VALÈNCIA. (EP). La Generalitat ha traspasado al Ayuntamiento de València la competencia para la tramitación y resolución de procedimientos sancionadores por la comisión de infracciones graves y muy graves en materia de espectáculos públicos, actividades recreativas y socioculturales y en establecimientos públicos.
Tras el convenio que firmaron el pasado 4 de abril el 'president', Ximo Puig, y el alcalde, Joan Ribó, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica este lunes el traspaso de competencias, con el que el Ayuntamiento también se encargará de la revisión de los actos administrativos que se deriven de las sanciones. El acuerdo tiene una vigencia de cinco años y es prorrogable por otros cuatro.
En concreto, en base a la Ley 8/2010 de régimen local de la Comunitat, el Consell delega en el Ayuntamiento la competencia para incoar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores referidos a infracciones graves y muy graves reguladas en la norma autonómica de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, también de 2010.
El traspaso de competencias incluye las infracciones graves y muy graves previstas en la normativa de espectáculos taurinos y festejos taurinos tradicionales ('bous al carrer'), siempre que su comisión se produzca en el término municipal de la ciudad de València, como recoge el DOGV.
En materia de control, el servicio de Espectáculos y Establecimientos Públicos de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) podrá dictar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en cualquier momento, información sobre la gestión municipal, así como enviar comisionados y formular los requerimientos pertinentes para subsanar las deficiencias observadas.
Para la recaudación, los departamentos municipales competentes procederán a cobrar las sanciones económicas que impongan, mientras que el Consell asignará medios personales, materiales y económicos.
El Ayuntamiento elaborará y remitirá al órgano autonómico una memoria semestral que recoja las denuncias recibidas, los procedimientos incoados, resueltos, caducados o archivados sin resolución, además de los recursos administrativos interpuestos y sus resoluciones, las actas o boletines de denuncia que no hayan dado lugar a sanciones, el importe económico de las impuestas y cobradas y el coste de los medios personales y materiales.
Para el seguimiento de actuaciones y la resolución de problemas de interpretación y cumplimiento, se constituirá una comisión con presencia equilibrada de hombres y mujeres, integrada por cuatro miembros: dos designados por el Ayuntamiento y otros dos por el departamento autonómico. La presidencia corresponderá al representante del Consell, mientras que la secretaria recaerá en uno de los del consistorio.
Este órgano se reunirá al menos cada seis meses para revisar la memoria de actuaciones. Podrá acuerdos y formular propuestas para la ejecución del convenio. En el supuesto de votación, y en caso de empate, resolverá el voto de calidad del representante del Consell que asuma la presidencia.
El alcalde ha celebrado que este traspaso permite "poner fin a una situación de irregularidad en el cumplimiento de las normas y que, a partir de ahora, las sanciones se cumplan", lo que cree que repercutirá en que "los vecinos puedan disfrutar del descanso". "Queremos que València sea una ciudad apta para el ocio, pero también respetuosa con las normas de convivencia", ha recalcado.
Ribó ha recordado que se trata de una cesión que "el Ayuntamiento había pedido reiteradamente y se había retrasado". "Por tanto, no podemos sino mostrarnos satisfechos de que por fin la Generalitat ceda al Ayuntamiento esta competencia sancionadora, ha manifestado. Por su parte, el concejal de Comercio, Carlos Galiana, ha recordado que el traspaso "estaba pendiente desde hace ocho años".
Por otro lado, el primer edil ha firmado este lunes un acuerdo con Repsol por el que el Ayuntamiento se compromete a facilitar el desmantelamiento y traslado de dos estaciones de servicio que funcionan desde hace décadas en el centro, en la plaza Alfonso el Magnánimo y en la calle Xàtiva.
El convenio incluye unas condiciones que "distan ampliamente de las que el anterior Gobierno municipal acordó en 2014". En concreto, se trasladan dos gasolineras y se abre solo una, en el Bulevar Sur de València, en terreno adquirido por la empresa.
De esta forma, el traslado no se hará a suelo público ubicado en la avenida de Tarongers y en la de Antonio Ferrandis, como se contemplaba entonces, sino a un único emplazamiento en el Bulevar Sur, en un terreno adquirido por la firma para ubicar una única estación de servicio.
A partir de ahora se abre un plazo de tres meses para elaborar y presentar un proyecto de traslado que el Ayuntamiento estudiará y trabajará antes de iniciar el desmantelamiento, traslado y saneamiento del subsuelo ocupado por las dos estaciones de servicio.
"No nos parecía razonable que las nuevas gasolineras se ubicasen en suelo público, y a los vecinos de las zonas afectadas tampoco", ha recalcado el alcalde, que ha celebrado el "final feliz" del desmantelamiento de las estaciones. A su juicio, "la mejor ubicación para una gasolinera no era junto a un árbol monumental, ni tampoco al lado de un instituto de enseñanza secundaria".
Respecto a la gasolinera ubicada en la calle Guillem de Castro, junto a las Torres de Quart, Ribó ha avanzado que "será la siguiente", después de entablar negociaciones al respecto con la empresa propietaria, que también es Repsol. "Estas dos eran las más urgentes, pero tampoco nos gusta la ubicación de la de las Torres de Quart", ha subrayado.