La Guardia Civil tiene un tomo completo del sumario que incluso incluye las fechas concretas en que varios imputados ‘lavaron’ los billetes de 500 euros
VALENCIA. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene acreditado con pruebas materiales la presunta financiación ilegal y el blanqueo de capitales del Partido Popular de Valencia. Desde hace meses los agentes han ido recabando prueba tras prueba hasta conseguir demostrar los delitos.
De hecho, un tomo entero del sumario se ha dedicado a este punto. Según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de la investigación “no fueron tan listos como creían limpiando los billetes de 500 euros”. Entre los papeles que tiene la UCO hay nombres, apellidos, cargos, nombres de establecimientos, días y fechas concretas en las que varios de los imputados lavaron el dinero. “Está todo atado” aseveran las fuentes consultadas.
Tanto es así, que citaron como imputados a concejales y asesores del Ayuntamiento de Valencia sin contar con los testimonios de las personas que se negaron a realizar los pagos pese a las presiones de la que es considerada cabecilla de la trama del PP de la ciudad de Valencia, Mari Carmen García-Fuster, ya que estos asesores declararon al mismo tiempo que los imputados.
Durante las declaraciones prestadas el viernes por los concejales imputados todos negaron haber recibido dos billetes de 500 euros de manos de García-Fuster. El volumen de personas imputadas es tan elevado que la UCO se vio obligad a suspender más de 20 declaraciones previstas para el viernes y posponerlas para otro día. Al cierre de esta edición unos 25 ediles y cargos de confianza habían pasado por las dependencias de la Guardia Civil.
En cuanto a la financiación ilegal las mismas fuentes han confirmado que, al contrario de lo que el PP de Valencia decía en un comunicado este viernes, sí que hay relación con la trama Imelsa. Al parecer desde hace varios años, la investigación por estos hechos se remonta a 2003, presuntamente se habrían cobrado mordidas de varias empresas que “harían obtenido jugosos contratos con el consistorio a cambio de pagar comisiones”.
En este caso García-Fuster habría sido presuntamente la encargada de canalizar el dinero entrante de las mordidas. Respecto a la exsecretaria del grupo municipal popular, Valencia Plaza ha podido saber de fuentes de toda solvencia que una de las primeras cosas que hizo tras ser liberada fue reunirse con varios altos cargos del PP de Valencia.
Algunos ejemplos de los contratos investigados son el de la reforma de las torres de Quart, o el de la construcción de la Rambleta, del que hasta existe un informe explicando “cómo se tenían que realizar las peticiones para poder incluir sobrecostes”.
Dicho informe da ideas del tipo “si se explica que ha llovido durante varios días se puede solicitar más dinero por el retraso que ha sufrido la obra”, o también se explica cómo decir que se ha cambiado de materiales y que los nuevos son más caros.