VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana continúa librando la batalla contra los apartamentos turísticos ilegales. Y en la ciudad de València, lo hace de la mano del consistorio. En el 'cap i casal', según datos ofrecidos por el área de Turismo de la administración autonómica, que dirige el secretario autonómico Francesc Colomer, en todo 2019 se abrió expediente sancionador a un total de 10 viviendas turísticas.
De ellas, cuatro estaban gestionados por empresas especializadas, mientras que las otras seis eran propiedad de particulares, uno de los cuales acabó subsanando las deficiencias a tiempo. Son estos unos datos que contrastan especialmente con el trabajo de inspección que se realizan en la capital del Túria. Hay que recordar que, aunque la competencia en este campo es autonómica, a esta tarea se dedican no sólo inspectores de la Generalitat, sino también inspectores del consistorio y la Policía Local.
En el Ayuntamiento, la cantidad de inspecciones a viviendas turísticas es considerable. El área de Actividades que dirige la edil Lucía Beamud ha practicado un total de 235 inspecciones a este tipo de establecimientos durante el pasado ejercicio. Fuentes municipales explican que estas actas, más tarde, son remitidas a la Generalitat Valenciana para que tramite, si es preciso, las sanciones correspondientes.
Además, la Policía Local de València también colabora en la detección de apartamentos turísticos que podrían estar incumpliendo la normativa autonómica. La Generalitat Valenciana firmó un convenio con el Ayuntamiento de València para luchar contra el intrusismo en el mercado turístico, y con el propósito de que el cuerpo policial consistorial ayudara en esta batalla. Y uno de los principales focos es el centro de la capital.
Para hacerse una idea, basta con mirar el registro del cuerpo policial en esta materia. Sin ir más lejos, sólo en la segunda mitad del año pasado, la Policía inspeccionó un total de 23 apartamentos turísticos presuntamente ilegales que estaban situados en la almendra de la ciudad, en el distrito de Ciutat Vella. Cuatro de ellas, quedó acreditado, carecían de licencia. Todas estas actas también son remitidas a la Agencia Valenciana de Turismo dirigida por Colomer.
Los propietarios de los pisos turísticos deben acreditar en las inspecciones que se encuentran en la base de datos de la Generalitat Valenciana. Y además deben poder justificar que cuentan con el 'visto bueno' del Ayuntamiento de València. La exigencia de este último se introdujo a partir de la aprobación de la nueva norma autonómica de turismo en 2018 y sólo se puede conseguir si se cumplen las normas urbanísticas municipales: que la vivienda turística se encuentre en planta baja o primer piso, o en pisos superiores siempre por debajo de viviendas residenciales.
El incumplimiento de la mencionada ley puede conllevar multas cuantiosas, en función de la gravedad de la infracción. Si el piso realiza la actividad sin constar en el registro autonómico, se inicia un expediente sancionador que puede conllevar una multa de entre 100.000 y 600.000 euros y el cese de la actividad al tratarse de una infracción muy grave. También lo es, por poner otro ejemplo, el incumplimiento de la normativa de seguridad, sanidad e higiene si implica un peligro para los usuarios.
Existen otras infracciones menores, como la publicidad engañosa, la sobrecontratación, la percepción de precios superiores a los anunciados, o la negativa a ofrecer a la administración información sobre la actividad que se desarrolla. En estos casos de infracción grave, la posible multa oscila entre los 10.000 y los 100.000 euros.