Fin a la huida de Sergio Blasco

VALÈNCIA. Hasta que este jueves se confirmó que el exgerente del Hospital General de València Sergio Blasco había sido detenido por la Policía Nacional en el marco de la Operación Osvaldos, muchos ubicaban al sobrino del exconseller Rafael Blasco en la República Dominicana. 

Según su ficha de Linkedin, Blasco es actualmente director de Proyectos del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) en Santiago de los Caballeros, un cargo que ostenta desde hace más de dos años, tras dimitir como gerente del hospital valenciano. 

Desde el centro dominicano, el asistente de Blasco aseguraba a Valencia Plaza que el directivo español estaba de viaje en el extranjero y que volvería el lunes. Pero presumiblemente no regresará ese día, ya que fue detenido a su llegada a Valencia tras hacer escala en Madrid. 

A esta detención se sumó la de otras ocho personas entre los que se encuentra Francisco Blasco, su hermano, con lo que ya son cinco los miembros de la saga familiar alcireña investigados o en prisión.

La Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) se personaba el mismo día en la Conselleria de Sanidad para requerir toda la información sobre los contratos presuntamente irregulares que se firmaron con un entramado de empresas vinculadas a Sergio Blasco. A esta investigación se suma la investigación del proyecto Abucasis, promovido por Rafael Blasco cuando era conseller de Sanidad del Gobierno de Francisco Camps.

Dimisión y tierra de por medio

La partida de Blasco a República Dominicana no fue casual. Dimitió en 2014 como gerente del Hospital General de València cuando se le investigaba por su supuesta relación en adjudicaciones para la construcción de dos hospitales en Perú tras una denuncia presentada por Esquerra Unida ante la Fiscalía Anticorrupción.

Según esta denuncia, Blasco "habría teledirigido" la construcción de varios hospitales en Perú exportando el modelo Alzira de sanidad público-privada. Para ello habría contado con los servicios de varias empresas españolas que habían recibido adjudicaciones de la Generalitat y con la Fundación del Hospital General "como pantalla".

Instalado en República Dominicana, de Blasco no constan visitas a España en los últimos dos años en los que las sospechas sobre su gestión en el Hospital General se han acrecentado, al tiempo que su tío Rafael era condenado por el caso Cooperación. 

No obstante, Blasco no había sido imputado formalmente, como si los investigadores no quisieran despertar sus recelos de cara a una posible visita a España. Y como si lo estuviesen esperando, fue detenido al aterrizar en València, mientras se ponía en marcha la Operación Osvaldos.

El origen de la investigación

La denuncia fue archivada, pero, paralelamente, EUPV interpuso otra denuncia firmada por la actual eurodiputada Marina Albiol en la que se aludía a una presunta trama de corrupción de adjudicaciones sanitarias a empresas privadas por valor de unos 29 millones de euros. Entre ellas, en la denuncia se aludía a que las empresas Out-Log, Mantenimientos Integrales Turia, Cyomed Levante SL y Connectall Systems SL recibieron numerosas adjudicaciones públicas de la Conselleria de Sanidad, el Consorcio Hospital General Universitario y la Diputación de Valencia desde 2001 y hasta 2012, por mantenimiento y limpieza y posteriormente por cuestiones más especializadas.

No obstante, parece ser que el origen de la investigación podría ser otro. Esta segunda rama de la investigación surgió durante la declaración de un testigo protegido. Este testigo, que fue requerido para que explicara las presuntas corruptelas entre Rafael Blasco y el empresario Augusto César Tauroni en la adjudicación de contratos de Abucasis, comenzó a relatar presuntas irregularidades en los contratos adjudicados por Sergio Blasco. En ese momento, el magistrado instructor cortó la declaración del testigo protegido y decretó la causa secreta.

No es el único caso por el que Sergio Blasco ha levantado sospechas. La actividad de la empresa Exploraciones Radiológicas Especiales (Eresa) en el Hospital General de Valencia no tiene soporte legal al menos desde 2012, por lo que "todos lo actos derivados de este incumplimiento devienen nulos de pleno derecho". Así lo afirmaba la Intervención General, órgano de la Generalitat que fiscaliza la legalidad de los contratos mercantiles de la Administración, en el Informe de Auditoría de Cumplimiento del citado hospital, incorporado a la Cuenta General 2015. Una sospecha más a la lista que ya acumula el sobrino del ya encarcelado exconseller.