MADRID, (EFE). La Guardia Civil tiene previsto practicar una quincena de detenciones y varios registros en Barcelona y Madrid, en una operación contra una red acusada de inflar facturas hasta generar un sobrecoste de 80 millones en tres obras del AVE cercanas a la estación de La Sagrera de la capital catalana.
Según han informado fuentes cercanas al caso, la investigación, dirigida por una juez de Barcelona, arranca de unos informes que el gestor de infraestructuras Adif llevó a la Fiscalía Anticorrupción, en los que alertaba de posibles facturas hinchadas en tres tramos de las obras del AVE de Barcelona a Madrid, que todavía no están finalizados, entre ellos la estación de La Sagrera.
En el marco de esta operación, la Guardia Civil está registrando la sede de Adif en la estación de La Sagrera, así como empresas adjudicatarias de las obras bajo sospecha, tanto en Barcelona como en Madrid.
Además, tiene previsto practicar una quincena de detenciones de personas vinculadas al sobrecostede las obras, acusadas de los delitos de malversación y falsedad documental.
Los investigadores también tratan de averiguar si los exresponsables de obra de Adif aceptaron sobornos a cambio de tolerar la falsificación del volumen de trabajos realizados, por lo que a los delitos citados se podría sumar el de cohecho.
Entre los supuestos integrantes de la trama figura un exresponsable de obras de Adif que ya fue detenido en 2014 en otra operación policial contra una red acusada de cobrar sobornos a cambio de permitir sobrecostes en varios tramos de las obras del AVE en Barcelona.
De hecho, la operación lanzada hoy por la Guardia Civil es paralela a esa otra investigación que dirige el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona y que, en mayo de 2014, comportó la detención de diez personas -entre ellas excargos de Adif y de empresas constructoras- por sobrecostes supuestamente irregulares en las obras del AVE en Barcelona. Precisamente, fue esa primera investigación judicial -centrada en un tramo entre la Sagrera y El Nudo de la Trinitat adjudicado a Corsan- la que motivó que Adif encargara auditorías externas e internas sobre otras obras de esta infraestructura, que todavía estaban en su fase inicial, con apenas un 20 o 30% del proyecto ejecutado.
Las auditorías, que el gestor de infraestructuras llevó a la Fiscalía Anticorrupción el año pasado, concluyen que otras empresas contratistas de la línea del AVE en las inmediaciones de la estación de La Sagrera inflaron presuntamente las facturas de sus construcciones, para obtener beneficios millonarios, con la complicidad de responsables de obras de Adif en la época.
En concreto, Adif detectó desajustes entre el volumen ejecutado de las obras y las certificaciones correspondientes, por lo que decidió paralizar los trabajos de construcción para llevar a cabo las comprobaciones pertinentes. Meses después, la empresa gestora de infraestructuras remitió una carta al fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, que lleva el caso, para solicitarle que autorizara la continuación de las obras, a lo que el ministerio público respondió también por escrito que no le correspondía resolverlo, dado que no había sido suya la decisión de detener los trabajos.
