La Generalitat recurre el archivo de la pieza de Valmor en la que estaba imputado Camps

VALÈNCIA. La Abogacía de la Generalitat ha presentado este miércoles un recurso de reforma contra el archivo de la pieza principal del caso Valmor en la que se investigaban presuntas irregularidades en la organización de la Fórmula 1 en València y en la que solo quedaba como imputado el expresidente de la Generalitat Francisco Camps.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de València dictó el sobreseimiento provisional de la principal pieza de este caso tras cuatro años de investigación al estimar que la larga "actividad instructora" no permite llegar a la conclusión de que existan "serios indicios de delito de malversación de caudales públicos y de prevaricación".

En su escrito, la Abogacía considera que existen "serios indicios de criminalidad" contra el expresidente Francisco Camps por lo que solicita la continuación de la investigación sobre las negociaciones para la organización de la Fórmula 1 a través de Valmor y la posterior absorción de esta sociedad por parte de la empresa pública Circuito del Motor.

La Abogacía pide la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, previa unión de esta pieza principal con la pieza segunda –la compra de Valmor por Circuit del Motor–, así como la declaración como investigados del expresidente Camps y de Belén Reyero, asesora del presidente y posterior encargada de eventos en la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), así como de las personas que resulten presuntamente responsables de los hechos objeto de investigación.

Según informa el Consell, el recurso de la Abogacía se basa en argumentos estrictamente técnicos y en defensa del interés público de los valencianos. "Todas las actuaciones de la Generalitat van encaminadas al cumplimiento de la ley y a la necesidad de que los responsables de los casos de corrupción que resulten acreditados devuelvan el dinero", sostienen fuentes del Ejecutivo valenciano.

La Abogacía defiende que tanto a través de los informes de la UDEF, como de los correos electrónicos y de las declaraciones que obran en la instrucción –entre ellas del exvicepresidente Vicente Rambla- resulta evidente la intervención de Camps y de Reyero en los hechos objeto de investigación, así como la relevancia penal de éstos.

En el recurso se advierte que los hechos evidencian "cómo se comprometió todo el sector público autonómico en un negocio que se sabía ruinoso desde el inicio, y para el que se eludieron deliberadamente los controles más rigurosos de la Administración autonómica, interponiendo sociedades mercantiles públicas, sobre cuyos actos y decisiones no existió ningún control o fiscalización, ni de la Intervención de la Generalitat ni de la Abogacía de la Generalitat".

La Abogacía de La Generalitat defiende que el sobreseimiento está justificado solo cuando no existe duda de que el hecho es atípico o que el investigado es indefectiblemente inocente. En caso contrario, si se cierra el procedimiento de instrucción en casos más o menos discutibles, se cercena de forma prematura y forzada el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva.

La Abogacía cita como jurisprudencia casos con resultado ruinoso a sabiendas para las arcas públicas como la reciente sentencia del Tribunal de Cuentas, del 27 de diciembre, de la Sección de Enjuiciamiento, que condena a los miembros dfe la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Madrid, en un procedimiento por alcance, por la venta de viviendas públicas a un fondo de inversión especulativo.