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La Guardia Civil pide al juez acceder a las cuentas y facturas de las empresas del hermano de Puig

6/04/2021 - 

VALÈNCIA. La Guardia Civil ha dirigido al juzgado de Instrucción número 4 de Valencia un escrito en el que solicita hasta una decena de mandamientos judiciales para acceder a las cuentas y facturas físicas de las empresas vinculadas a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y sus socios empresariales, los Adell Bover. Los agentes expresan las dificultades que están teniendo para la obtención de la documentación relativa a esta investigación sobre el entramado de subvenciones concedidas por parte de varias administraciones públicas a un total de seis mercantiles: Mas Mut Produccions, Comunicacions dels Ports –administradas por Francis Puig–, Kriol Produccions, Canal Maestrat, Nova CB y TV CS Retransmisions –de los Adell Bover–.

La Guardia Civil recuerda que recibió en febrero del año pasado el mandato del juez de indagar en posibles ayudas fraudulentas a estas firmas para el fomento del valenciano, a través de los programas Avalem Joves y Leader y para la edición de medios digitales privados en catalán o aranés. Éstas fueron otorgadas por los gobiernos valenciano, catalán y aragonés entre 2015 y 2018. Para detectar las presuntas irregularidades –como los gastos duplicados e hinchados, las facturas cruzadas y la múltiple utilización de contenidos entre las empresas– resultaba necesaria documentación, mucha de la cual todavía no ha sido aportada. 

Entre la remitida a los agentes no figuran, por ejemplo, las facturas físicas –originales o copias– justificativas de los gastos. Tampoco han tenido acceso a las cuentas titularidad de las mercantiles para comprobar los asientos contables o al libro diario de contabilidad de todas ellas –en el que figura el importe de cada una de las operaciones realizadas en el desarrollo de la actividad empresarial–. Esta información es clave para cotejar si se corresponde a la aportada en los expedientes de las subvenciones. Puesto que para ello se requiere una orden judicial, solicitan al magistrado que la emita. 

Requerimiento a la Agencia Tributaria

Entre los requerimientos que se hicieron hace meses se encontraba el dirigido a la Agencia Tributaria para que aportara el modelo 347 de las sociedades, una declaración informativa mediante la cual se da cuenta de todas las operaciones que se han producido con terceros y que han superado los 3.005,06 euros durante el ejercicio anterior. Al haber transcurrido más de cuatro años de uno de los que se pedía (2015), ahora es necesario el mandamiento del juez. 

La Guardia Civil también indica en su escrito que, tras tener conocimiento a través de los medios de comunicación del expediente sobre el pacto de precios en À Punt y la sanción de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana a varias de estas mercantiles por este motivo, se incorpore a la causa. En su opinión, esa documentación aportaría indicios para demostrar "la posible relación existente entre los administradores de las empresas investigadas, lo que facilitaría la facturación cruzada". 

Por el momento, como publicó Valencia Plaza, el juez lo ha rechazado al entender que no tiene relación con los hechos que se indagan. La Fiscalía Anticorrupción, que comparte el criterio de los agentes, ha recurrido la decisión. 

Incorpora las ayudas del Ayuntamiento de Morella

Lo que sí ha aceptado el magistrado es solicitar al Ayuntamiento de Morella todos los contratos y subvenciones otorgadas a Comunicacions dels Ports, Mas Mut Produccions, Canal Maestrat y Kriol Produccions entre 2015 y 2019. Con ello acepta un recurso del PP, que presentó una ampliación de la querella que originó la causa y que en un principio le rechazó. 

Para la Fiscalía, esta documentación serviría para averiguar "si se ha producido algún tipo de engaño" en la solicitud de las ayudas públicas "ocultando los posibles ingresos percibidos de otras administraciones". 

La cuantía total de estas subvenciones todavía no ha sido concretada, aunque, como publicó este periódico, las empresas del hermano de Puig y los Adell Bover percibieron más de 120.000 euros del consistorio del que el presidente de la Generalitat fue alcalde durante 17 años entre 2015 y 2017 por patrocinios, publicidad, trabajos y otros contratos. 

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