VALÈNCIA. El trayecto ha llegado a su fin después de medio curso de abrupto itinerario para adjudicar el contrato de servicios de transporte escolar en la Comunitat Valenciana. La Generalitat ha hecho frente a una guerra de recursos sin precedentes, con una situación especialmente conflictiva en la provincia de Alicante, durante la que ha mantenido numerosas mesas de negociación con los sindicatos. La aprobación de la licitación ha intentado ser salomónica, en la medida que se han repartido los lotes entre las distintas UTE, poniendo en igualdad de condiciones a los dos contrincantes alicantinos más notorios.
Así, dentro de dicha provincia, los grupos más beneficiados son la UTE Ángel Mariano Molla (que se queda con los lotes A1, A3, A3, A10) y la UTE Pedro Valdés e Hijos, en sus dos variantes de Aracil y Cabranes, (con la UTE A9, A11 y A12). Únicamente les separa un lote. Por su parte, la UTE Mar Menor-Iberocar-Belmonte operará con los lotes A4 y A8, mientras que el A5 es para la UTE de Autobuses Dènia y el A7 para la UTE Llorente Bus. El lote A6 ha quedado finalmente desierto al ser descalificada la única oferta recibida.
Una situación que se simplifica notoriamente en el resto de la Comunitat. En el caso de Castellón, prácticamente todos los lotes van para la UTE Castellón Escolar 2016 (C1, C2, C3, C4, C6), agrupación a la que pertenecen prácticamente todas las empresas de la provincia. Únicamente el lote C5 queda para la UTE Viajes Massabus y Mundobus.
Sucede lo mismo en la provincia de València, donde todos los lotes se adjudican a UTE Valencia-16 (desde el V1 al V6), liderada por Transvia y que agrupa a la mayoría de los operadores de la provincia, en lo que supone una concentración total del contrato de servicios.
El importe total de la adjudicación es de 144 millones de euros, IVA incluido. De él, cerca de 21,2 millones se van a parar a Ángel Mariano Molla, mientras que Pedro Valdés e Hijos se queda en los 16 millones. Precisamente Molla optaba a los lotes A9, A11 y A12, que serán finalmente para Valdés y que han generado buena parte de la disputa. Los sindicatos acusaban a este último de tener una flota de vehículos insuficiente para operar dichas rutas, pero la Justicia finalmente respaldó su situación.
El problema viene postergándose desde el curso pasado, cuando la Conselleria de Educación decidió paralizar el concurso del transporte escolar que había diseñado el Gobierno del PP. Lo hizo porque no estaba de acuerdo con su criterio de repartición. En lugar de entregar un lote por provincia, la intención de la nueva Generalitat era hacer valer la fórmula tradicional de trocear en varios lotes cada uno de los territorios provinciales. Esto genera un total de 24 para la Comunitat: 6 en Valencia, 6 en Castellón y 12 en Alicante. En la última se dan el doble que en las demás por complejidad territorial, lo que también incrementa el conflicto.
Cuando se publicó la lista provisional de asignaciones, en ningún caso definitiva, se generó una guerra de alegaciones sin precedentes entre los distintos grupos de empresas. La Generalitat optó por atender algunas de ellas, hasta el punto de que la Mesa de Contratación de la Generalitat excluyó a tres licitadoras de la provincia de Alicante, entre ellas las de Pedro Valdés. Sin embargo, poco después el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, adscrito al Ministerio de Hacienda, estimó dos de los recursos interpuestos por los afectados de este procedimiento y el Consell se vio obligado a readmitirlos.
El conseller de Educación, Vicent Marzà. Foto: EVA MÁÑEZDebido al retraso con el que llega el anuncio, habrá que ver si el concurso de transporte escolar comienza aplicarse a partir de este curso o se retrasa al 2017/18. En este último supuesto, se seguiría operando como hasta la fecha, en base a los contratos anteriores. "Si no hay recursos, la licitación se activará automáticamente, pero si los hay, quedará para el próximo curso", aseguraban desde la Conselleria hace unas semanas, cuando se alcanzaba el ecuador del curso sin ninguna solución sobre la mesa.
Corresponde a las empresas adjudicatarias formalizar el contrato desde la publicación del anuncio. Por su parte, la Generalitat tendrá que devolver las cantidades de constitución de garantía a las empresas finalmente excluidas. En concreto, han sido TravelPym y Ute Congost Avant Grup. También Ángel Mariano Molla, por los lotes A9, A11 y A12 a los que pretendía optar, pese a que finalmente han quedado en manos de Valdés.
