VALÈNCIA. El primer informativo ofrecido por À Punt, el domingo 10 de junio de 2018, provocó con una monumental bronca entre su dirección y el Partido Popular. En el noticiario se puede escuchar y ver como la locutora dice que el Partido Popular votó en contra de de la Ley de 2015 que permitía la recuperación de la radio y la televisión valencianas, cuando realmente lo que hizo fue abstenerse. También se dijo en el mismo informativo que los populares habían votado en contra de de la gratuidad de la AP7, cuando habían votado a favor.
Estos errores, dos en un mismo espacio el día del estreno, llevaron a que el partido que preside Isabel Bonig pidiera un derecho de rectificación en tiempo y forma a la cadena que dirige Empar Marco. Sin embargo, desde À Punt no se rectificó sino que optó por, en los posteriores informativos desde la recepción del burofax de los populares, corregir el error. Lo que para los directivos de À Punt es una rectificación de facto, para los dirigentes del PPCV no lo es, de ahí que exijan que la cadena pública entone el mea culpa en antena y de forma expresa.
Transcurrido el plazo y viendo que no se rectificaba tal como viene previsto en la ley, los servicios jurídicos del partido interpusieron una demanda contra la televisión pública valenciana. Esta semana, la abogada de la Generalitat enviaba un escrito al Juzgado de Primera Instancia número 5 de Paterna, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, diciendo que la demanda por el derecho de rectificación les fue notificada el 14 de noviembre y que solicitaban "la suspensión del curso de los autos por un plazo de 25 días".
La Abogacía de la Generalitat lo hizo amparándose en una disposición que dice que en los procesos civiles que se dirijan contra el Estado, sus organismos autónomos, entidades públicas dependientes de ambos, el abogado del Estado recabará los antecedentes para la defensa de la administración, organismo o entidad representada y que, "al recibir los autos el juez acordará la suspensión del curso de los autos, salvo que, excepcionalmente, y por auto motivado, se estime que ello produciría grave daño para el interés general". Y añaden que el plazo de suspensión será fijado por el juez.
Lo que a las fuentes demandantes les llama la atención, y en particular al jefe de los servicios jurídicos del PPCV, Jorge Carbó, es el hecho de que se necesiten 25 días para saber si hay que rectificar o no, ya que en el vídeo se aprecia "claramente" que lo que dijeron que había votado el partido conservador no se ajustaba a la realidad de los sucedido.
En la demanda del PPCV se explica que respecto a la AP7, "el PP siempre ha apostado a favor de la gratuidad a partir de 2020, aponiéndose a la prórroga de la concesión de la citada autopista de peaje entre Tarragona y Alicante, como demuestra el hecho de que votara a favor de la PNL, apoyada por todos los grupos".
Para acreditar que el informativo de À Punt no dijo la verdad, en la demanda se adjunta como documentación los cortes del informativo, así como los diarios de sesiones de Les Corts en los que vienen reflejadas las dos votaciones de la discordia.