El movimiento coincide con la exclusión del Instituto Valenciano de Finanzas del consejo de administración de la Bolsa por primera vez desde su creación
VALENCIA. El Palau de los Boïl d'Arenós, el histórico edificio de la calle Llibrers que sirve como sede de la Bolsa de Valencia, es uno de los inmuebles que la Generalitat está valorando como futura sede del nuevo Banc de la Generalitat. El edificio, propiedad de la Generalitat, fue cedido de forma gratuita al grupo Bolsas y Mercados (BME), operador de todos los mercados de valores en España, por un periodo de treinta años de los cuales han transcurrido veintiuno.
Así lo trasladan a este periódico fuentes de la Generalitat, quienes consideran que esta es una ubicación "muy interesante" como sede de la entidad financiera que impulsa el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) como parte de su proceso de reconversión banco y que, tal y como explicó recientemente su director general, Manuel Illueca, está previsto que opere al margen del IVF a partir de 2017.
El palacio, declarado Monumento Histórico Artístico en 1977, es una de las opciones que el IVF estudia como futura sede, ya que sus actuales instalaciones se le quedan pequeñas para el proyecto de 'banco público'.
La cesión a BME para el uso temporal de ese espacio como sede de la Bolsa de Valencia expira en 2025. Las fuentes no concretaron si la llegada del IVF implicaría tener que revocar el convenio de cesión, pues BME y el IVF podrían convivir en el mismo edificio. Tampoco especificaron cuáles serían las fórmulas para revocar la cesión del conjunto inmobiliario sobre el que la Generalitat conserva el derecho de propiedad.
La posible instalación del Banc de la Generalitat en el edificio que desde 1995 ocupa gratuitamente la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valencia coincide en el tiempo con la exclusión del IVF del consejo de administración de la Bolsa de Valencia. Tal y como publicó Valencia Plaza, desde su fundación en 1990 el ente dependiente de la Conselleria de Hacienda siempre ha tenido un representante en ese consejo. El puesto que tenía el IVF ha pasado a ser ocupado por un representante de BME, que habría aprovechado la transición entre los veinte años de gobiernos populares en la Generalitat y la llegada del nuevo Consell para sacar del IVF del consejo al representante.
La Generalitat Valenciana adquirió el Palau de los Boïl d'Arenós en la década de los ochenta para rehabilitarlo como sede de la Bolsa de Comercio de Valencia, tal y como relata la propia institución. El decreto de cesión gratuita por motivos de "utilidad pública e interés social" de los fines a los que se destina el edificio de la Bolsa fue aprobado en 1995. Un decreto posterior aprobado en noviembre de ese mismo año y firmado por el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y el conseller de Economía y Hacienda, José Luis Olivas, concretó el alcance de la cesión.
En este decreto quedó establecido que el derecho de uso gratuito estaba condicionado a la utilización del inmueble como sede de la Bolsa y sus servicios propios y también se fijaron las circunstancias en las que la cesión podría ser revocada. "En caso de que las sociedades cesionarias dejen de cumplir los fines objeto de la cesión, el uso del inmueble cedido revertirá automáticamente a la Generalitat Valenciana", concreta el texto.
Además, la Generalitat se comprometía a hacerse cargo del pago del impuesto sobre bienes inmuebles así como de "cualquier gasto e impuestos" que ocasione el inmueble.
El Banc de la Generalitat, el 'banco público' prometido por el Consell de Ximo Puig, tiene previsto funcionar al margen del IVF desde finales de 2017. El nuevo banco tendrá en su balance los créditos al sector privado, la tesorería y los créditos públicos con retorno, y su pasivo no computará como deuda pública al no estar incluido en el perímetro SEC de la Generalitat.
Por su lado, tras la escisión del Banc de la Generalitat, el IVF retendrá la gestión de la deuda de la Generalitat, el crédito al sector público instrumental, la supervisión de entidades financieras, la agencia de certificación electrónica y la consultoría financiera de la Generalitat.
Hasta la separación de las dos entidades, habrá un régimen transitorio con una nueva estructura organizativa del IVF en la que se producirá una separación de facto entre actividad pública y financiación privada.
