La Generalitat pierde otro juicio por la parálisis de Sociópolis y ya suma 5,3 millones en sanciones

VALÈNCIA. Nueva derrota de la Generalitat en La Torre por la parálisis en la urbanización del PAI durante la crisis, donde ya suma -según precisan fuentes oficiales- 5,3 millones en sanciones tras denuncias de promotoras. Según explica a este diario la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), la Audiencia Provincial de Valencia acaba de dictar una nueva sentencia que ratifica una condena impuesta previamente por el juzgado sobre un solar del llamado barrio de Sociópolis.

El dictamen da por resuelto el contrato de venta de una parcela suscrito en 2008 por el extinto IVVSA (hoy EVha) con la empresa Crea 07 SL, perteneciente al grupo alicantino Ecisa, "al haber incumplido la obligación legal de entregarlo urbanizado para su construcción".

"La citada sentencia reconoce que la decisión tomada el mes de febrero de 2012 por el IVVSA, en aquel momento presidido por la entonces consellera Isabel Bonig (actual presidenta del PPCV), de paralizar definitivamente las obras de urbanización del Sector de la Torre, supuso un incumplimiento de la obligación contractual asumida por la Generalitat", afirma la entidad.

Y por este motivo la administración "debe devolver a la empresa la cantidad abonada por en su momento por la compra del solar (más de 2,7 millones de euros más los correspondientes intereses)", según relata la firma pública a este periódico.

Dicha condena se suma a la que impuso hace unos años otro Juzgado a la Generalitat, de otros 2,3 millones de euros por los costes y liquidación del contrato de urbanización dicho Sector del barrio de la La Torre, suscrito por parte del IVVSA con la empresa Enrique Ortiz e Hijos y aprobada el año 2011.

Una sentencia a favor

Por contra, tal y como informó este diario, otra reclamación presentada a la Generalitat, en este caso tramitada por la vía de la responsabilidad patrimonial, ha sido desestimada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Se trata de la iniciada el año 2015 por la empresa Proara, que reclamaba una indemnización de más de 7’5 millones por la paralización de las obras y cuya demanda no ha prosperado "por la prescripción del derecho a reclamar, al haber transcurrido más de un año desde que se produjo el hecho hasta el momento en que se formuló dicha reclamación", según la entidad. La reclamación total ascendía a 8,7 millones, según la sentencia.

La firma subraya al respecto que con el cambio de Gobierno la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Terriotorio, dirigida por la socialista María José Salvador, decidió reactivar las obras de urbanización, una actuación que ya ha sido concluida e inaugurada para su uso público y residencial.