VALENCIA, (EFE). La Generalitat tiene pendiente de aprobar y contabilizar un total de 26 liquidaciones anuales de cinco contratos de concesión administrativa para la prestación del servicio de asistencia sanitaria integral, correspondientes a los departamentos de Alzira, Torrevieja, Denia, Manises y Elche.
Esta es una de las salvedades que destaca el informe de fiscalización de la cuenta general de la Generalitat correspondiente al ejercicio de 2015, que el síndic de Comptes, Vicent Cucarella, ha entregado hoy al presidente de Les Corts, Enric Morera, y al president de la Generalitat, Ximo Puig.
Según la Sindicatura, se desconocen los importes definitivos de estas liquidaciones, por lo que "no es posible determinar los efectos que tendría su adecuado reflejo contable sobre la Cuenta de la Administración autonómica de 2015". Asimismo, señala que se han producido "retrasos significativos" en la confección de las liquidaciones anuales en los cinco contratos de concesión sanitaria, sin que conste en los expedientes "las causas e imputabilidad de las demoras".
El principal incumplimiento puesto de manifiesto en este informe, y que se repite en los últimos años, se refiere a los gastos realizados sin consignación presupuestaria, principalmente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
Al cierre del ejercicio 2015, existía en esta Conselleria "un volumen importante de facturas que representan operaciones que se han realizado sin consignación presupuestaria y sin ajustarse en su tramitación a la normativa de contratos".
En el documento se recuerda que la realización de gastos sin consignación presupuestaria representa un incumplimiento de la normativa aplicable, al adquirirse sin dotación presupuestaria y prescindirse del procedimiento de contratación establecido.
Entre las consecuencias más importantes que se derivan de las obligaciones generadas sin crédito presupuestario suficiente destacan la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos y la depuración de posibles responsabilidades.
Señala que estas obligaciones deben ser convalidadas mediante un acto de reconocimiento expreso y motivado de su existencia y exigibilidad" y es necesaria la autorización expresa del Consell para imputar al presupuesto corriente obligaciones de ejercicios anteriores que no hubieran sido debidamente adquiridas.
El informe destaca también que las adquisiciones de farmacia y productos sanitarios se tramitan, en un volumen importante, como contratos menores a través del sistema de cajas fijas, y considera que se infringe el principio de publicidad, ya que gran parte de esas compras se realiza "mediante fraccionamientos indebidos".
Asimismo, indica que en los contratos menores se observa, con carácter general, "una insuficiente justificación sobre la necesidad e idoneidad del objeto del contrato y fraccionamiento indebido de su objeto".
