La grúa de València quiso cobrar 1,5 millones más al Ayuntamiento antes de la rescisión del contrato

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València decidió rescindir en 2017 una de las contratas importantes, la de la grúa municipal, que gestionaba la UTE Pavapark Movilidad y Autobuses Playa San Juan. La resolución costó al erario público unos 2,5 millones de euros de indemnización. Pero un año antes, las empresas habían pedido al Ayuntamiento que les abonase 1,5 millones de euros más de lo que estaba percibiendo por el servicio prestado.

La UTE pidió, concretamente, el "reequilibrio económico" del contrato por el mencionado valor a finales de 2015. En abril de 2016, el gobierno de València rechazó la solicitud. Y las empresas acabaron en los tribunales para exigir este dinero. Finalmente, el juez dio la razón al consistorio en marzo de 2017. Poco después, en octubre, el consistorio rescindió el contrato existente alegando que la UTE había incumplido algunas de las condiciones de los pliegos y que el servicio había empeorado.

El motivo sostenido por las empresas para acudir a los tribunales es que las peticiones de la Policía Local para retirar vehículos de las calles se habían reducido drásticamente, por lo que el servicio estaba resultando en pérdidas para las empresas -"los ingresos no cubren los costes de explotación", alegaban-. Así pues, la UTE subrayaba que los pliegos del concurso del que había resultado adjudicataria se habían hecho con previsiones que a la postre no se habían cumplido. Y por eso pedían una compensación por "los ingresos dejados de percibir".

Ante ello, el juez deja claro que la petición de las operadoras, pese a estar contemplada en la normativa, es "una fórmula excepcional", "no puede interpretarse de modo absoluto" para que acabe siendo una "garantía ordinaria de los intereses del concesionario a modo de seguro gratuito que cubra todos los riesgos de la empresa trasladándolos íntegros" al erario público. Y en ese sentido, recuerda que las previsiones respecto a las cuales ha habido una desviación estaban hechas en el Plan Económico de las propias empresas.

El plan de las empresas, dice, es el que debe acomodarse a la realidad de la explotación, y no al revés. Y no se puede fijar una compensación sólo en base a los beneficios esperados "por una sola de las partes" saltándose el principio de "riesgo y ventura". O en otras palabras, cuando una empresa se presenta a una licitación, también debe asumir riesgos como este. Y continúa la sentencia explicando que "quizás tiene razón el Ayuntamiento" al considerar algunos de los cálculos iniciales de la empresa como "irreales".

A la postre el fallo desestimaba en marzo de 2017 el recurso contencioso administrativo presentado por la UTE y le imponía a esta las costas procesales. Pero las adjudicatarias no se dieron por vencidas y recurrieron al Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Sin embargo, inopinadamente, acabaron retirando el último recurso a principios de 2019. Para entonces, ya hacía año y medio que el consistorio había rescindido el contrato -octubre de 2017-, momento desde el cual la UTE viene operando en la ciudad con el contrato prorrogado hasta que haya un nuevo concurso.

360.000 euros al mes sin concurso

Pero durante este período que el contrato no ha estado vigente, 31 meses, el consistorio ha pagado a la UTE 363.000 euros mensuales mediante reconocimientos de obligación, una fórmula con la que, además, no hace falta justificar la cantidad de dinero gastada. Hasta el momento, el montante total pagado en esta situación, sin concurso público, asciende a más de 10 millones de euros. 

Además, se estima una cantidad considerablemente superior a la UTE estaba percibiendo dentro de contrato. Así, por ejemplo, en los cuatro meses posteriores a la rescisión del contrato, el Ayuntamiento pagó 2,1 millones de euros por un servicio que, en el mismo período del ejercicio anterior, con contrato, había costado 1,3 millones. Esto supuso, por tanto, pagar un 60% más.

Ante esta situación, la Agencia Valenciana Antifraude instó hace un año al Ayuntamiento a que pusiera en marcha el concurso público correspondiente "con la mayor celeridad posible", como publicó este diario. El organismo que dirige Joan Llinares aseguraba que no hay atisbo de práctica corrupta en este caso, pero insistía en la necesidad de sacar la licitación pública y acabar así con los pagos fuera de contrato a la mencionada UTE. A día de hoy, todavía no ha salido han salido a la luz los pliegos

Críticas de Cs

Precisamente este miércoles, el grupo municipal de Ciudadanos puso el grito en el cielo por "la falta de interés del equipo de gobierno, Compromís-PSPV, en convocar el concurso del servicio de retirada de vehículos de la vía pública", e incidió en los 10 millones que ha supuesto para las arcas públicas el coste durante este tiempo, "una cantidad superior al propio coste del servicio si éste estuviera prestándose".

El concejal Narciso Estellés apeló al "sentido de responsabilidad" del concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, para acelerar los trámites administrativos. "Si esto no se hace el agujero en las cuentas municipales va a ser importante", criticó Estellés, quien alertó de la necesidad de "destinar el dinero a la crisis del COVID-19 y no al despilfarro".