La huella social, el nuevo giro financiero a la sostenibilidad

VALÈNCIA. La necesidad de cambiar el devenir del planeta requiere de acciones urgentes que contribuyan a paliar los efectos del cambio climático y contribuir en el bienestar de la sociedad. De ahí que tras la aprobación de la taxonomía verde ahora se esté perfilando la taxonomía social, un tecnicismo con el que se pretende ordenar la economía en función de su huella social. Y precisamente se hace casi al mismo tiempo que la Comisión Europea diera a conocer la propuesta de Directiva de Debida Diligencia en Sostenibilidad, que hace referencia al reglamento para facilitar las inversiones sostenibles. Unas políticas que abordan las siglas del acrónimo ASG (aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno) y cambian las reglas del juego de los bancos, las empresas y los reguladores.

Como explica Isabel Castelló, responsable de la oficina de sostenibilidad de Camara Valencia, hasta ahora, “la Comisión Europea ha trabajado y ha elevado a nivel regulatorio la llamada taxonomía verde, pero esto es contradictorio con el propio concepto de sostenibilidad, que va mucho más allá, de ahí que el siguiente marco de trabajo haya sido la taxonomía social”. Y así se ha producido ya que la taxonomía social se plantea después de la aprobación a principios de enero de 2022 de la taxonomía verde, con la que la Unión Europea determina aquellas actividades económicas o inversiones que se consideran sostenibles para evitar el llamado greenwashing. 

Roberto Cervelló: "la taxonomía social requiere que las empresas identifiquen cómo sus actividades afectan a la sociedad"

Esa necesidad de entender la sostenibilidad en su sentido amplio de la palabra la plantean también los profesores de la Universidad Europea de Valencia Roberto Gómez Calvet y Mª Ángeles Casabó Ortí, quienes resaltan que la sostenibilidad se apoya en otros dos pilares: el económico y el social. Por ello, consideran “urgente” elaborar una taxonomía social que sustente este eje y que permita clasificar e identificar aquellas variables con mayor impacto. También lo cree así el profesor de la Universitat Politècnica de València Roberto Cervelló Royo al considerar “de suma importancia poder conocer el impacto social de las actividades económicas y los negocios, pues la taxonomía social requiere que las empresas identifiquen cómo sus actividades afectan a la sociedad y qué depara el futuro para su modelo de negocio”.

Un documento que servirá de guía para que los inversores discriminen las actividades que generan un bien social y las que generan un mal social, aunque para ello habrá que esperar a que la Comisión Europea haga oficial el documento final del Grupo Técnico de Expertos en Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea. Así lo recuerdan ambos profesores de la Universidad Europea de Valencia: “las conclusiones de este informe son meramente informativas y en su estado actual no son vinculantes, ni representativas de la posición de la Comisión Europea, que en un futuro próximo deberá reconocer y ratificar dichas conclusiones para que puedan tener efectos vinculantes”. 

Una fecha aún incierta para un documento que pretende contribuir al impulso de la Inversión Sostenible en Europa al poner foco en la protección de los derechos humanos y en el impacto social hacia los principales grupos de interés de las empresas: trabajadores, clientes y comunidades. De hecho, en opinión de los profesores de la Universidad Europea de Valencia la taxonomía debería haber llegado antes: “La futura aprobación en todo caso llegará tarde pues la sostenibilidad se construye sobre unos cimientos que son los valores y principios antes mencionados y con unos pilares que son complementarios entre ellos”.

El gran reto: ¿cómo medir los aspectos sociales? 

Según el informe, las actividades que se considerarían sostenibles desde el punto de vista social son aquellas que repercuten positivamente en la sociedad y las personas. Así, esa contribución se podría dar mediante inversiones que mejoren la protección a los derechos humanos en sectores de alto riesgo o que mejoren el impacto social positivo inherente de ciertas actividades económicas. De esta manera, a través de la taxonomía social se podrá conocer cómo, a través de sus productos y servicios, las empresas producen un impacto social positivo o fomentan prácticas que promuevan los derechos humanos en las compañías.  

Isabel Castillo: "El reto es  adaptar esa taxonomía a la realidad de todas las empresas, y muy especialmente de las pymes"

Un apunte que Roberto Cervelló aprovecha para recordar que estos criterios son susceptibles de acabar incorporados en textos legislativos como, por ejemplo, la Directiva sobre información No financiera 2014/95 y el Reglamento sobre Divulgación de Información Financiera Sostenible 2019/2088. Y es que, como remarcan ambos profesores de la Universidad Europea de Valencia, “la acción social no es una forma de mostrarse como organización socialmente responsable, sino un medio para relacionarse e integrarse con la comunidad”.

Cervelló apunta la gran diferencia entre ambas taxonomías: “la taxonomía verde se basa en criterios científicos mientras que la taxonomía social pone el foco en la protección de los derechos humanos y en el impacto social en los principales grupos de interés de las empresas (empleados, clientes y comunidades)”. Así, al basarse la taxonomía social en valores y normas internaciones, la hace más compleja, de ahí que Cervelló considere necesario “establecer unos criterios homogéneos y que sean fáciles de aplicar” pero también que sea necesario definir objetivos sociales, salvaguardas medioambientales mínimas, criterios de contribución sustanciales o criterios de no causar daños significativos, entre otros aspectos. Un punto compartido por Isabel Castelló, que remarca que "deberá abordarse desde el consenso y basado en experiencias y marcos, voluntarios y regulatorios, ya existentes”.

Roberto Gómez: “no es cierto que no sea posible aplicar una base científica a la taxonomía social”

Roberto Gómez Calvet y Mª Ángeles Casabó Ortí señalan que “el elenco de variables es mucho más extenso y su cuantificación compleja pero que un problema sea complejo no quiere decir que no pueda ser medido y analizado, pues existen modelos de eficiencia que pueden ayudar en el establecimiento de metas y objetivos con el rigor de las matemáticas”. De ahí que rechacen la afirmación de que “no es posible aplicar una base científica a la taxonomía social” e indiquen que es posible hacerlo empleando técnicas frontera, a través de las cuales se puede evaluar la sostenibilidad e identificar ineficiencias y nichos de mejora en el ámbito de la taxonomía social.

En la misma línea se explica la responsable de sostenibilidad de Cámara Valencia, quien señala que ese reto de cuantificar lo han ido superando las empresas y las organizaciones “gracias a los diferentes estándares de reporting en sostenibilidad y los avances en la materia”. De ahí que considere que el reto en este caso “lo plantea la necesidad de adaptar esa taxonomía, tanto social como medioambiental, a la realidad de todas las empresas, y muy especialmente de las pymes, que a la larga también se verán afectadas”. 

Una transición que debe hacerse “de una forma coherente, sencilla y de manera conjunta” pues “si queremos lograr un auténtico cambio ya no bastan las buenas prácticas, sino que se trabaje de manera coordinada y en alianzas entre todos, empresa, administración y todos los grupos de interés. Así lo hemos entendido en Cámara de Valencia y  por eso hemos creado la Oficina de Sostenibilidad para dar apoyo y guía a todas las empresas y organismos, también públicos, y lograr así una transformación sostenible”.