Foto: Pepe OlivaresVALÈNCIA (EP). La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha puesto ya en marcha el recurso contra la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de "recortar" a tan solo 7,5 hectómetros cúbicos el envío de agua del Tajo-Segura, "en contra de la propuesta de los informes técnicos y de las condiciones establecidas en el acuerdo de explotación".
Mollà, que el pasado miércoles lamentó la "contraorden ministerial" que conduce a la "muerte silenciosa" del Tajo-Segura, ha exigido en un comunicado el cumplimiento "indiscutible e irrenunciable" al memorándum y a las recomendaciones de la comisión técnica "que avalaban la transferencia de 19,6 hm3 para riego y abastecimiento".
"Recurriremos la decisión que castiga injustificadamente y por segundo mes consecutivo a los regantes alicantinos. El Ministerio nos tendrá de frente en esta intención --en referencia al cierre del Tajo -Segura -- que no vamos a tolerar ni por acción ni por omisión", aseguró la consellera al conocer el recorte hídrico, que se publicó en el BOE del viernes 20 de diciembre.
El recurso reclama acatar las reglas fijadas por la Comisión de Explotación con el fin de garantizar la "seguridad jurídica" para los regantes de los pueblos y comarcas de Alicante.
Mollà ha rechazado cualquier intento que, "amparándose en dudosas justificaciones, condene la supervivencia de nuestra agricultura y haga pagar a los regantes del sur de Alicante el deterioro del Mar Menor".
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha pedido por su parte que se respete el Memorando de Entendimiento sobre el funcionamiento del trasvase Tajo-Segura y ha reiterado que su gobierno utilizará "todos los recursos", incluidos los de carácter legal, para que los regantes, en especial los del sur de la provincia de Alicante, tengan agua.
Así se ha pronunciado en atención a los medios en una visita al centro de salud de Morella (Castellón), donde ha recalcado que la Generalitat no quiere "ninguna guerra del agua porque no producen ningún beneficio a nadie".
"Lo que exigimos es el agua que necesita el sur de la provincia de Alicante, fundamentalmente, porque es de justicia que los regantes tengan ese agua para desarrollar una agricultura, que es la huerta de Europa", ha manifestado.
Por ello, ha insistido en que reivindicarán "siempre" que se cumplan "las reglas del juego, que dicen que lo que ha dicho la Comisión Técnica se debería aceptar por parte del Ministerio".
"Y vamos a utilizar todos los recursos, también los de carácter legal, porque los regantes tienen derecho al agua y para nosotros el trasvase del Tajo es irrenunciable", ha concluido.
El Gobierno murciano ha anunciado también la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional por el último trasvase Tajo-Segura del Ministerio para la Transición Ecológica para regadío en diciembre, a pesar de contar con los informes técnicos favorables.
Así lo ha confirmado el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, quien ha advertido: "Agotaremos todas las vías legales para que el Gobierno de la nación nos dé el agua que nos corresponde".
Se trata de una decisión "injustificada y arbitraria", por lo que se inicia la vía judicial tras conocer "este último ataque del Gobierno de la nación al trasvase Tajo-Segura".
El Ejecutivo regional ha dado el visto bueno a la interposición de un recurso contencioso administrativo ante la decisión, formalizada mediante la publicación el pasado viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Orden por la que se autoriza un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del Acueducto Tajo-Segura, de 7,5 hm3 para el mes de diciembre de 2019.
Anteriormente, se envió un requerimiento previo por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente al Ministerio por la anterior decisión, adoptada en el mes de noviembre, de no trasvasar tampoco entonces agua para riego, ha recordado Luengo.
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, espera que el Gobierno central "rectifique" en relación a la "injusta" decisión adoptada para "cortar" el trasvase del Tajo-Segura, ya que los agricultores y regantes afectados en la provincia de Almería "no se merecen esto" cuando "no hay razón objetiva" para adoptar dicha medida.
Así lo ha indicado en declaraciones a los medios antes de participar en un acto en Almería, donde ha recordado que ha solicitado una reunión con la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribero, para abordar esta cuestión y "revisar" dicha decisión formalizada el pasado viernes mediante su publicación en el BOE.
Crespo ha indicado que las decisiones del Ejecutivo en funciones están ya "afectando" tanto el Gobierno de la Junta como a su propia cartera. "Andalucía está creciendo y hay que tener un respeto a esta comunidad autónoma, que está haciendo esfuerzo importante para crecer por encima de lo que hacía antes", ha asegurado.
En esta línea, ha recalcado que en el último año han subido un cinco por ciento las exportaciones de los productos agroalimentarios andaluces --un nueve por ciento en el caso de Almería--, si bien este trabajo lleva a afrontar "retos fundamentales" en 2020, por lo que en enero se va a celebrar una reunión a nivel regional con el sector de las frutas y hortalizas.
