VALÈNCIA. Reactivar la vivienda de protección pública en un momento de máxima tensión en el mercado inmobiliario. Ese es el objetivo que pretende la Generalitat Valenciana con la modificación de la normativa que regula la VPO en la Comunitat Valenciana. Una reforma muy esperada por el sector, que llevaba meses reclamando una actualización del precio máximo del módulo para poder sacar nuevos proyectos al mercado. Y ese es precisamente uno de los cambios del nuevo decreto: la subida del precio máximo de una VPO de promoción privada de los 2.200 euros el metro cuadrado útil que fija la norma actual del Botànic a los 2.400. Con ello, se busca que favorecer la actividad y, por tanto, la salida de nueva oferta.
Además, el nuevo texto también simplifica administrativamente el proceso e incrementa el nivel de renta máxima para acceder a una vivienda con el fin de aumentar el número de beneficiarios. También, elimina la calificación permanente de este tipo de viviendas, que solo se mantiene en las de titularidad pública, estableciendo así distintos años de protección en el caso de que sean viviendas protegidas de promoción privada, rebajando así las limitaciones para su futura venta.
Otro importante eje de la nueva normativa es la priorización que hace de los menores de 35 años y colectivos vulnerables como familias monoparentales o víctimas de violencia de género. En este sentido, se crea una nueva tipología de VPO con calificación expresa 'joven', lo que implicará que estas promociones vayan destinadas a este colectivo y a familias monoparentales.
Asimismo, con la intención de favorecer el acceso a la primera vivienda y la "emancipación y construcción de un proyecto personal", como reseñó la consellera de Vivienda, Susana Camarero, cualquier promoción o edificio que se construya con calificación de protección pública deberá reservar el 40% de las viviendas para menores de 35 años, independientemente de que el promotor sea público o privado.
"Damos un paso más en nuestro compromiso con la legislatura de la vivienda al aportar soluciones reales y factibles para incentivar la construcción de nuevas viviendas que faciliten el acceso a jóvenes y familias al mercado inmobiliario", subrayó el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, este jueves durante la presentación del nuevo decreto, en un acto que contó con representación de empresarios de la construcción y la promoción, con quienes se ha trabajado desde hace meses en la elaboración de la normativa. De hecho, desde el sector, destacaron a este diario el trabajo realizado por la Conselleria al considerar que abre un horizonte de optimismo para incrementar la oferta en tierras valencianas.
Con esta norma, el gobierno del PP deshace prácticamente el anterior texto normativo elaborado por Unides Podem en la anterior legislatura y revisa al alza el precio fijado en la anterior legislatura. Actualmente, la norma vigente, aprobada en mayo de 2023, fija el valor máximo en 2.200 euros el metro cuadrado útil, pero ahora se eleva hasta los 2.400 euros. Eso sí, será un precio 'tope' y solo en caso de proyectos con calificación de protección promovidos por los agentes privados. El objetivo es hacer más rentables los proyectos y movilizar a los agentes privados, que son los que tienen los recursos.
Y es que con la subida de los costes de la construcción y del suelo, los promotores venían advirtiendo de que no eran viables los proyectos con el precio del módulo actual. En este sentido, durante un coloquio celebrado en la presentación de este nuevo decreto, Begoña Serrano, directora del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), explicó que con el actual valor del módulo, la rentabilidad para el promotor es del 12%, una cifra por debajo del 15% que es la idónea para que una inversión es rentable, según sostuvo. Ahora, con la nueva subida a 2.400 euros, esa rentabilidad estará entre el 16 y 18%.
En cualquier caso, ese será el valor máximo de venta por metro cuadrado, lo que no implica que todas las promociones tengan que alcanzar esos valores. De hecho, se ha creado un 'módulo dinámico' por el que se irá actualizando el precio de forma anual en base a unos parámetros demográficos y de precios, pero que nunca podrá superar ni el máximo que fija la ley ni el precio de la vivienda de renta libre.
Así, este nuevo cálculo se basará en las fluctuaciones de los costes de edificación, la evolución de los precios de mercado de la vivienda libre, la presión demográfica y la evolución de las rentas medias en cada uno de los municipios de la Comunidad Valenciana. Se revisará cada año y en cada municipio de forma que sea lo más preciso posible en base a la situación de cada población valenciana. Por el momento, esos índices de referencia deberán de concretarse, aunque el análisis del precio de la vivienda en cada municipio lo realizará la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València.
"Este módulo dinámico y de actualización anual, tendrá limitado su nivel máximo y permitirá abaratar las viviendas fijando un precio inferior en aquellos municipios en los que se den las circunstancias. De esta forma, se garantiza que el precio de venta para las viviendas de protección pública en la Comunitat Valenciana esté siempre situado por debajo de los precios de mercado para la vivienda libre", remarcó el jefe del Consell.
Por otro lado, el reglamento introduce medidas que facilitan y acortan los plazos para la obtención de las calificaciones, simplificando así los trámites administrativos. Además, se fija el carácter permanente únicamente de las viviendas de titularidad pública, algo diferente a la norma vigente que extiende esta condición también a las privadas.
De esta forma, se rebaja las limitaciones para la futura venta de una vivienda VPO, ya que para aquellas que hayan sido desarrolladas por un agente privado se establece unos años con esta calificación y después se liberalizan en el mercado de renta libre. Así, el periodo de protección será de 30 años para las promociones en suelos calificados para vivienda de protección pública, 20 años para aquellas promociones que se desarrollen en suelos que hasta ahora se destinaban a la construcción de viviendas libres y 15 años para las viviendas calificadas como vivienda joven.
Por otro lado, se incrementa el nivel de renta máximo para acceder a una VPO para familias mayores a su cargo o hijos entre 18 y 35 años, pasando de 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en doce pagas a 14 pagas. También se priorizará a colectivos vulnerables. "Con este decreto queremos incentivar a los promotores a construir más viviendas protegidas, apostando por una mayor simplificación normativa y garantizando la seguridad jurídica", subrayó el 'president'. El objetivo es claro: impulsar "la construcción de viviendas asequibles y accesibles" con el fin de revertir "la carencia de oferta de vivienda de los últimos años y una política ineficaz", insistió.
Por su parte, el director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda UPV, Fernando Cos-Gayón, consideró que el nuevo decreto “va en la dirección adecuada" porque, entre otras cosas, se necesita "vivienda protegida en suelo que no sea protegido y este nuevo decreto establece unos criterios precisos para ello", señaló también durante el coloquio.
Eso sí, también puso nuevos deberes a la Administración. "El INE indica que en 15 años el 33% de las viviendas serán unipersonales, por lo que hay que modificar el tipo impositivo porque gravar con un 10% de IVA la vivienda de personas vulnerables a las que luego tienes que subvencionar es absurdo", reflexionó. De igual modo, abogó por relajar la normativa de construcción en eficiencia energética para viviendas protegidas de alquiler social. "Es impopular, pero otros países europeos ya lo están haciendo porque estar subiendo constantemente el módulo de precio de construcción es insostenible", incidió.
En cambio, desde el PSPV critican esta nueva norma, asegurando que la subida del módulo "aleja a los valencianos de la posibilidad de acceder a una vivienda a un precio asequible". "Mazón ha accedido a las presiones del sector de la construcción. Su política de vivienda es papel mojado”, aseguró la portavoz adjunta del PSPV-PSOE en Les Corts, María José Salvador.