La ingeniería hidráulica frente al ecologismo populista

El pasado domingo, 29 de diciembre, se volvieron a llenar las calles de Valencia pidiendo la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Pasados ya dos meses de las trágicas inundaciones, consecuencia de la Dana, agravadas aquellas por una insuficiente e ineficiente infraestructura hidráulica, el culpable era Mazón (!); ante las airadas quejas por no finalizar con la limpieza del barro, aun cuando solo faltan alrededor de un 15% de los más de 2.500 garajes y sótanos inicialmente anegados, tarea dificultosa que lleva a cabo el ejército, la UME, reforzados con empresas contratistas por encargo de la Diputación, y que están trabajando incluso festivos y domingos. El culpable por supuesto Mazón (!); ante la exasperante actuación de los peritos del Consorcio de Seguros en la identificación de los más de 125.000 vehículos automóviles siniestrados y apilados en campas improvisadas, pendientes de su desguace y descontaminación, previa a su achatarramiento y cobro del seguro del Consorcio, más los 2.500 euros dados por la Generalitat Valenciana. El culpable de la tardanza es de Mazón (!)... y, finalmente, ante la lentitud y exigua llegada de las ayudas económicas prometidas por el Gobierno Central –hasta el 2 de enero solo han llegado el 5,7% de las ayudas solicitadas–, también el culpable es Mazón.

Ante esta situación, unos 80.000 valencianos, según Delegación de Gobierno – 40.000 según baremación de la Policía Municipal–, muchos de ellos de entre los vecinos afectos, y otros tantos, agregados, procedentes de la izquierda antisistema, salieron a la calle en una tercera manifestación anti el presidente Mazón.

Personalmente presencié desde mi domicilio, calle San Vicente Mártir, junto a la plaza de España, donde tienen su inicio y fin de trayecto los autobuses lanzadera que suplen la falta de servicio de Metrovalencia (destruido gravemente tanto su Puesto de Mando y Control de Valencia Sud -partida de Xirivelleta- y trasladado provisionalmente y con enormes dificultades técnicas al taller y cocheras de la Avenida de los Naranjos, así como la reconstrucción de la prácticamente desaparecida línea 1 en su tramo Valencia Sud → Torrent Avinguda, y línea 7 en su tramo: Paiporta → Torrent Avinguda → Picassent →L’Alcudia → Castelló de la Ribera, ya en avanzado estado de reconstrucción, con recursos de FGV y Generalitat, y el concurso de Contratistas ferroviarios). Autobuses gratuitos que con frecuencias de entre 5/10 minutos vienen cubriendo el trayecto Valencia-Torrente y viceversa y Valencia-Paiporta. Autobuses cedidos por el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid. Fueron estos autobuses, pagados por la Generalitat Valenciana, los que desplazaron a Valencia a parte de los manifestantes que gritaron e increparon a Mazón y al Consell del PPCV… Por el contrario, a nadie vi corear consignas contra el Gobierno Central (PSOE y Sumar), que en los momentos críticos iniciales nos abandonó y todavía hoy nos sigue ninguneando.

Todo lo aquí expuesto es de sobra conocido, más nunca la verdad debe anular el falso relato de sostenella y no enmendalla.

De los 16.600 M€ de ayudas prometidas por Montero & Sánchez, cerca de unos 5.000 M€, son prestamos ICO para avalar los créditos que los afectados (particulares, comercios y/o Industrias) soliciten de entidades bancarias y que, tras unos meses de carencia (6/10 meses), tendrán que devolver con intereses. Eso es así y hay que decirlo.

Nuestra vicepresidenta primera, Susana Camarero, le afeó públicamente al ministro Grande-Marlaska el pasado día 30 de diciembre –en visita a las comisarías de la Policía Nacional y cuarteles de la Guardia Civil de las zonas afectadas, que transcurridos dos meses del siniestro, tan sólo se hayan concedido por el Gobierno Central el 5,71% de las ayudas solicitadas y cursadas por personas individuales y empresas, y tan sólo 41 de las 223 familias con miembros fallecidos por la riada hayan recibido a día de hoy las ayudas por fallecimiento. El ministro, con su silencio atronador y mirada perdida, ¡asintió! Ninguna pancarta denunciaba en la manifestación esta grave irresponsabilidad.

Mientras esto ocurre, el presidente del Gobierno de España y su esposa descansaban unos días practicando el esquí -snowboard- en las pistas de Cerler (Benasque-Huesca).

Como valenciano, y quiero suponer que a la gran mayoría de los lectores, valencianos igualmente de nacimiento o crianza, me enfurece y me causa enojo, ira cólera y rabia constatar como el autócrata Sánchez se ríe de los valencianos, le importamos una higa, y las miles y miles de toneladas de barro, mezcladas con miles y miles de Hm3 de agua desbocada que han arruinado nuestras vidas, hogares, comercios, industrias, campos agrícolas, humedades como la Albufera…incluidos los 223 muertos, le traen sin cuidado, no le importamos en absoluto. Tanto es así, que no se dignó asistir ni siquiera al funeral ofrecido en memoria de los fallecidos en la Catedral de Valencia. El presidente Sánchez, por todos es conocido, piensa vive y actúa en clave electoral, sus cientos de asesores –cuenta con 444 asesores en la oficina de Presidencia, anexa a la Moncloa– tienen como misión prioritaria ganar el relato en la calle. Las numerosas mesas de debate, con tertulianos afines –muchos y bien remunerados– con sus activistas en redes sociales y medios de comunicación públicos fabrican argumentos y falsos titulares.

