FOTO: GVAVALÈNCIA. (EP) La Generalitat se ha propuesto reducir el tiempo de tramitación de los contratos públicos de los 140 días de media actual a unos 80, con el objetivo de agilizar la gestión de los fondos europeos. También quiere aumentar el ritmo y pasar de 250 a 400 contratos mensuales.
Así lo ha explicado la consellera de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, en una rueda de prensa que ha ofrecido para presentar las conclusiones del informe de las medidas para la modernización administrativa elaborado por un grupo de expertos en derecho administrativo liderados por el profesor José Luis Martínez Morales.
Durante su intervención, Bravo ha destacado que "miles de puestos de trabajo dependen de la celeridad" de la gestión en los contratos, y ha incidido en que "no puede haber excusas ni dilaciones para que la administración sea un agente facilitador de progreso y justicia social". "No puede ni debe convertirse en un obstáculo", ha aseverado.
Según Bravo, el informe "contiene un diagnóstico integral", que ha considerado "necesario" para poder analizar las medidas más adecuadas. De las propuestas que contiene, según ha adelantado, "parte de ellas ya se han incorporado en el decreto ley de gestión de fondos europeos".
Estas propuestas "no solo garantizan el control y la seguridad en los procedimientos", sino también favorecen la "tramitación por urgencia de los expedientes vinculados a proyectos europeos".
Si bien el informe es consultivo y no tiene carácter vinculante, Bravo ha anunciado que lo trasladará al resto de departamentos y subsecretarías para que lo estudien y puedan incorporar medidas que se reflejan. En total, incluye cinco ejes con 18 líneas de actuación y 63 propuestas.
En concreto, en contratación pública se proponen nueve líneas de medidas y 31 propuestas de acciones; en convenios administrativos y subvenciones, tres líneas de medidas con 14 propuestas de acciones; en personal y organización, cuatro líneas de medidas con 10 propuestas; en simplificación administrativa hay una línea con cuatro propuestas y en prevención de irregularidades, otra línea con tres medidas.
La consellera ha destacado que la administración "no puede convertirse en un embudo con el que tropiece cualquier proyecto". "Tenemos que ser el motor agilizador", ha incidido, y ha remarcado la importancia de la colaboración público-privada, "indispensable para la recuperación".
En esta línea, ha señalado que el informe es "heredero" de la alianza 'Alcem-nos', alcanzada el año pasado entre Generalitat, agentes económicos, instituciones y partidos.
En los diferentes ejes, el informe apunta varias deficiencias y problemas. En contratación, los procedimientos de gestión "se dilatan temporalmente en exceso", existe una ausencia de planificación estratégica y no hay un órgano especializado con competencias exclusivamente en materia de contratación pública a nivel de Dirección General.
También hay duplicidades en informes preceptivos, la inclusión de cláusulas de innovación "dista de ser frecuente" y existe una "escasa" utilización del procedimiento abierto simplificado.
Como soluciones, se propone la creación de una Dirección General de contratación, con funciones exclusivamente sobre esta materia, que ejerciera como un "órgano altamente especializado en tramitación de expedientes de contratación y adjudicación de contratos públicos". Esta dirección debería estar integrada en Hacienda y deberá poner en marcha una Mesa General Permanente de Contratación.
Otra de las medidas que se destacan es la ampliación del uso de la declaración responsable. Así, se prevé que en un año el Consell apruebe un plan de simplificación que incluirá el inventario de procedimientos administrativos en los que la aportación inicial de documentación por los solicitantes se sustituye por una declaración responsable o, en el caso de autorizaciones o licencias, por una comunicación, así como la concreción de las reformas legales necesarias para su implementación.
En cuanto a prevención de irregularidades, también se propone la creación de un canal específico, confidencial y seguro, para la presentación de denuncias y alertas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental.
