El conseller Héctor Illueca. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Conselleria de Vivienda prepara una nueva normativa para regular en la Comunitat Valenciana la vivienda de protección pública (VPP), antes conocida como VPO. Una regulación para unificar y simplificar en un mismo texto la legislación actual, y que incluye importantes novedades como la actualización de precios, la calificación permanentes de estos inmuebles y la introducción del régimen del alquiler. Pero, además, también recoge la posibilidad de que la Administración valenciana pueda comprar hasta el 50% de las viviendas de una promoción privada para destinarlas al alquiler.
Así consta en la normativa que perfila el departamento que dirige Héctor Illueca y que ha sido participada con el sector, a través de una comisión negociadora para sacar adelante una norma que llevaba más de una década sin actualizarse. De hecho, los agentes privados llevaban años reclamando una revisión porque la legislación vigente, principalmente en materia de precios, hacía imposible promover este tipo de inmuebles.
De esta forma, además, de actualizar los módulos y eliminar las zonas geográficas en la autonomía valenciana, el texto también incluye la posibilidad de reserva de viviendas de promoción privada de protección pública por parte de la Generalitat para su posterior adquisición y puesta en alquiler. El objetivo de esta casuística es atender la emergencia habitacional, ampliar el parque público de viviendas y cumplir con las necesidades de carácter social en materia de vivienda.
En concreto, la Generalitat ostentará el derecho a pronunciarse sobre la reserva de hasta un 50% de una promoción privada destinada a la venta venta para su posterior compra. Sin embargo, solo podrá hacerlo en los desarrollos que se encuentren ubicados en municipios incluidos en una de las Áreas de Necesidad de Vivienda (ANHA), es decir, aquellas localidades en las que hay una oferta insuficiente para la demanda existente, así como en zonas en riesgo de despoblación.
La reserva se efectuará durante el proceso de obtención de la calificación provisional de la promoción y podrá ser de hasta el 50% de los inmuebles. La resolución se notificará "de manera expresa y fehaciente" al promotor y en ella se señalará el porcentaje y las viviendas sobre las que se ejercerá la reserva, así como el importe a satisfacer con indicación de la partida presupuestaria y las razones que justifican la futura compra. Ejercitada la reserva, será de aplicación la percepción de cantidades a cuenta como cualquier otro adquirente.
Una vez se obtenga la calificación definitiva de los inmuebles, se procederá a formalizar la adquisición mediante la escritura pública. La Generalitat podrá renunciar a la adquisición únicamente por causas justificadas de carácter presupuestario o debido a posibles modificaciones durante la tramitación de la calificación que supongan cambios que no permitan que los inmuebles sean adecuados para fines sociales.
Dada la vocación que hay por incentivar el alquiler asequible, la Conselleria arrendará los activos a colectivos desfavorecidos o vulnerables como personas mayores, jóvenes o personas con diversidad funcional. Principalmente se dirigirán a rentas superiores a 2,5 veces el IPREM. "Lo que buscamos es incentivar el alquiler y generar una convivencia entre propietarios e inquilinos para impedir la estigmatización de ciertos colectivos y generar guetos", destacan desde Vivienda.
Por el momento, la norma todavía se está ultimando en el seno de la Conselleria con el objetivo es que pueda salir adelante este mismo verano. Sin embargo, lo que se pretende es reactivar la VPO en la Comunitat y, especialmente, incentivar también el alquiler en régimen de protección.
