Carlos Mazón, president de la Generalitat. Foto: ROBER SOLSONA/EPVALÈNCIA. Parecía que el teletrabajo había llegado con la pandemia para quedarse. También en la administración pública (aunque no al completo). Sin embargo, al Gobierno de Carlos Mazón no acaba de encajarle el modelo. Desde la entrada del popular a la presidencia de la Generalitat, se han revocado diversos planes de teletrabajo en entes del sector público como el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) o en Turisme Comunitat Valenciana. Este lunes, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicaba la resolución de desestimación de un recurso interpuesto por trabajadores de este último, ante a la decisión de la conselleria de Nuria Montes de finalizar dicho plan.
En 2021, tras más de un año de pandemia, el Govern del Botánic reguló un marco general para los programas de teletrabajo de los diferentes entes de la administración valenciana. Éste se aprobó en el V Acuerdo de la Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat y estableció en un máximo de tres días la opción voluntaria de trabajar a distancia, en planes diseñados por cada organismo y cuya duración máxima sería de un año prorrogable por periodos de la misma temporalidad. Una vez llegado el vencimiento, si el ente no manifestaba lo contrario, éste sería prorrogado.
Tras más de un año de Mazón en el Gobierno, los planes han vencido allí donde estaban implantados, y aunque algunas divisiones como la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTIC) o Vaersa han decidido reformularlos y mantener la opción de un día a la semana frente a los tres iniciales, desde la conselleria de Montes no comulgan con la fórmula y, por el momento, no han planteado una alternativa más allá de la eliminación. Una decisión que, según consta en le resolución, está respaldada por la necesidad de reevaluar el plan tras el paso del conglomerado turístico de Presidencia a la Conselleria de Turismo.
Según el acuerdo mencionado anteriormente, y aprobado en el Gobierno de Ximo Puig, el trabajo a distancia no solo es clave para momentos excepcionales como los acontecidos en la pandemia, sino también "fundamental para favorecer el asentamiento y la fijación de población en el medio rural". "La figura del teletrabajo como forma de trabajo a distancia estimula cambios organizativos en las entidades y fortalece la formación y empleabilidad de las personas trabajadoras", señala el texto. "Asimismo, disminuye la contaminación en tanto decrece el número de desplazamientos y el uso de los vehículos privados y, potencialmente, tendrá efectos positivos en la emisión de gases con efecto invernadero".
Como se apuntaba, estas medidas han afectado principalmente a entes de la Conselleria de Turisme e Industria, donde también se encuentra Ivace, y que fue uno de los entes pioneros en incorporar el teletrabajo bajo la dirección del conseller Rafael Climent. A pesar de que los sindicatos señalan que se habría mantenido un día de trabajo a distancia de manera informal, trabajadores del mismo acudieron a la justicia para recuperar este derecho por la vía de la conciliación.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) estimó el recurso de una trabajadora del organismo público, que solicitaba seguir teletrabajando en las mismas condiciones que tenía durante la pandemia. La petición fue denegada por la dirección del Ivace, pero el TSJCV reconoce que esta trabajadora, con dos hijos menores de 12 años, tiene derecho a adaptar la jornada a esta modalidad laboral "con el fin de hacer efectivo su derecho a conciliar la vida familiar y laboral".
En este sentido, se considera infringido el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores (ET), en el que se recoge que "las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo (…) incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación". En este caso, el alto tribunal reprocha a la administración que ni siquiera abriera un proceso para negociar la petición de la demandante.
Después de varias resoluciones contrarias, la parte recurrente centró la reclamación en ese "derecho a ajustar la jornada laboral con fines de conciliación" recogido en el ET, algo que la sala considera un "derecho con impacto constitucional" por los hijos menores a cargo que tiene la persona demandante. Una sentencia que abre la puerta a que trabajadores en situaciones similares del sector público puedan reclamar los mismos derechos.
De hecho, está petición constaba en el recurso realizado desde los empleados de Turisme Comunitat Valenciana, que solicitaban que los trabajadores con responsabilidades familiares (hijos menores, padres mayores, familia con diversidad funcional, etcétera) se les autorizara la adaptación de su jornada de trabajo para continuar teletrabajando, "de forma inmediata y sin dilaciones". Tras el no de la conselleria, no descartan acudir de forma individual al contencioso-administrativo en busca de la misma respuesta que han obtenido de la justicia trabajadores del Ivace.
Desde UGT, cuyo sindicato ha respaldado las medidas judiciales contra esta decisión, han solicitado una nueva comisión de diálogo del Sector Público para homogeneizar las condiciones en los diferentes entes, dado el "retroceso" que está sufriendo el teletrabajo en la administración de la Generalitat "como consecuencia del cambio de Gobierno y de la alta discrecionalidad a la hora de aplicar la normativa y aprobar los diferentes programas de teletrabajo". "Todas las consellerias lo están reduciendo, pero algunas lo hacen con más ganas que otras, y no puede ser que no haya un criterio homogéneo", señalan.
Mientras, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también ha alertado en varias ocasiones de "la escasa aplicación" del teletrabajo en la Generalitat, pese a cumplirse tres años del decreto que lo regula, y ha instado a renegociar una nueva legislación que lo considere un derecho. El sindicato lamentaba en un comunicado del mes de abril que "si la anterior Administración lo dejó al criterio de cada subsecretaría y apenas lo trasladó a la práctica", la actual "no solo no renegocia para mejorar el actual decreto, sino que está dejando morir por inacción esta forma de trabajar".
Según cifras de UGT de finales de 2023, desde que el decreto que regula el teletrabajo entró en vigor se han presentado 30 programas de teletrabajo por parte de 14 departamentos que afectan a un total de 3.973 puestos. Como el total de empleados públicos asciende a 19.900, los puestos susceptibles de teletrabajar están por debajo del 20%. El informe, que UGT elaboró al respecto antes del cambio de gobierno, reveló que hay organismos que no habían presentado ningún programa para teletrabajar (Presidencia de la Generalitat, consellerias de Justicia, Sanidad y Educación, IVIA, Invassat o IVAJ), mientras que otros como Economía habían presentado varios. De hecho, funcionarios de Presidencia llegaron a reclamar durante el Gobierno de Puig la implantación de la fórmula en el área.
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