Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Generalitat Valenciana ya prepara una ley para impulsar el cohousing, las viviendas colaborativas en régimen de cooperativa. Una norma que tramita la Conselleria de Vivienda y cuyo anteproyecto recoge, como una de las medidas para promover esta fórmula, ayudas a aquellos que decidan sustituir su vivienda habitual por una vivienda colaborativa y cedan la primera a la administración para alquiler público.
El Consell quiere fomentar las viviendas colaborativas en régimen de cesión de uso, donde el usuario sea copropietario del total del edificio y usuario único de la vivienda. Además, pretende regular todos los tipos de viviendas colaborativas donde los espacios comunes tienen una mayor importancia que la vivienda de uso propio.
Así, en su árticulo 24, la futura norma reza que la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), empresa dependiente de la Conselleria, "abonará la renta prevista para la vivienda colaborativa" a las personas que "voluntariamente cedan la posesión de la vivienda que ocupaban" a la administración autonómica. Ese inmueble, que hasta el momento de la cesión sería la vivienda habitual del propietario, pasará a ser considerada como "parte del parque público de vivienda protegida y será destinada a alquiler social".
Pero esto será algo temporal, claro está. El anteproyecto impulsado por la Conselleria de Héctor Illueca dice que, cuando finalice el contrato de alquiler social suscrito entra la EVha y otro inquilino, la vivienda "será devuelta a su cedente en las mismas condiciones de uso" en que fue entregada, sin perjuicio del "menoscabo derivado del transcurso del tiempo". Una herramienta que permitirá a la Conselleria no sólo fomentar el uso de viviendas colaborativas, sino también aumentar -al menos de manera coyuntural- la oferta pública de alquiler social.
Otra de las medidas que incluye la norma, que está en exposición pública todavía, es extender a las viviendas colaborativas de protección pública el derecho de tanteo y retracto que tiene la administración valenciana. Un derecho que permite tanto a Generalitat como los ayuntamientos que lo deseen intervenir en determinados procesos privados de compraventa de inmuebles para adquirirlos de manera preferente.
Así, sólo en el caso de las coviviendas de protección pública -con características más restrictivas que las de régimen general-, las normativa permite que las administraciones valencianas intervengan cuando los propietarios de estas viviendas puedan "perder" la propiedad y con ello la posesión de la vivienda a raíz de una "ejecución patrimonial" o "realización patrimonial extrajudicial". Y también en los procesos de transmisión de la condición de socio cuando la propietaria de las viviendas sea una cooperativa.
La futura norma también permite a la administración autonómica y las administraciones locales establecer exenciones y bonificaciones
tributarias. Y las cooperativas de viviendas colaborativas podrán ser "beneficiarias directas" de las medidas de fomento al cohousing, así como perceptoras y gestioras de las ayudas otorgadas a sus usuarios.
El anteproyecto asegura que podrá cederse suelo y derechos en superficie a las cooperativas de viviendas colaborativas en régimen de protección pública. Con todo, las entidades que tendrán "derecho preferente" en estos procesos de adjudicación pública serán las cooperativas o asociaciones sin ánimo de lucro cuyos miembros sean los usuarios de las viviendas, que tengan unas normas de régimen interior, y que destinen el 20% de los espacios comunes y el 10% de las viviendas a la prestación asistencial de la Generalitat y/o a atender situaciones de emergencia habitacional.
La Conselleria de Vivienda busca que este proyecto de ley "facilite el empoderamiento ciudadano en forma de poder escoger, promover, diseñar y gestionar cómo queremos vivir". "Una regulación específica que defina su funcionamiento, pero también facilite la financiación de los proyectos", han señalado
