Así libra la Policía Local de València la batalla contra los apartamentos turísticos ilegales

VALÈNCIA. ¿Había turistas? ¿Se pudieron acreditar? ¿Quién es el propietario? ¿Y el gestor? ¿Qué dice el conserje del edificio? Estas son algunas de las múltiples preguntas que deberán contestar por escrito agentes de la Policía Local de València en su particular lucha contra los apartamentos turísticos ilegales en la capital del Túria. El cuerpo municipal colaborará con los escasos inspectores de la Generalitat Valenciana en la ciudad para frenar la actividad turística ejercida en los pisos fuera de la normativa.

Los agentes podrán actuar de oficio, a instancias de la administración autonómica, o al ser advertidos por un ciudadano de la posibilidad de que se esté llevando a cabo esta actividad de manera irregular. "Es bastante complicado, hay que hacer una investigación exhaustiva para detectar que son pisos turísticos ilegales", explica un policía.

Un elemento clave es si estas viviendas se están publicitando en internet. "Para evitar que las detectemos -lamenta-, en muchas ocasiones las plataformas digitales ocultan la dirección concreta de las viviendas" y únicamente la sitúan en un barrio: Russafa, Cabanyal, Ciutat Vella, Campanar... "Te dan la calle y el número cuando ya has pagado", subraya este agente. 

Es por ello por lo que las denuncias vecinales se prevén la principal herramienta de detección inicial. El agente cuenta que "es muy habitual: muchos vecinos te llaman cuando piensan que se desarrolla ese tipo de actividad cerca". Conociendo la situación de la vivienda en cuestión, los policías acudirán al inmueble y rellenarán un acta respondiendo múltiples interrogantes, como los planteados al inicio. Otras cuestiones a resolver: ¿Presenta el piso el distintivo que lo acredita para ejercer una actividad económica? ¿Está publicitado en las plataformas digitales? Etcétera.

Otra actuación clave es dar con los huéspedes, identificarlos y acceder a la reserva. Esta es una de las vías más rápidas para contactar con el propietario del piso. En la reserva acostumbra a aparecer el teléfono móvil del responsable, por lo que los agentes pueden contactar con él o ella y le pueden exigir la documentación pertinente. El responsable debe acreditar que cumple con la inscripción en la base de datos de la Generalitat Valenciana y que cuenta con el 'visto bueno' del Ayuntamiento de València. La exigencia de este último se introdujo a partir de la aprobación de la nueva norma autonómica de turismo en 2018.

El acta rellanada se enviará a la Agencia Valenciana de Turismo, dependiente de la Generalitat Valenciana y dirigida por el secretario autonómico del ramo Francesc Colomer. Si el piso realiza la actividad sin constar en el registro autonómico, se iniciaría un expediente sancionador que conllevaría una multa de entre 100.000 y 600.000 euros y el cese de la actividad al tratarse de una infracción muy grave. Existen otras infracciones menores, como no contar con el distintivo, que supondrían multas menos cuantiosas.

En este sentido, la Policía Local actúa como un brazo de inspección más de la administración autonómica en la capital del Túria. Pero además, ayuda a sustentar las sanciones con las actas rellenadas in situ, aportando así información detallada sobre las características de la vivienda y las circunstancias en las que ésta se saca al mercado de alquiler turístico.

La competencia en este campo es autonómica. Ahora bien, la Generalitat Valenciana ha decidido firmar un convenio con el Ayuntamiento de València, cuya delegación de Turismo hasta las elecciones dirigía la socialista Sandra Gómez, para luchar contra el intrusismo en el mercado turístico, y que el cuerpo policial le ayude en esta batalla. Con la aprobación de la Ley de Turismo de 2018, cuentan fuentes municipales, ya se ha conseguido poner coto a estas viviendas turísticas irregulares.

Un camino que se quiere apuntalar ahora con estas intervenciones. El pasado viernes se dieron unas clases de formación a una veintena de agentes de la Policía Local donde se les explicó la manera de proceder. "Ahora falta ver cómo nos organizamos", se pregunta el agente consultado, que recuerda -como vienen denunciando los sindicatos desde hace tiempo- la falta de personal.

Cumplimiento del uso urbanístico

Además de ayudar a los inspectores autonómicos, la Policía Local también deberá corroborar que los pisos turísticos de la ciudad tengan la autorización del consistorio de València. Un permiso que podrán obtener siempre que cumplan con las normas municipales de planeamiento urbanístico. Así, las viviendas turísticas sólo pueden situarse en los bajos o primeras plantas de edificios. También en plantas superiores cuando bajo ellas no se encuentre ninguna vivienda residencial.

Cualquier vivienda turística que incumpla este precepto, también recibe una sanción por parte del Ayuntamiento. No únicamente por ejercer la actividad de forma ilegal, sino también por incumplir los usos que el planeamiento tiene asignados para dicha vivienda, en este caso el uso residencial. Entonces, "el Servicio de Licencias Urbanístico instará a al propietario del piso a que abandone este uso turístico", según aseguran fuentes municipales. Más tarde, se lleva a cabo otra inspección para verificar que, en efecto, se ha dejado de utilizar esta vivienda como piso turístico.

Hay viviendas turísticas que cumplen con la antigua normativa turística y sí que están registradas en la base de datos de la Generalitat Valenciana, pero que no se han adaptado a la legislación aprobada en 2018, que pide además esta autorización municipal. Entonces, únicamente se le aplicaría la sanción desde el consistorio.

Normas especiales: Ciutat Vella y Cabanyal

La irrupción de numerosos apartamentos turísticos a lo ancho y largo de la capital valenciana ha motivado que el Ayuntamiento haya tomado la determinación de establecer ciertas limitaciones en barrios donde se concentran buena parte de ellos. Son Ciutat Vella -el centro histórico de la ciudad- y el Cabanyal.

En la almendra de València está a punto de aprobarse el Plan Especial de Ciutat Vella (PEP), según el cual mientras no exista una ordenanza municipal reguladora del sector, se prohibirá la implantación de apartamentos turísticos ocasionales en el casco histórico. Este tipo de apartamentos es aquel que funciona como domicilio habitual de un particular -debe estar empadronado- y que este decide comercializar con fines turísticos hasta un máximo de 60 días al año. No se ven afectados por este veto aquella vivienda turística "profesional", situada en un bloque exclusivo de viviendas turísticas.

Además, hasta que se apruebe este Plan Especial, en Ciutat Vella ya rige una moratoria de licencias hoteleras y de apartamentos turísticos desde hace más de un año. El PEP, cuando se apruebe, establece limitaciones por áreas. Así, prohíbe generalmente la implantación del uso hotelero y de apartamentos en buena parte de Ciutat Vella (color gris de la imagen inferior), mientras que en otra zona (color cián y violáceo) las restricciones son mucho más laxas.

En el barrio marítimo del Cabanyal también está pendiente la aprobación de su propio Plan Especial, el PEC. En él se distinguen tres áreas que restringen en diferente medida la presencia de pisos turísticos en relación a la manzana. Así, en la zona interior del Cabanyal sólo podría haber un 10% de pisos turísticos por manzana, mientras que en primera línea de playa, hasta un 30% y un 40%. Sin embargo, más tarde el área de Urbanismo que dirigía el socialista Vicent Sarrià aseguraría su intención de reducir estas cantidades y endurecer así las limitaciones.