Su fin y última meta, en el caso concreto de la dana de Valencia, no es ayudar al desprotegido e indefenso ciudadano, abatido por las inundaciones, su falso relato montado ex profeso es desgastar y derrocar al PP –simbolizado en el Presidente Mazón– que gobierna la Generalitat Valenciana. ¡Es lo único que le importa!.

Lejos han quedado las palabras del rey Felipe VI en su discurso de Navidad, censurando la "política atronadora" y su llamada a la serenidad y el reencuentro por el bien común. Para Sánchez, cayó en el vacío.

Es imprescindible en estos precisos momentos, evocar las palabras del exmagistrado del Tribunal Constitucional D. Manuel Aragón: las competencias del Estado son irrenunciables y de obligado ejercicio. La Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil (art. 28 y 29); La Ley de Seguridad Nacional (Art. 15,21,23 y 24) y la Ley Orgánica 4/1998 que regula los Estados de Alarma, Excepción y Sitio (Art 4.a) referido a catástrofes, terremotos, inundaciones, incendios o accidentes de gran magnitud. Todas ellas obligaban al Estado y Gobierno de la Nación a implantar el sistema operativo 3, y en consecuencia declarar el Estado de Emergencia Nacional. Todo ello refrendado, a más y más, por Sentencias del Tribunal Constitucional 168/2004; 133/1990, 123/1984.

Ante la gran catástrofe valenciana, Sánchez, Marlaska y Robles se desentendieron dolosamente de su responsabilidad primigenia. La lapidaria frase del presidente del Gobierno: "si quieren algo de ayuda, que la pidan", tratando a la Comunidad Valenciana como un país tercero y actuando el presidente Sánchez poco menos que como un presidente de una ONG, ratifica su actitud inconstitucional, eludiendo su responsabilidad.

Presidente Mazón, con todo respeto, pero firme convicción, creo que ante una situación de Emergencia Nacional, y desde un primer momento, precisamente cuando el CECOPI –copresidido por la Delegada del Gobierno y la Consellera de Emergencias, y con presencia del Presidente de la C.H. Júcar– se da la voz de alarma, anunciando grandísimas inundaciones –por cierto, tardía y sesgadamente (ya que denuncia riesgos de rotura en el Pantano de Forata y se ignoran las avenidas  torrenciales nunca vistas, de los Barrancos del Poyo, Pozalet, Horteta, La Saleta, etc.) debiste haber salido en todos los medios de comunicación tanto autonómicos como nacionales para exigir con toda firmeza y prontitud de respuesta, la presencia del Ejército, la UME, el despliegue de la Protección Civil, de la Cruz Roja, etc. Su presencia, coordinada con los lógicos escasos medios de la Generalitat (somos simplemente una C.A.) debería haber estado desde un primer momento, y no hacer acto de presencia, como así ocurrió, al 4 y 5º, día con escasez de medios y notable falta de coordinación.

Ante la Justicia, consecuencia de las investigaciones en curso, y otras que la Generalidad debería emprender ya, se deberá dilucidar y responder política y penalmente, sobre varias actuaciones notoriamente negligentes, a saber:

Quien y por qué se dejaron de ejecutar las infraestructuras hidráulicas necesarias, prioritarias, por ejemplo, la Presa de Cheste anunciada en 2014 para evitar la inundación y avenidas catastróficas en 16 poblaciones, o la Restauración, limpieza periódica y tratamiento hidráulico adecuado de los Barrancos del Poyo y sus confluentes, Pozalet, L’Horteta, La Saleta, Els Cavalls, etc.

Quién fue el responsable y por qué fallaron, o simplemente no existieron, las Previsiones y avisos meteorológicos y puestos de alerta ante la población (AEMET SAIH, SAT inexistente y contratado precisamente por la C.H. Júcar el pasado 20 de noviembre y cuya implantación en toda la Cuenca Júcar/Turia quizás lleve unos 12 meses). Permítaseme respecto del SAT acudir al refranero:  "a burro muerto la cebada al rabo".

Igualmente se tendrá que justificar ante los tribunales el porqué el Gobierno de España, en una toma de actitud y elusión de su responsabilidad y deber de auxilio, no declaró el Estado de Alarme 3, que le era no potestativo, ni a petición de parte, sino de su exclusiva responsabilidad.

