Biopolo La Fe mientras se completa el procedimiento administrativo de la inscripción en el registro.
Para evitar tener que devolver el dinero, el 23 de enero de 2015 se levantó un acta notarial "constatando la existencia de las inversiones realizadas" en la Torre A de la Avenida Fernando Abril Martorell 106, por lo que los administradores de la entidad no aprecian riesgo en el que el proceso prospere y pueda derivar en el reintegro de las cantidades abonadas por el Ministerio de Economía.
No obstante, insisten en que cuando se produzca la inscripción definitiva del suelo en el Registro de la Propiedad a nombre de la Conselleria de Sanidad, "se procederá a la oportuna cesión demanial sobre las instalaciones correspondientes de la Torre A en favor de La Fundación La Fe".
Sin embargo, la Intervención de la Generalitat no lo tiene tan claro. De hecho, el ente de fiscalización dependiente de la Conselleria de Hacienda y por la firma privada BDO no firman el Informe de Auditoría –cuyo contenido adelantó este lunes El Mundo– por el "efecto muy significativo" que esa circunstancia puede tener sobre las cuentas aprobadas por la entidad.
El motivo es la existencia de un flujo de facturación sospechoso con la mercantil Advanced Bioanalytical Services, una firma constituida en 2013 y participada al 100% por la Fundación para la Investigación del Hospital La Fe que fue liquidada en octubre de 2017.
Según relatan los auditores, esta sociedad venía facturando a la Fundación una serie de importes desde 2014 por servicios prestados por las plataformas de investigación de la propia fundación a investigadores internos.
La Intervención destaca que la Fundación utilizaba esas mismas facturas para la justificación ante organismos públicos de los gastos asociados a proyectos subvencionados con fondos públicos. "Desconocemos los efectos económicos que esta práctica pudiera tener en caso de revisión de este tipo de gastos por los organismos concedentes de las ayudas", subrayan los auditores antes de detallas el expediente de revocación que el Ministerio de Economía mantiene abierto contra la fundación.
También aseguran que, en el momento de emitir –que no firmar– el informe de auditoría aún se desconocía el desenlace final de este procedimiento y sus posibles efectos en las cuentas anuales.
La auditoría contable de Advanced Bioanalytical tampoco cuenta con la firma de los auditores, que en este caso son la Intervención de la Generalitat y Grant Thornton. En el documento, relatan que todos los ingresos de la firma proceden de único socio, la Fundación para la Investigación de La Fe, "a pesar de no contar con personal ni medios materiales para prestar los servicios correspondientes a estas operaciones".
Al final del ejercicio, los mismos servicios son nuevamente facturados por la Fundación a su filial, "generando un flujo monetario equivalente, en primera instancia de la Fundación a la Sociedad y posteriormente de la Sociedad a la Fundación".
Los técnicos profundizan más en este asunto tanto en la auditoría de cumplimiento de la legalidad como en la que fiscaliza la operativa de la fundación. En este segundo informe se describe cómo la filial Advanced Bioanalytical Services fue empleada por la Fundación para la Investigación de la Fe para la justificación de subvenciones públicas a proyectos de investigación a través de un circuito de "facturación recíproca" descrito en la auditoría.
Del análisis del mismo, los auditores concluyen que la facturación de Advanced Bioanalytical Services a su socio único, la Fundación de la Fe, "no responde a una prestación real de servicios realizada por parte de dicha entidad". "Las facturas emitidas por Advanced no documentan operaciones económicas reales", subrayan.
Desde marzo de 2016, coincidiendo con el cambio del director general de la entidad, se abandonó progresivamente esta práctica y se aplicaron unas tarifas de precios a los servicios, tarifas "aprobadas por los responsables científicos de cada plataforma o servicio, con el visto bueno de la dirección de la Fundación y que son empleadas para la justificación de ayudas financiadas con fondos públicos".