Finalmente, hemos de valorar en positivo, como el presidente Mazón, debido a unas declaraciones, actuaciones o inacciones en el seno del CECOPI, quizás debido a su inexperiencia en la materia, no dudó en cesar a la consellera de Justicia y Emergencias Salomé Pradas –por cierto copresidenta del  Centro de Coordinación de Emergencias, con la Delegada del Gobierno Pilar Bernabé, que por el contrario ha  sido premiada por Sánchez, entrando en la nueva ejecutiva del PSOE como Secretaria de Igualdad (01/12/2024)–.

Rápidamente, Mazón no solo nombró a un nuevo, exclusivo y experto en Seguridad Pública, Emergencias, Cruz al mérito policial y al mérito militar, doctor en medicina y ex subdelegado del Gobierno en anteriores etapas del PP, Juan Carlos Valderrama Zuirán, sino también reforzó el Consell ante tamaña contingencia que nos ha acaecido, con una Vicepresidencia 2ª presidida por el ex teniente general en la reserva Francisco Gan Pampols, que asumirá la Recuperación Económica y Social de la Comunitat.

Frente a esta reacción de la Generalidad y del presidente Mazón, plausible y merecedora de toda clase de éxitos en pro de la ciudadanía, su recuperación y vuelta, a medio plazo, a la normalidad, el Gobierno de Sánchez, por el contrario, premia con una de las Comisarías de la UE (Consejo de la Comisión Europea) –a las que España, como país miembro tenía derecho–  a la responsable directa, ausente por acción, omisión y nula presencia (no puede decir que se manchara sus zapatos de barro) y falsa ecologista, responsable de MITECO y C.H. Júcar , Teresa Ribera.

Ante esta situación de abandono por parte de MITECO y CH JÚCAR de no acometer obras hidráulicas estructurales: Planes Hidrológicos (PH) y Planes de Evaluación de Riesgos de Inundación  (PGRI), mandatadas y cofinanciadas por la UE (Directivas 2000/60/CE y 2007/60/GE) y que preveía para el ciclo sexenal (2022-2027) invertir unos 41.250 M€, de las cuales a la C.H. Júcar le correspondería en torno a los 4.000 M€,  pues bien, según Eurostat y Fedea al finalizar el 2022 tan sólo habíamos alcanzado una ejecución presupuestaria del 22%.

Entendíamos que tras la dana de Valencia y los evidentes riegos climáticos, la nueva ministra Sara Aagesen tomaría nota y plantearía el acometer en el 2025 Obras Hidráulicas Estructurales… Pues no. Sostenella y no enmendalla. Tras las juntas de Gobierno de la CH. Júcar (20/12/2024) y según manifestó el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio de la Generalitat Valenciana, Raúl Mérida, y la directora general de Agua, Sabina Goretti, en los presupuestos del 2025 la C.H. Júcar destinara "cero euros" a las obras estructurales (presas de laminación) que impidan las inundaciones similares a las habidas el 29 de octubre, aunque tras reunirse con los alcaldes de la cuenca de los Barrancos del Pozo y Pozalet-La Saleta, el presidente de la C.H. Júcar les comunicó que en 2025 se licitarían algunas actuaciones previstas en el estudio informativo del 2009, aunque no recoge absolutamente ninguna de las actuaciones y obras que la GV remitió y solicitó al Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, por importe total de 500 M€, de los cuales unos 60 M€ habría que ejecutar ya en 2025. Por el contrario, MITECO, a través de la Fundación para la Biodiversidad, anuncia 40 M€ para "actuaciones que persiguen la conexión de los ríos con sus llanuras de inundación, la restauración geomorfológica y el diseño de parques inundables capaces de retener el agua de lluvia". Toda esta teoría ecologista de protección y conservación de la naturaleza, la biodiversidad y las infraestructuras verdes incluyendo áreas urbanas, está bien, más qué hacemos para que las localidades afectadas por el desbordamiento del Bco. del Poyo, La Saleta (Aldaya y Xirivella) y el barranco de L’Horteta (Torrent, Paiporta, Picanya y Massanassa), sus habitantes, no permanezcan en peligro de ahogamiento. Esperemos y deseamos que se imponga la cordura/ingeniería hidráulica al fanatismo ecologista y que finalmente no lo tenga que decidir un Juez.

Desde la Sociedad Civil, las asociaciones empresariales, organizaciones sindicales, los colegios profesionales, la Universidad... y, como no, desde el Partido Popular que hoy dirige y gobierna los destinos de la Comunitat –porque así lo quisieron los valencianos en las urnas–; desde la Diputación de Valencia, institución ejemplar con su despliegue en las labores de emergencia y ayuda/atención a todas y cada una de las 103 poblaciones afectadas, indistintamente de su asignación política; y, como no, desde el Ayuntamiento de Valencia, del Cap i Casal, toda la Comunitat con su Gobierno autonómico al frente, "de cara, por derecho y sin complejos", debemos afrontar el 2025, con determinación y un trabajo constante, transparente y serio, exigiendo al Gobierno central que cumpla con rigor, en cuanto a las ayudas prometidas, inversiones y actuaciones hidráulicas estructurales y necesarias y restauraciones viarias y ferroviarias dañadas por la dana en la Comunidad Valenciana.